La segunda vida política de Pablo Bustinduy

En los inicios de Podemos, el secretario general del partido, Pablo Iglesias, hablaba ya de Pablo Bustinduy (Madrid, 40 años) como “futuro ministro”. El investigador y profesor universitario, que inmediatamente se implicó en aquel proyecto político nacido al calor de las movilizaciones del 15-M, ha sido nombrado este lunes, casi una década después, nuevo titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España. Bustinduy, que relevará en el cargo a Ione Belarra, fue elegido diputado en diciembre de 2015 y cabeza de lista a las europeas de 2019, pero renunció y abandonó el partido meses antes, coincidiendo con otra etapa convulsa dentro de la organización por la salida de Íñigo Errejón. El pasado junio, Yolanda Díaz lo devolvió a primera línea al ficharlo como asesor en política internacional durante la campaña de las generales y aunque participó en la elaboración del programa electoral, su exposición pública fue muy limitada.

Hijo de la ministra Ángeles Amador, que ocupó la cartera de Sanidad entre 1993 y 1996, con Felipe González de presidente, Pablo Bustinduy comenzó su carrera universitaria en la Complutense de Madrid, donde se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración. Más tarde amplió sus estudios por medio de diversas becas y programas de investigación en Francia, donde obtuvo un máster en Historia y Pensamiento Político en el Instituto de Estudios Políticos de París, y en EE UU. Es doctor en Filosofía por la universidad New School for Social Research de Nueva York y ha ejercido como investigador y profesor de Filosofía, Relaciones Internacionales y Políticas Sociales en varias universidades estadounidenses y europeas (incluyendo el City College de Nueva York, New York University y la Universidad de Milán).

En su trayectoria política, Bustinduy formó parte del equipo de Iglesias en el Parlamento Europeo, donde ejerció de coordinador de Podemos después de que la formación diese la campanada al lograr cinco escaños en las elecciones de mayo de 2014, convirtiéndose, con poco tiempo y menos recursos, en la cuarta fuerza más votada del país. En las generales de diciembre de 2015 consiguió un escaño en el Congreso y se ocupó de la política exterior en la Secretaría Internacional, un trabajo con el que mantuvo la confianza de la dirección. Fue portavoz de Comisión de Exteriores y cada una de sus intervenciones parlamentarias fue siempre aplaudida por sus compañeros.

El futuro ministro de Derechos Sociales salió de Podemos en 2019, después de haber sido designado meses antes cabeza de lista para las elecciones al Parlamento Europeo (una posición que ocupó finalmente María Eugenia Rodríguez Palop), y en medio de la crisis tras la marcha de Íñigo Errejón. Aunque siempre fue próximo al antiguo número dos de la formación y concurrió con él en la candidatura que lo enfrentó a Iglesias en la segunda asamblea ciudadana de Podemos (Vistalegre II), nunca le siguió a Más Madrid, su renuncia no fue traumática y goza de cierto reconocimiento aún hoy dentro de la organización.

El perfil político de Bustinduy ha estado marcado por una “clara vocación internacionalista y por la férrea defensa de una Europa social”, subrayan desde Sumar. Su trabajo más reciente ha versado sobre la reformulación del concepto de bienestar y la defensa de un nuevo contrato social para afianzar la democracia en tiempos de crisis de la globalización, una labor que tiene que ver con las competencias del ministerio que dirigirá ahora.

Al frente de Derechos Sociales tendrá que abordar dos leyes que decayeron la legislatura anterior debido al adelanto electoral, y cuya aprobación está comprometida con Bruselas como hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de la Ley de Familias, que ampara jurídicamente la diversidad familiar, y la de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, la primera normativa a nivel estatal en este ámbito de la democracia. La segunda norma declarará estos servicios como esenciales y mandatará a las comunidades autónomas a acordar con el ministerio un mínimo de prestaciones común para todo el territorio y a crear un sistema de información estatal, que ahora mismo no existe.

Uno de los grandes pilares en la gestión del departamento es el sistema de atención a la dependencia. El Gobierno implementó en la anterior legislatura un plan de choque, que, por un lado, revirtió los recortes en dependencia del PP a partir de 2012 (ha supuesto la mayor inyección en el sistema desde que se aprobó la ley), y, por otro lado, ha reforzado la intensidad con la que se prestan los servicios. El ministerio promovió, además, un cambio de modelo en la atención sobre los requisitos mínimos que se exigirán a los servicios, por ejemplo, con la prohibición de la construcción de nuevas residencias con más de 120 plazas y la aplicación de una atención más personalizada y centrada en lo que los usuarios quieren para su día a día, no solo en estos hogares, sino también en centros de día y en los domicilios. La aplicación de este acuerdo es uno de los retos del próximo ministerio. De hecho, el acuerdo de coalición recoge que se adaptará la ley de dependencia para impulsar este cambio de modelo y para mejorar los servicios, “priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial” y aprobando también una estrategia estatal de desinstitucionalización.

Dado que la aprobación de la Ley de Familias decayó, el Gobierno aprobó el junio pasado por real decreto-ley algunas de las medidas incluidas en aquel proyecto de ley, como la creación de nuevos permisos laborales retribuidos para cuidado de familiares y convivientes. En el acuerdo de coalición alcanzado entre el PSOE y Sumar, no obstante, se prevé “avanzar en la implantación” de estos permisos. En concreto, menciona el permiso parental, que permite a los padres disponer de ocho semanas hasta que sus hijos cumplan ocho años. El PSOE y Sumar han acordado también revisar la prestación por crianza para las familias con menores a cargo.