La Comisión de Venecia acepta la petición del Senado para analizar la ley de amnistía

El Consejo de Europa tendrá un dictamen listo sobre la ley de Amnistía para mitad de marzo. A finales de la semana pasada, el pleno de la Comisión de Venecia, un órgano dependiente de esta institución compuesta por 46 Estados del continente, aceptó la petición del Senado español para que emita un informe dando su opinión sobre el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para amnistiar los delitos que se hubieran podido cometer durante el procés catalán. También dentro de este plazo elaborará otro informe, en este caso genérico, sobre los requisitos que debe cumplir una amnistía en un Estado de derecho, algo aceptado a petición del Tiny Kox, presidente de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, explica este organismo internacional.

La admisión a trámite de este tipo de peticiones es algo bastante habitual, según explican fuentes del Consejo de Europa. Y también suele hacerse con celeridad cuando se trata de evaluar un proyecto de ley, para que así el dictamen llegue durante la tramitación parlamentaria.

Los pasados 15 y 16 de diciembre se reunión el pleno de la Comisión de Venecia en la ciudad que le da nombre. Apenas dos días antes el Senado español había aprobado la petición de que este órgano consultivo para asuntos constitucionales elaborara “una opinión urgente” sobre la controvertida norma española. Cinco días antes, el 8 de diciembre, el presidente de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, había solicitado al mismo órgano un estudio de carácter general sobre qué requisitos deben tener las leyes de amnistía en un Estado de derecho.

Ambas peticiones han sido aceptadas y los informes deben estar listos para el próximo plenario, que se celebrará el 15 y 16 de marzo. Para ese mismo momento deberá estar listo un informe sobre una polémica ley que se aprobó en Hungría la semana pasada, conocida como ley para la defensa de la soberanía nacional.

La Comisión de Venecia ya se pronunció en marzo de 2021 sobre otra norma español muy polémica: la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza. El dictamen emitido fue que España debería reformar la norma y rebajar las altas multas que contempla la norma, todavía vigente ante el fracaso la legislatura pasada del intento de modificarla. “Si una norma estatutaria lleva, en la práctica, a abusos, dicha norma debería ser cambiada, delimitada o acompañada de salvaguardias adicionales, incluso si en teoría es constitucionalmente aceptable”, apuntaba este dictamen sobre la ley todavía vigente.