El Poder Judicial tramitará la solicitud de amparo de García-Castellón por las críticas a sus decisiones en el ‘caso Tsunami Democràtic’

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha admitido a trámite la solicitud de amparo solicitada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por las manifestaciones realizadas contra él por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y por la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja tras su decisión de imputar al expresident Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira en...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha admitido a trámite la solicitud de amparo solicitada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por las manifestaciones realizadas contra él por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y por la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja tras su decisión de imputar al expresident Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira en el caso Tsunami Democràtic, en el que se investigan supuestos delitos de terrorismo. García-Castellón denunció ante el órgano de gobierno de los jueces que de las declaraciones de ambos políticos cabe inferir que trataban de influir en el procedimiento judicial, así como “inquietarle” o “perturbarle” en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La comisión permanente del CGPJ da 10 días de plazo a Rodríguez y Plaja para que presenten alegaciones.

La decisión del órgano de gobierno de los jueces se ha tomado por mayoría, con los votos a favor del presidente suplente, el vocal Vicente Guilarte, y de los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, y la progresista Roser Bach. Las vocales Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda, ambas del sector progresista, han votado en contra. El asunto vuelve a tensar la relación entre el CGPJ, cuyo mandato caducó hace casi cinco años, y responsables políticos vinculados al Gobierno o a sus socios parlamentarios.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 solicitó el amparo este lunes al CGPJ, después de que el miércoles de la semana pasada el secretario de Estado de Justicia, en una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, le acusara de querer “influir” en la negociación entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez al señalar en la investigación a Puigdemont e imputar a Rovira en la causa por terrorismo sobre Tsunami Democràtic. “Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...”, afirmó Tontxu Rodríguez. Las afirmaciones de Plaja fueron durante una rueda de prensa, en la que la portavoz de la Generalitat apuntó que a los que les toca impartir justicia, “algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando”.

La posibilidad de los jueces de solicitar amparo ante el CGPJ cuando se encuentren “inquietados o perturbados en su independencia” está recogida en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero es una vía con escasos efectos prácticos, más allá de que pueda derivar en una llamada de atención a los responsables de la conducta denunciada. El procedimiento está desarrollado en el Reglamento de la Carrera Judicial, de 2011, que establece que se considerarán, entre otras, actuaciones inquietantes o perturbadoras “las declaraciones o manifestaciones hechas en público y recogidas en medios de comunicación que objetivamente supongan un ataque a la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de resolución del juez o magistrado”.

Una vez admitida a trámite la solicitud y estudiadas las alegaciones que se reciban, la comisión permanente tomará una decisión. La resolución otorgando el amparo puede acordar, según el reglamento, “requerir a la persona, entidad o asociación el cese de la actuación que motivó la solicitud de amparo”, y “adoptar o promover la adopción de las medidas que resulten necesarias para restaurar la independencia judicial dañada”. La resolución adoptada por el pleno se puede notificar a la Fiscalía.

En el escrito ante el CGPJ, García-Castellón sostiene que las declaraciones de Rodríguez suponen una “perturbación” en su “independencia”, en la medida en que las críticas provienen de un “órgano”, la secretaría de Estado de Justicia, al que corresponden, “entre otras funciones, las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia [...] o la participación en las relaciones del Ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial”. Respecto a las de Plaja, el magistrado considera que podrían implicar un delito de calumnia con publicidad, “susceptible de perseguirse de oficio al imputar abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial”, por lo que, afirma, también se ha dirigido a la Fiscalía.

En el acuerdo de este jueves, la comisión permanente recuerda la doctrina reiterada del CGPJ que limita la concesión del amparo cuando se aprecien circunstancias que, analizadas desde “un punto de vista objetivo”, alcancen “virtualidad suficiente” como para lograr la perturbación de la independencia judicial. Según este órgano, del relato de García-Castellón puede considerarse, de inicio, que existe “fundamento suficiente para admitir a trámite la petición”, por lo que da curso a la petición del magistrado y requiere al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat para que presenten alegaciones en un plazo máximo de 10 días. El asunto se someterá entonces de nuevo a la comisión permanente para la adopción de una resolución definitiva.

La vocal Mar Cabrejas ha justificado su voto contrario a la admisión de la solicitud de García-Castellón en que, según ella, las manifestaciones de Rodríguez y Plaja no tienen la entidad suficiente para lesionar el valor de la independencia judicial ni para influir en el proceso de toma de decisiones del magistrado. No obstante, ha propuesto que la permanente adoptara una declaración en la que se pusiera de manifiesto que las declaraciones denunciadas por García-Castellón “resultan inadmisibles y han de calificarse en los términos justos que se merecen: un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que cuando proceden de responsables públicos y políticos adquieren perfiles de especial gravedad”.