PSOE y PP abren en Bruselas la vía para renovar el Poder Judicial y la Comisión Europea confía en un acuerdo

Esta vez, con la inédita mediación de la Comisión Europea, puede ir en serio. El PSOE y el PP han abierto este miércoles en Bruselas la vía para reiniciar sus negociaciones y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandado caducado desde hace un lustro. El PP se ha echado atrás tres veces en estos cinco años con el acuerdo ya prácticamente cerrado, pero los socialistas confían en que esta vez, con la presión...

Esta vez, con la inédita mediación de la Comisión Europea, puede ir en serio. El PSOE y el PP han abierto este miércoles en Bruselas la vía para reiniciar sus negociaciones y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandado caducado desde hace un lustro. El PP se ha echado atrás tres veces en estos cinco años con el acuerdo ya prácticamente cerrado, pero los socialistas confían en que esta vez, con la presión de la Comisión Europea, del paso del tiempo tras meses de desencuentros y de los jueces que esperan nombramientos, el final sea diferente. Los populares tienen bloqueada la renovación hace cinco años, y con ello mantienen una mayoría conservadora en el CGPJ que obedece a unas Cortes elegidas en 2011, cuando el PP tuvo mayoría absoluta.

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, se han reunido este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para tratar de desencallar el órgano de gobierno de los jueces, una de las principales preocupaciones sobre España del Ejecutivo comunitario. La situación es ya muy difícil de sostener para España —que ha recibido diversos toques de atención por las vulneraciones al Estado de derecho— y para su sistema judicial al borde del colapso por la falta de renovación. La Comisión, que ha accedido a mediar en un asunto crucial porque confía en que las partes lleguen a un acuerdo, ha emplazado a Bolaños y a González Pons a una nueva reunión el 12 de febrero. “Ha habido un claro compromiso de todas las partes de trabajar juntas”, ha asegurado Reynders en un comunicado consensuado.

Con la carta de la mediación de Bruselas, que propuso el PP y aceptó rápidamente el Gobierno, y el hecho de que el mandato venga desde tan arriba como la Comisión Europea, el Ejecutivo confía en ayudar a que el PP tenga un colchón político para asumir un pacto con el PSOE que rechaza tanto Vox como sectores importantes de la derecha en una legislatura muy bronca dominada por la ley de amnistía para los responsables del procés. “Esta vez tiene que ser la definitiva”, ha afirmado Bolaños a la salida de la reunión en Bruselas, donde ha asegurado que hay “máxima disposición” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo. “Es esencial para España, para la normalidad institucional que lleguemos a un acuerdo y renovemos, por nuestra parte no va a quedar”, ha añadido el ministro de Justicia.

La Comisión Europea lleva largo tiempo reclamado a España que desbloquee la renovación del órgano de los jueces, el punto negro principal en los informes sobre el Estado de derecho. Este miércoles, tras la cita con Bolaños y Pons, ha vuelto a ser muy clara: España debe “proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Judicatura”, ha dicho Reynders en su comunicado en el que insta a un “dialogo constructivo”.

Los socialistas creen que la solución sería sencilla si hay voluntad política: volver al acuerdo que ya tenían prácticamente cerrado el PSOE y el PP en octubre de 2022, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se echó atrás argumentando que no podía pactar nada con Pedro Sánchez porque se disponía a modificar el delito de sedición. En aquel pacto se acordó no solo la correlación de fuerzas del nuevo consejo y los nombres de los consejeros, con perfiles no políticos, además de algunas normas para garantizar una mayor despolitización, sino también una fórmula para satisfacer la voluntad del PP de abrir el debate sobre el cambio del sistema de elección: ambos grupos presentarían una proposición de ley conjunta en la que el Congreso instaba al CGPJ a realizar un informe sobre posibles modificaciones del sistema de elección para que las Cortes lo estudiaran y tomaran una decisión.

El actual modelo, que modificó precisamente el PP en 2013 con su mayoría absoluta, ya incluye una participación importante de los jueces en la renovación, ya que el Congreso tiene que seleccionar 12 vocales del CGPJ entre una lista de 36 que eligen los propios magistrados. Pero no hay elección directa de los jueces, como quiere el PP y rechaza el PSOE. Los socialistas estiman un sesgo conservador mayoritario en la carrera y siempre habría un CGPJ escorado a la derecha al margen de lo que voten los ciudadanos, algo que ni el PSOE ni Sumar aceptan desde el punto de vista democrático. Tampoco es lo habitual en los demás países europeos, donde hay modelos de todo tipo, incluso varios en los que la política tiene mucha más presencia que en España.

González Pons ha introducido la amnistía como un elemento que complica el acuerdo. Se trata de algo en lo que la Comisión, que espera la presentación y aprobación de las correspondientes enmiendas para opinar, no parece estar de acuerdo. “Estamos metidos dentro de un contexto en el cual la ley de amnistía está suponiendo una deslegitimación por parte del Gobierno al Poder Judicial y eso influye en las conversaciones que vamos a tener”, ha asegurado el vicesecretario institucional del PP, quien no ha dudado en manifestarse como “muy pesimista”.

Las consecuencias del bloqueo ya se notan. La falta de renovación del CGPJ —el órgano de Gobierno de todos los jueces de España, formado por 20 vocales: 12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio y un presidente elegido por los vocales— ha causado ya importantes daños en el Tribunal Supremo: casi un tercio de su plantilla de magistrados (jubilados o fallecidos en este tiempo) no han podido ser sustituidos. Esto ha derivado en que se dicten 1.000 sentencias menos cada año, según las últimas estadísticas del Consejo del Poder Judicial. El Supremo está, en algunas de su salas, en una situación al borde del colapso.

La renovación de sus miembros, cuya última palabra corresponde al Parlamento, requiere un apoyo de tres quintos de las Cámaras, y, por tanto, el pacto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, es imprescindible. El PP reclama que los 12 vocales jueces sean elegidos directamente por los miembros de la carrera judicial, quitándole así todo poder decisorio al Parlamento. Su bloqueo, que mantiene desde hace cinco años, implica que el CGPJ actual (que corresponde al momento en que los populares tenían mayoría absoluta) con mandato caducado, tiene una mayoría absoluta de vocales conservadores, convertida en ariete político contra el Ejecutivo.