El mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple esta semana unos 1.900 días caducado, tras cinco años de resistencia del PP a sellar un pacto con el PSOE. El pasado 22 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acordaron finalmente negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces pero bajo la supervisión de la Unión Europea. Esa fue la condición que impuso el jefe de la oposición y fue aceptada por Sánchez. El objetivo de La Moncloa era cuadrar las agendas de las partes con Bruselas para seguir dando pasos antes de finales del año pasado. Pero el proceso transcurre más lento en medio de un clima de confrontación por la tramitación de la ley de amnistía y el apaleamiento de un muñeco con la figura de Sánchez por manifestantes ultras en Ferraz.

Feijóo apuntó al comisario de Justicia, Didier Reynders, como el indicado para ejercer la mediación. El Gobierno vio con buenos ojos su elección y se dirigió al equipo del responsable belga para comunicar que ambas formaciones habían acordado negociar bajo tutela comunitaria. Y, en esa línea, el Ejecutivo retomará las conversaciones con el PP cuando la Comisión se pronuncie sobre su papel en la negociación, según fuentes gubernamentales. Los populares, por su parte, se mantienen a la espera de que el PSOE o las instituciones europeas muevan ficha, agregan fuentes de Génova.

La decisión de Bruselas, que lleva estudiando desde finales de diciembre la petición española, debería ser inminente, aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre la misma. El pasado 23 de diciembre un portavoz comunitario se limitaba a confirmar a EL PAÍS que “las autoridades españolas han pedido a la Comisión que facilite las conversaciones para avanzar en la reforma del CGPJ”. Y añadía que el Ejecutivo europeo estaba “reflexionando sobre esta petición” y la posibilidad de que sea el propio comisario de Justicia el mediador designado.

Bruselas retoma totalmente sus actividades este lunes, tras la pausa navideña, aunque Reynders regresó la semana pasada a la capital belga y asistió el viernes a la reunión del Colegio de Comisarios con el Gobierno de Alexander de Croo, que ha asumido este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE. No obstante, el comisario belga no ha hecho por el momento ninguna declaración, ni tampoco su equipo, sobre la petición española.

Entretanto, PSOE y PP no han vuelto a comunicarse sobre el tema. Las partes confirmaron como interlocutores al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al vicesecretario popular Esteban González Pons, respectivamente. Además del mediador, el PP exige que, con la renovación de los vocales, se impulse de manera “simultánea” la reforma de la ley que regula el sistema de elección del Poder Judicial.

El CGPJ está formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio. A todos los designan el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos (por eso es necesario el acuerdo de los dos principales partidos); aunque, en el caso de los 12 vocales jueces, las Cámaras deciden a partir de una lista de candidatos elaborada por los propios jueces de carrera. El PP defiende, para renovaciones futuras, que los jueces elijan directamente, sin intervención de las Cortes, a los 12 vocales jueces del consejo.

Reforma de la ley

La reforma de la ley es un punto conflictivo que podría obstaculizar el pacto definitivo. Tras la reunión entre Sánchez y Feijóo de diciembre, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, evitó aclarar si el PSOE estaría dispuesto a explorar el cambio legal que reclama el PP. El pasado martes, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, volvió a referirse a la cuestión. “A nosotros nos parece bien la fórmula que hay ahora, de hecho es la que ha funcionado siempre y de hecho es la que aprobó el Partido Popular. Lo que pasa que al PP solo le convienen las normas y las leyes cuando ellos gobiernan”, afirmó en TVE. “La soberanía nacional está en el Congreso, y por lo tanto, que intervenga la política y el Congreso también para decidir quiénes son los integrantes del Consejo General del Poder Judicial no nos parece en absoluto mal”, abundó.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, contratacó el miércoles, en la sede del partido, donde presentó la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. “Pedro Sánchez lo que quiere es controlar el Consejo General del Poder Judicial y lo que menos le preocupa es despolitizar el sistema de elección de sus representantes. Nosotros compartimos con la Comisión Europea esa vieja ansia de despolitizar la Justicia y conseguir una nueva ley. Si Pedro Sánchez quiere avanzar en esa dirección, la disposición del Partido Popular, siempre que en esas conversaciones participe la Unión Europea, está expresada y está encima de la mesa. Si quiere hacer un paripé con el Partido Popular para justificar sus pactos con todos los partidos antisistema, que no cuenten con nosotros”, dijo.

El propio Reynders volvió a reiterar en diciembre, desde Bruselas, que su planteamiento es que primero se renueve la composición del CGPJ con la ley vigente e, “inmediatamente después de la renovación, se inicie un proceso para adecuar el sistema de nombramientos a las normas europeas, a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”. Aun así, a comienzos de diciembre, Reynders si bien instó a cumplir ese procedimiento —renovación primero, cambio de la ley después—, se declaró abierto a otras opciones si estas resultaban de un acuerdo entre el PP y el PSOE.