Feijóo sugiere ante la prensa extranjera que Europa podría sancionar a España por la ley de amnistía

El PP se ha lanzado a dar la batalla en el exterior contra la ley de amnistía como recurso para tratar de frenar la norma, que contará con una mayoría absoluta de apoyos en el Congreso. Después de que este lunes los populares se movilizaran en Bruselas para convocar un pleno en el Parlamento Europeo que discuta sobre la amnistía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido esta mañana con una treintena de corresponsales de diarios extranjeros en España en la sede del partido en la calle de Génova, en Madrid. En el encuentro, Feijóo les ha trasladado que, en su opinión, la norma “arrasa con la seguridad jurídica de un Estado miembro de la Unión Europea” y eso podría tener consecuencias en las instituciones comunitarias con un procedimiento por vulneración del Estado de derecho. Tratando de elevar la cuestión a un asunto europeo, Feijóo ha subrayado ante los informadores extranjeros que el “deterioro de la democracia en España implica el deterioro en la democracia europea”, puesto que el texto de la ley supone que políticos amnistían a otros políticos, según han informado fuentes del PP.

El líder de los populares, que pretende “internacionalizar” el rechazo de la derecha a la ley de amnistía, según aseguran en Génova, ha transmitido también a los periodistas extranjeros que cree que España podría ser sancionada por la Unión Europea por la aprobación de esta medida de gracia para los independentistas catalanes. “Los países que intentaron algo similar en Europa contaron con el rechazo expreso de los órganos comunitarios”, les ha dicho. Feijóo ha defendido ante la prensa internacional que España podría sumarse a Rumania, Polonia y Hungría como país señalado por el ataque a su Estado de derecho, ha informado el PP.

El político gallego ha estado acompañado en la reunión por el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, quien ha afirmado ante los periodistas, según fuentes presentes, que la ley de amnistía es “propia del franquismo”. Feijóo ha insistido, por su parte, en que es una norma “moralmente indecente” y supone un “fraude electoral masivo”, dos mensajes que ha defendido también en sus intervenciones públicas en las últimas semanas.

El PP ha entregado a los corresponsales un dosier con los posicionamientos públicos en contra de este acuerdo de casi un centenar de asociaciones y colectivos. Un documento de 126 páginas “que recoge el rechazo social e institucional a una ley diseñada para beneficiar a una sola persona: Pedro Sánchez”, dice el PP.

Mientras moviliza a los suyos en la capital comunitaria, el PP alienta la posibilidad de que Europa actúe para frenar la amnistía. Aspira a que Bruselas dé algún tipo de toque de atención a España por la medida de gracia. Hablan incluso de aplicar el artículo 7 por violación de los valores fundamentales de la Unión, como se ha hecho (y costó) con Hungría y Polonia. El PP quiere que se compare a España con estos dos países del Este a los que se ha aplicado el artículo 7, pero no por incumplirlo (que llevaría aparejado la pérdida de derecho a voto en el Consejo), sino porque “están en riesgo” de violar los valores fundamentales. Y no se ha hecho por un caso concreto —como una ley de amnistía— sino por la deriva autoritaria de Budapest y Varsovia y por los fallos sistémicos.

Para Polonia y Hungría, el artículo 7 —que puede iniciar no solo la Comisión, sino también el Consejo o el Parlamento Europeo, que es quien lo abrió en el caso de Budapest— no ha tenido ninguna consecuencia, no obstante. Hungría, en cambio, tiene fondos congelados porque se le ha aplicado el llamado reglamento de condicionalidad: la Comisión ha considerado que los fondos europeos han estado en riesgo. A Polonia, en cambio, se le han impuesto multas tanto por incumplimiento de las medidas cautelares europeas como por la reforma de la Justicia. En el caso de España, si la Comisión detectara que la ley de amnistía vulnera algún principio fundamental (como la separación de poderes o la igualdad de todos los ciudadanos), podría abrir un expediente disciplinario que, en el peor de los casos, puede acabar en el Tribunal de Justicia Europeo y en último extremo, si España se negara a cumplir las órdenes de la justicia europea, podría desembocar en sanciones millonarias.