Isabel Rodríguez cambia el territorio por la vivienda

Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 42 años) ha sido la cuarta ministra de Política Territorial en el mandato de Pedro Sánchez y será la primera ministra de una cartera de nueva creación, pero estratégica para el presidente del Gobierno: Vivienda y Agenda Urbana. Un área con las competencias transferidas a las comunidades y en la que las 11 autonomías que preside el PP no se lo pondrán nada fácil para el desarrollo de la ley de vivienda, lo que, al mismo tiempo, es una prueba de la confianza del presidente y secretario general del PSOE, por más que haya optado por Pilar Alegría para sustituirla como portavoz del Ejecutivo. Una función que la política castellanomanchega ha realizado sin estridencias desde que se incorporó al Consejo de Ministros en la gran remodelación del verano de 2021.

Desde entonces, han transcurrido dos años en los que Rodríguez ha cumplido con su misión en La Moncloa y no le ha originado ningún incendio al Gobierno en las comparecencias posteriores al Consejo de Ministros, como sí le pasó a Isabel Celaá en la primera etapa del Ejecutivo socialista. Antes que arriesgar, Rodríguez ha optado por un perfil más discreto, con el que ha evitado abrirle nuevos frentes al Ejecutivo, que se ha acentuado durante los meses en funciones del Gobierno, en los que apenas podía anunciar grandes medidas y tenía que ser muy cuidadosa con todo lo relativo a las negociaciones con los partidos independentistas. Tanto, que en muchas ocasiones no podía decir nada, con el consiguiente desgaste. “Es preferible callar a mentir. Yo no he mentido nunca”, decía, en toda una declaración de intenciones, en una entrevista en la última página de EL PAÍS hace dos veranos.

El fichaje de Rodríguez en 2021 cuando era alcaldesa de Puertollano y su designación como portavoz representó en sí misma el mensaje de renovación que Sánchez le quiso dar al Gobierno tras la durísima derrota en el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid del 4-M. Curtida en las Cortes y en la política local y autonómica, su continuidad como ministra corrobora que es una apuesta de largo recorrido. Y también es un guiño territorial a los socialistas de Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page se ha erigido como el principal cargo público del PSOE crítico con la ley de amnistía a los encausados del procés, como antes lo fue con los indultos y la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y reformar el de malversación.

Licenciada en Derecho, Rodríguez ya se curtió como portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha entre 2008 y 2011 durante la presidencia de José María Barreda. También ha sido directora general de Juventud en su comunidad. Acostumbrada a ser una pionera rompiendo techos de cristal (fue senadora con 22 años en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que recuperó en 2004 el Ministerio de Vivienda, por el que pasaron María Antonia Trujillo, Carme Chacón y Beatriz Corredor hasta su supresión en 2010), entre sus nuevos retos están el aumento del bono para el alquiler joven, la creación de una línea de avales que cubra hasta el 20% de la hipoteca y, sobre todo, la habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que Sánchez prometió en primavera y a la que se comprometió de nuevo en el debate de investidura. La promesa se enmarca en el objetivo de elevar el parque público de vivienda hasta el 20% del total.

La labor que Rodríguez afronta en Vivienda hará que siga teniendo una relación constante con las comunidades autónomas, pero sin la posición de poder que tenía en Política Territorial, el ministerio en que se cerraban desde la transferencia de competencias a los territorios hasta la descentralización de las instituciones del Estado para lograr un reparto territorial más equilibrado de las entidades públicas y como parte de la lucha contra la despoblación. Su apuesta para celebrar las conferencias de presidentes autonómicos al menos dos veces al año se limitó a la cumbre de la isla de La Palma en marzo de 2022, en un final de legislatura condicionado por las sucesivas citas electorales.

Rodríguez, que asume las políticas de vivienda que estos dos últimos años correspondieron a Raquel Sánchez, que deja de ser ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tendrá que lidiar ahora con los barones del PP, que ya han anunciado que serán su rechazo a las políticas de vivienda del Gobierno, como el caso del tope al alquiler impuesto en la Ley de Vivienda, que ha de ser aterrizado por los gobiernos autonómicos declarando zonas tensionadas. Algo que comunidades como Madrid, una de las más afectadas por el alza de los precios y por la falta de vivienda pública, rechazan de plano.