La amnistía solo abarcará al ‘procés’, pero el PSOE y Junts abren la puerta a ampliarla a casos de ‘lawfare’ o “judicialización política” denunciados por el independentismo

El acuerdo suscrito este jueves entre el PSOE y Junts contempla una ley de amnistía con la que, según recoge el texto, se pretende “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”. Esta ley “debe incluir” tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, “han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Del texto se deduce que la medida no alcanzará inicialmente a los casos que el independentismo define como lawfare, pero el acuerdo abre la puerta a que puedan acabar bajo el paraguas de una amnistía. “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, señala el documento.

El texto firmado por los socialistas admite así la posibilidad de investigar en el Congreso si algunos tribunales han podido practicar una suerte de guerra judicial contra miembros destacados del independentismo. Es la primera vez que el PSOE se refiere de forma explícita a este concepto que los secesionistas llevan años utilizando para denunciar la persecución judicial por motivos políticos que, aseguran, han sufrido muchos de sus miembros. La inclusión de esta referencia en el acuerdo entre los dos partidos ha provocado este jueves que las cuatro asociaciones judiciales emitan un comunicado conjunto de rechazo a esta medida, criticada también en una nota publica por la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

El término lawfare, una fusión de law (ley en inglés) y warfare (guerra), es una expresión que desde finales del siglo XX se ha venido utilizando para referirse al uso abusivo de la justicia para perjudicar o desactivar a un oponente. El diccionario de lengua inglesa de Oxford lo define como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”. La Fundación del Español Urgente, Fundéu, explica que el término se emplea en el ámbito de la política para designar “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”. De las tres opciones que da la Fundéu para castellanizar este anglicismo, el acuerdo entre PSOE y Junts adopta la tercera, “judicialización de la política”, con mucha menor carga peyorativa que las otras dos (”persecución judicial” e “instrumentalización de la Justicia”).

Fuentes conocedoras del pacto insisten en que la proposición de ley de amnistía que se registrará en los próximos días solo va a abarcar los hechos ocurridos entre 2013 y la actualidad relacionados con la consulta del 9-N impulsada por el Govern de Artur Mas y la del 1-O del Ejecutivo de Puigdemont. Esto supone que el Estado renuncia a perseguir al expresidente y a los otros miembros de su Govern huidos con él a Bruselas; que se extinguirá la condena de inhabilitación que siguen teniendo que cumplir Oriol Junqueras y otros condenados por el Supremo y se borrarán sus antecedentes penales; o que nunca se juzgará a los antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los preparativos del referéndum ilegal y la promoción internacional del procés con fondos públicos que se investigan en juzgados de Barcelona.

También queda dentro de la amnistía la causa del Tsunami Democràtic que investiga el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional y que afecta a Puigdemont y Marta Rovira, así como el procedimiento contra los CDR, sobre el que ya se había abierto juicio oral, también en la Audiencia Nacional. El acuerdo alcanza además a las causas contables abiertas por el dinero público desviado de forma irregular para las dos consultas independentista.

A falta de conocer la proposición de ley, el acuerdo implica dejar fuera de la medida de gracia los supuestos casos de persecución judicial que denuncia el independentismo, pero no se descartan “acciones de responsabilidad” o “modificaciones legislativas” para amparar más adelante a algunos de los encausados en estos procedimientos. El pacto vincula esta posible ampliación a las conclusiones a las que lleguen las comisiones de investigación sobre el supuesto espionaje del caso Pegasus y los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils acordadas por el PSOE y los independentistas en la negociación que sirvió para situar a la socialista Francina Armengol en la presidencia del Congreso.

Según este acuerdo, la medida no ampara, de inicio, a algunos encausados en procesos judiciales que difícilmente pueden enmarcarse en el procés, como el responsable de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, implicado en el llamado caso Volhov, o el exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de prisión por contratar a un mosso d’esquadra para que hiciera de escolta a Puigdemont cuando estaba en Bélgica. La ley tampoco amnistiará al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusado de blanquear capitales para el narco Sito Miñanco, un proceso desvinculado del desafío independentista salvo que se concluya que los jueces le han acusado sin pruebas por defender al expresidente catalán.