La Audiencia Nacional exige “respeto a la división de poderes” tras el pacto de PSOE y Junts

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha dado luz verde este miércoles a un acuerdo donde exige “respeto a la división de poderes”, en línea con los pronunciamientos similares que han emitido el Tribunal Supremo y las asociaciones judiciales tras el pacto del PSOE y Junts, que incluía el término lawfare [guerra jurídica]. “El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”, apunta el texto, a cuya aprobación se ha opuesto uno de los magistrados que compone la Sala, que ha considerado inoportuno realizar esta declaración el día en que se ha reunido el Congreso de los Diputados para el debate de investidura del socialista Pedro Sánchez.

El acuerdo de la Audiencia Nacional, colocada bajo la lupa tras la citación la pasada semana como imputado del expresident Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, afirma que el “ejercicio de la función jurisdiccional” en España “se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”. En el texto se “enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones” y considera “incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.

Seis magistrados de la Sala de Gobierno (José Ramón Navarro, presidente también de la Audiencia Nacional, Eduardo Menéndez, Manuel Fernández-Lomana, Ana Isabel Martín, Ana María Sangüesa y María Jesús Fraile) han respaldado el texto. Solo uno de los presentes se ha opuesto: José Pablo Aramendi, presidente de la Sala de lo Social, que ha defendido que el órgano no debía realizar “pronunciamiento alguno por la inexistencia de hechos o actuaciones concretas que hayan violentado efectivamente la independencia de jueces y tribunales, y más en concreto la de los integrantes de la Audiencia Nacional”.

Respuesta judicial

La Sala de Gobierno se suma así a la avalancha de comunicados que sucedió al pacto del PSOE y Junts, que incluía el siguiente párrafo: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluido las progresistas, manifestaron su rechazo a este compromiso de los dos partidos. “Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, afirmaba el comunicado difundido por los colectivos judiciales.

Por su parte, el juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las manifestaciones públicas del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que la pasada semana acusó al magistrado de querer “influir” en la negociación entre el PSOE y Junts al citar como imputados en el caso Tsunami Democràtic al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Según confirman fuentes jurídicas, en un escrito remitido al CGPJ, García-Castellón denuncia una “perturbación” en su “independencia”, en la medida en que las críticas provienen de un “órgano” al que corresponden, “entre otras funciones, las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia [...] o la participación en las relaciones del Ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial”.

En una entrevista, Tontxu Rodríguez dijo sobre la decisión de García-Castellón: “Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...”. A ello, responde el juez en su petición de amparo: “[Sus] manifestaciones podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de ‘influir’, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión”.