El jurado declara ahora culpables a los acusados del asesinato de Lucía Garrido al repetirse el juicio
Manuel Alonso, expareja de la mujer, y Ángel Vaello, fueron absueltos en un juicio anulado en 2019. El caso reveló una trama de narcos y guardias civiles corruptos en la Costa del Sol
Pasados 15 años del asesinato de Lucía Garrido, de 48 años, el 30 de abril de 2008, este martes el jurado popular ha emitido su veredicto sobre ese crimen, que destapó una red de narcotraficantes y guardias civiles corruptos. El jurado ha declarado culpables a los dos únicos acusados que se sentaban en el banquillo: Manuel Alonso, de 64 años; y expareja de la víctima, y Ángel Vaello, de 40, un conocido delincuente afincado en Fuengirola. La Fiscalía y la acusación piden entre 15 y 25 años para los acusados. .
En un anterior juicio celebrado en 2019 y que fue anulado por irregularidades en los votos del jurado, los dos acusados fueron absueltos. El jurado popular puso en duda entonces las pruebas de ADN, consideró que ambos investigados se habían conocido años después del asesinato y no dio fiabilidad al testimonio del testigo protegido, que en aquel juicio no fue localizado y de su declaración solo se pudo escuchar una mala grabación. Asimismo, fueron absueltos en aquella ocasión los dos guardias civiles investigados como presuntos instigadores del crimen, Amador Pérez Luque y José Antonio Baena (ambos fueron expulsados del cuerpo), que en este juicio han participado solo como testigos de las defensas. El juez ha decretado la libertad provisional para los dos considerados culpables ahora hasta la lectura de la sentencia.
En este segundo juicio, con gran expectación mediática, ha ocurrido lo contrario que en el anterior anulado: Por un lado, los peritos del departamento de Criminalística de la Guardia Civil se desdijeron de su primera declaración: ambos reconocieron en esta ocasión que la muestra de ADN hallada en una llave suelta en la escena del crimen —la de la puerta de la finca de Alhaurín de la Torre donde fue asesinada Lucía— sí se conservó. Y han aclarado que un segundo y más completo análisis de esos restos biológicos permitió identificar al presunto asesino, Ángel Vaello. Ambos agentes se enfrentan por ello el 13 de noviembre a otro juicio por un delito de falso testimonio.
Por otro lado, la declaración telemática del testigo protegido, al que la autoridad judicial le concedió una nueva identidad en un lugar desconocido del mundo, se escuchó alto y claro y sirvió fundamentalmente para vincular a los dos acusados.
Defensas y acusaciones
Ha sido un juicio largo, que arrancó el pasado 23 de octubre, con amplias sesiones y con numerosos testimonios. Declaraciones de miembros del entorno de Lucía Garrido han subrayado las presiones a las que la víctima era sometida por parte de Manuel Alonso desde que ambos se separaron en 2006.
La jueza le otorgó a ella la casa familiar de la finca Los Naranjos, epicentro de la investigación y lugar del crimen, y a él los terrenos colindantes con la vivienda para mantener el negocio de animales exóticos que regentaba Presuntamente, Alonso guardaba y vendía animales incautados por el Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), pero la investigación del crimen de Lucía destapó que, tras ese negocio, había guardias corruptos y otro negocio ilícito paralelo por el cual se usaba ese zoológico (con leones, tigres, pumas y cerdos vietnamitas) como guardería de droga. A la luz de los datos aportados en la investigación policial, Lucía lo descubrió y podía delatarle en cualquier momento. Sabía demasiado.
“Él le dijo que tenía que irse de la casa por las buenas o por las malas, o si no saldría en una bolsa de basura”, declaró su propia hija en el juicio. Una amiga íntima de Lucía Garrido relató las veces que la acompañó a poner denuncias por malos tratos y que tenía claro que Alonso quería echarla porque “sabía demasiado” sobre las verdaderas actividades que desarrollaba en la finca. “Vi fardos”, sostuvo la mujer. Y así lo ratificó también el testigo protegido, que sostenía que les habían dicho que en el recinto funcionaba como escondite de droga y que bajo las jaulas de los animales había un zulo con varios millones de euros en metálico.
La clave del juicio ha estado en la llave, la que supuestamente entregó Manuel Alonso a Ángel Vaello para que este accediera a la finca y acabase con la vida de Garrido. Aunque en ella no se encontraron restos de ADN en las primeras pruebas a las que fue sometida en laboratorio en 2009, ocho años más tarde y con nuevas y mejoradas técnicas de análisis sí se hallaron y sirvieron para sacar el perfil genético de Vaello (había incluso material genético de una segunda persona, pero, con la muestra lograda, no pudo ser identificada).
La Fiscalía y los abogados de la familia han sostenido a partir de esa prueba sus acusaciones sobre Alonso como “cooperador necesario” y Vaello como autor material. Las defensas, sin embargo, han puesto en duda cada detalle alrededor de esa llave: desde si fue puesta adrede por la Guardia Civil hasta si los resultados de ADN no son válidos porque no existían muestras suficientes para hacer las pruebas, construyendo una teoría de la conspiración supuestamente urdida desde el servicio de Asuntos Internos.
El su veredicto final, el jurado ha dicho que Alonso “se creía impune por la cantidad de contactos que tenía en la Guardia Civil” así como que se buscó un viaje como “coartada” y “consintió” el crimen.
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