Sira Rego, el nuevo liderazgo feminista de IU con gestión desde lo local hasta la Eurocámara

Sira Rego (Valencia, 50 años) asume el relevo institucional de Izquierda Unida en el Gobierno como ministra de Juventud e Infancia, departamento de nueva creación, en un momento de cambio también en el partido. Eurodiputada y portavoz federal de la organización con Alberto Garzón al mando, la retirada del titular de Consumo la convierte en el máximo referente público de IU, aunque el futuro de la formación se decidirá en los próximos meses. La noticia del nombramiento llega, además, el día de su cumpleaños.

Nacida en España, la política es de origen palestino, donde pasó buena parte de su infancia. Su hermano, su padre y parte de su familia paterna viven en Cisjordania, lo que la acerca al conflicto también desde el plano personal. Al igual que IU, siempre ha defendido la causa del pueblo palestino y tras la escalada bélica por los ataques de Hamás del 7 de octubre, se ha mantenido muy activa en la protesta y firme en la condena a la “potencia ocupante”, Israel.

Europarlamentaria por Unidas Podemos desde 2019, donde ejerce como vicepresidenta del grupo de la Izquierda, Rego ha trabajado codo con codo con otros perfiles muy próximos a Yolanda Díaz, como son María Eugenia Rodríguez Palop y Ernest Urtasun, con el que coincidirá ahora en el Consejo de Ministros.

Diplomada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Madrid y madre de un hijo, Rego es una desconocida para el gran público, muy al contrario que Garzón, por lo que deberá esforzarse en proyectar un perfil político que dé visibilidad al partido en el Gobierno. Pese a eso, la hasta ahora número dos de IU atesora experiencia en política municipal, nacional y europea. Entre 2007 y 2019 asumió diferentes responsabilidades como concejala en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, donde vive desde hace muchos años y sus allegados la describen como “la Sira de siempre”. En la corporación municipal fue teniente de alcalde y titular de Vivienda, Sostenibilidad ambiental, parques y jardines; Movilidad urbana y transporte y Seguridad Ciudadana, entre otros.

“No es una recién llegada, se ha hecho a fuego lento en la gestión, la militancia y el parlamentarismo”, comenta Pedro del Cura, alcalde de Rivas entre 2014 y 2022, con quien compartió equipo. “Es un cuadro político con experiencia y capacidad. Viene con un máster en gestión y en gestión también de la discrepancia. No solo en la izquierda, sino en la relación con los grupos parlamentarios”, destaca Del Cura como un valor para afrontar un contexto político tan fragmentado en el Congreso.

Con la llegada de Garzón a la coordinación federal de Izquierda Unida en 2016 ascendió a la ejecutiva, primero como responsable de acción política y conflictos y desde 2021 como portavoz y encargada de acción externa del partido.

En junio de este año, durante la elaboración de las listas de Sumar para las generales, Rego era la opción del partido para la papeleta en Madrid. Los complejos equilibrios en la configuración de la candidatura la llevaron a dar un paso atrás en aras de facilitar la incorporación de otros perfiles de IU en las provincias.

La eurodiputada representa, en todo caso, un nuevo liderazgo femenino en la formación. El partido destaca su perfil político como uno de los referentes feminista y ecologista dentro de la organización, muy implicada también en asuntos de derechos humanos, como migraciones, que ha tocado de cerca en el Parlamento Europeo. “Ha trabajado desde hace muchos años en temas relacionados con la crisis ecológica y el ecosocialismo, por lo que continuará la senda de Garzón al frente de estas cuestiones en los foros públicos”, subrayan fuentes de Izquierda Unida.

Rego se pone al frente de un ministerio recién creado que hasta ahora formaba parte de Derechos Sociales como dirección general, pero que contiene desafíos múltiples. Se trata, además, de una cartera enfocada a un sector específico de la población, la gente joven, al que Sumar dirige buena parte de su discurso. Uno de los principales retos es el desarrollo de un protocolo sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados que llegan a España, algo que figura en el acuerdo para la investidura alcanzado entre el PSOE y Coalición Canaria. En materia de infancia, la gran apuesta durante la legislatura anterior fue la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, una normativa pionera en defensa de los derechos de los niños. El problema, según las organizaciones de infancia, es que la ley tiene que desplegarse. La normativa daba el mandato de legislar en el plazo de un año a partir de su aprobación para crear juzgados y una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia para instruir y enjuiciar los delitos que se comentan contra los niños. Estos juzgados aún no han sido creados. La Plataforma de Infancia, que agrupa a organizaciones de defensa de los menores, ha reclamado que en el ámbito autonómico y local se trabaje para conseguir una aplicación homogénea de la ley, y que se la dote de recursos. Y el ministerio debe diseñar e implementar, entre otros asuntos, el registro unificado de servicios sociales sobre violencia contra la infancia y contar con macroencuestas periódicas sobre la prevalencia de este problema en los niños y adolescentes, porque ahora mismo los datos al respecto son muy deficientes.

La pobreza infantil es otro de los grandes retos. En 2022, último año con cifras disponibles, el 27,8% de los menores de 18 años estaban en riesgo de pobreza en España. Es una de las tasas más altas de la UE, anómala para una de las principales economías de la Unión. Derechos Sociales aprobó el año pasado una hoja de ruta en el marco de la garantía infantil europea, en la que se establecen objetivos de aquí a 2030, como reducir las cifras de menores en riesgo de exclusión social o la brecha digital en la infancia. Esta hoja de ruta tiene que cumplirse.

Las organizaciones de infancia piden, además, una prestación universal por crianza, una vía que la OCDE ha instado a España a explorar, como ya tienen muchos países del entorno. Esto actualmente no existe, aunque en la anterior legislatura se avanzó en la mejora de una prestación de 100 euros al mes para familias con hijos de hasta tres años.

El acuerdo de coalición prevé que se cree, en colaboración con las comunidades autónomas, un marco común de atención temprana como servicio preventivo de posibles trastornos del desarrollo en menores de hasta seis años. Se trata unos servicios que se deben prestar lo antes posible para paliar las necesidades de estos niños. Las competencias son autonómicas y hay grandes diferencias entre territorios, así como largas listas de espera.