El Congreso abre una semana crucial a la espera de que el PSOE y sus socios registren hoy la ley de amnistía

El equipo negociador del Gobierno, dirigido por Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, ha ultimado este fin de semana con sus socios la ley de amnistía que dará paso a la investidura de Pedro Sánchez. El calendario con el que trabaja el Ejecutivo, si no hay ningún sobresalto, es el de registrar la ley en el Congreso este lunes, previsiblemente por la mañana. Es lo que estaba previsto hacer el jueves 3, pero finalmente se ha retrasado 10 días por las dificultades para cerrar la negociación con Junts. Ahora el pacto con el partido de Carles Puigdemont está cerrado, aunque este fin de semana los negociadores aún trabajaban en algunos detalles técnicos de la ley para poder tenerla cerrada el domingo, enviarla a los socios que tienen que firmarla y registrarla este lunes.

La idea con la que trabajan en el Gobierno es que la norma, en forma de proposición de ley, lleve la firma de casi todos los grupos que van a apoyar la investidura, con la excepción de Coalición Canaria, que no respalda la medida de gracia, pero sí votará a favor de Sánchez. La proposición llevará, por tanto, la firma del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG. Una vez que esté registrada, una condición negociada en el acuerdo tanto con Junts como con ERC, se podrá poner en marcha todo el mecanismo de la investidura. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, después de hablar con el candidato Sánchez, ha anunciado formalmente este lunes que la investidura será el miércoles y el jueves. La previsión de los socialistas es que Sánchez se convierta en presidente el jueves 16, 11 días antes de que expire el plazo máximo para la convocatoria automática de nuevas elecciones.

El martes ya está convocada una Mesa y una Junta de Portavoces. Esta segunda podría ordenar el debate del pleno que empezará el miércoles, aunque en realidad todo está muy tasado por el reglamento. La Mesa de ese martes podría calificar la ley de amnistía (trámite para constatar la legalidad de las propuestas), pero habría que forzar mucho para eso porque normalmente las calificaciones no son tan rápidas, requieren algo de tiempo. Se podría forzar y llevar la iniciativa in voce, pero es posible que para evitar mayores tensiones se deje para la próxima semana. En cualquier caso, no es previsible que la medida sea tumbada en la Mesa por un informe de los letrados, como pasó en 2021 con la ley de amnistía que presentaron los independentistas.

Los socialistas insisten en que aquella ley era completamente diferente a esta, y era muy claramente inconstitucional porque desde la primera línea de su exposición de motivos ponía en cuestión la actuación de la justicia, algo que, aseguran, no sucede en esta nueva norma que ha sido revisada por el equipo de Bolaños y todos los juristas del entorno del Gobierno para garantizar su constitucionalidad. Es previsible que el PP intente que la ley ni siquiera sea calificada en la Mesa, apelando al informe de los letrados de 2021. Pero en el PSOE no hay inquietud sobre este asunto porque tienen mayoría en la Mesa y porque están convencidos de que pasará este filtro técnico sin problemas. De hecho, fuentes socialistas aseguran que en esta legislatura se están calificando todas las medidas que entran, también algunas de Vox que rozan la inconstitucionalidad.

El Gobierno confía en que cuando se conozca la ley, y sobre todo cuando haya investidura, logrará darle la vuelta poco a poco a un ambiente social muy crítico con la amnistía y con el pacto con Junts, que ha generado rechazo no solo entre sectores conservadores sino en algunos progresistas que acusan al PSOE de asumir el relato independentista sobre el procés. La exposición de motivos, insisten los socialistas, y el propio articulado de ley, cuando se conozcan, dejarán muy claro que el partido socialista ha defendido todas sus líneas rojas y sobre todo ha garantizado que la ley sea constitucional.

Sin embargo, la presión crece y el PP ha exhibido músculo con manifestaciones muy importantes por toda España el domingo. Mientras se siguen desarrollando concentraciones a diario frente a las sedes del PSOE, y en algunos casos se registran incidentes, pintadas, acosos o agresiones, los barones socialistas que apoyan la amnistía, que son la gran mayoría con la excepción del castellanomanchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, publicaron el domingo vídeos para contestar a las protestas del PP.

Todos ellos reprochan el tono de los respectivos líderes populares locales contra la amnistía, por ejemplo el madrileño Juan Lobato reprochó a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que utilice la palabra “dictadura” y que diga “devolveremos golpe con golpe”, porque cree que esas declaraciones alientan las protestas en algún caso violentas sobre las sedes del PSOE. El valenciano Ximo Puig afirmó: “Lo fundamental en democracia es respetar las reglas del juego. Sánchez tiene una mayoría democrática, el PP debe respetarlo. No es posible que cuando se pierde haya una respuesta de odio. Se está poniendo en dianas a militantes del PSOE de la Comunidad Valenciana. A nosotros nos parece terrible que gobierne Vox en la Comunidad Valenciana, pero no montamos algaradas, respetamos el resultado”. El andaluz Juan Espadas remató: “Desde el respeto a la libertad de manifestación y expresión, es una grave irresponsabilidad utilizar argumentos falsos y calumnias para cuestionar la legitimidad democrática de la mayoría parlamentaria que elegirá al próximo Gobierno de España. Se llama democracia y Estado de derecho, justo lo que dicen defender y se están cargando”.