El choque entre legisladores y jueces: un conflicto con pocos precedentes en Europa

Un aparente juego del gato y el ratón se ha instalado en España en las últimas semanas, y vincula a los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Se produce a cuenta de la futura ley de amnistía: su tramitación de urgencia en las Cortes —como condición impuesta por los partidos independentistas para investir presidente al socialista Pedro Sánchez— va en paralelo a la instrucción de causas judiciales que, si la ley prospera, serán desactivadas. Y los jueces que las instruyen han pisado el acelerador. El pasado noviembre, cuando Junts y el PSOE estaban en plena negociación, estudiando cómo delimitar en la amnistía los delitos de terrorismo, el juez Manuel García-Castellón —que tenía abierta la causa desde hacía cuatro años— dictó un auto que señalaba expresamente por ese delito al expresident prófugo (y líder de Junts) Carles Puigdemont; el PSOE y Junts acordaron entonces una nueva redacción para intentar sortear la imputación, y el juez dictó otro auto que ampliaba su posible alcance. Algo similar ha pasado con otra causa vinculada al procés que instruye el juez de Barcelona Joaquín Aguirre. A cada paso que dan los legisladores, los jueces dan otro en paralelo; y viceversa.

En Europa es difícil encontrar precedentes de esta situación; también es complicado o imposible hallar amnistías de características similares a la española y vinculadas tan directamente al apoyo a una investidura. Pero sí hay algunos ejemplos de choque entre gobernantes —o legisladores— y jueces.

Reino Unido

El 1 de mayo de este año vence el plazo impuesto por la Troubles Legacy Bill (Ley de Legado y Reconciliación de los Problemas en Irlanda del Norte), la norma con la que serán amnistiados a partir de ese momento todos los implicados —que aún no hayan sido juzgados— en crímenes cometidos durante las tres décadas de violencia sectaria que asolaron Irlanda del Norte hasta la firma del acuerdo de 1998 entre Gran Bretaña e Irlanda. Ese día quedarán cerradas las causas judiciales aún vivas (salvo las muy avanzadas) y a partir de entonces no podrán abrirse otras nuevas por esos hechos. La ley es, básicamente, una amnistía general —con cierta condicionalidad— para todos aquellos delitos cometidos durante los 30 años de violencia. Más de 3.500 personas murieron en ese período, en el que el ejército británico acabó implicándose de lleno en la guerra que enfrentaba al terrorismo del IRA y al de las organizaciones paramilitares unionistas y protestantes.

Los principales partidos políticos de Irlanda del Norte, sus instituciones, la oposición laborista británica, el Gobierno de Dublín y hasta la Administración estadounidense se han opuesto a esa amnistía impulsada por el Gobierno de Rishi Sunak, que, aun afectando a ambas partes del conflicto, está diseñada casi exclusivamente para exonerar a los militares veteranos que siguen perseguidos penalmente por actos de guerra sucia en territorio norirlandés.

Los jueces norirlandeses han transmitido su frustración a las víctimas ante la obligación de finiquitar las causas, y en algunos casos han acelerado las investigaciones para intentar sortear la “guillotina” —así se conoce al plazo impuesto por la ley de amnistía— del 1 de mayo. Todos, no obstante, han asumido las consecuencias derivadas de la ley.

Seis investigaciones han entrado ya en fase procesal. Otras 13 están ya casi listas para ir a juicio. Pero los casos pendientes se acumulan, y no hay suficientes coroners (el juez que realiza la instrucción inicial) para hacerlos avanzar. “Estamos intentando informar a las familias afectadas, que pertenecen a diferentes comunidades [católicos o protestantes], y que obtengan la verdad de lo que les sucedió a través de una investigación judicial, que es como debe hacerse. Pero con un plazo tan perentorio como el impuesto por la ley, en algunos casos no va a ser posible”, reconocía el pasado jueves Jon Boutcher, comisario jefe del PSNI, la policía británica de Irlanda del Norte.

El juez David Scoffield, que investiga el asesinato de cinco personas a manos de soldados británicos en Belfast hace más de 50 años, expresa un sentir muy extendido entre la magistratura norirlandesa: “Junto con otros magistrados, he decidido que no voy a suscitar expectativas [de los familiares de víctimas] sobre el avance de sus casos, porque puede que no resulte posible”. El pasado septiembre aceptó la petición de los familiares para acelerar el procedimiento, porque la amnistía ya no se aplicaría si lo único que quedara pendiente, llegado el 1 de mayo, fuera la sentencia. “Voy a hacer todo lo que pueda, de un modo razonable y realista, para intentar concluir este caso. Pero no hay garantías de que vaya a lograrlo”, subraya. “Y no tengo la menor duda de que otros jueces con casos similares, que no vean por delante una perspectiva razonable de poder concluirlos, evitarán darles prioridad. Para poder dedicar los recursos disponibles a investigaciones ya más avanzadas”.

Francia

Es difícil encontrar en la historia reciente de Francia un precedente legisladores y gobernantes a la greña con los jueces por una ley concreta. Tampoco hay precedentes de amnistías concedidas a cambio de que sus beneficiarios apoyasen la investidura de quien la concede.

La Constitución francesa reconoce explícitamente la amnistía. Ha habido, desde la fundación de la V República en 1958, dos grandes amnistías políticas; y ambas se han aplicado, no de golpe, sino en varias etapas, ampliando cada vez los criterios para acogerse a la medida. La primera fue la amnistía por delitos cometidos durante la guerra y la independencia de Argelia, y entre 1962 y 1968 benefició progresivamente a personas con acusaciones y condenas más graves, hasta alcanzar al general Raoul Salan, uno de los cabecillas del golpe de Estado contra el general De Gaulle y jefe de la organización terrorista contraria a la independencia de Argelia, OAS. La segunda amnistía afectaba a los actos de violencia en Nueva Caledonia, territorio francés en el Pacífico, y fue adoptada en dos tiempos: los acuerdos de Matignon, que pusieron fin a lo que se temió que fuera un inicio de guerra civil en el territorio, contemplaban una amnistía pero excluían los hechos de sangre. En 1990, el Parlamento amplió la amnistía para incluir también estos actos.

Italia

Italia tampoco cuenta con un precedente de ley de amnistía parecido al que ahora se debate en España. El país transalpino, sin embargo, sí vive colisiones a menudo entre el poder judicial y el legislativo a cuenta de nuevas normas ya aprobadas o en trámite parlamentario. La principal diferencia es que en Italia la mayoría del poder judicial gravita sobre la órbita progresista y fue durante los gobiernos de la derecha cuando se produjeron los mayores encontronazos. Ocurrió con la ley conocida como Colpo di spugna sobre los delitos de corrupción, promulgada por Silvio Berlusconi. La decisión fue tan polémica que la plana mayor de la fiscalía de Milán, que había investigado el mayor caso de corrupción de la democracia —Manos Limpias— presentó su dimisión. Los jueces se negaron a aplicar la norma, que se llevó por delante también al entonces ministro de Justicia, Alfredo Biondi, y tuvo que se reformada.

Desde entonces, siempre que ha habido un gobierno presidido por la derecha en Italia se ha producido este tipo de colisiones. El último ejemplo es el decreto Cutro sobre la inmigración, que prevé ampliar los supuestos en los que puede retenerse a los migrantes o tramitar su extradición. La norma no ha sido aplicada por tribunales como el de Catania. Estos días, de hecho, el Tribunal Supremo celebra las audiencias del recurso del Estado contra los jueces de dicha ciudad siciliana que no lo aplicaron.

Alemania

Es complicado encontrar precedentes de un conflicto entre dos poderes del Estado como el que está ocurriendo en España en un país como Alemania, donde a los jueces no se les suele identificar con tendencias políticas. Es muy raro, por no decir inaudito, que los partidos políticos se acusen entre ellos de tener influencia en la judicatura. A cualquier nivel. Como ejemplo, los jueces de los cuatro tribunales federales (el Supremo, el de lo Social, el Contencioso Administrativo y el de lo Laboral) son elegidos por un comité de 32 personas, de las que 16 son los ministros de Justicia de los Estados federados y los otros 16 son elegidos por el Parlamento federal por representación proporcional. En la elección se busca el consenso y, si se producen discrepancias, no llegan a los medios de comunicación. Conceptos como “mayoría conservadora” o “mayoría progresista” en los tribunales no forman parte del debate público.

Sí existe algún precedente de ley de amnistía controvertida, pero muy lejano en el tiempo y que no admite comparación con el caso español. La llamada Ley Dreher supuso en 1968 un revés para la persecución de los crímenes nazis. El texto modificó los plazos de prescripción de los delitos cometidos en esa época, en concreto por los cómplices de la maquinaria nazi (no por los jerarcas que daban las órdenes). El texto, conocido por el nombre del exfiscal nazi Eduard Dreher, permitió que durante décadas —hasta 2011— no se pudiera juzgar a los cómplices del Holocausto. En los años setenta se archivaron numerosos procedimientos contra personal ordinario de los campos de concentración que ayudaron a cometer miles de asesinatos porque era necesario demostrar que los autores habían participado directamente en cada caso individual.

Portugal

En Portugal, los enfrentamientos entre legisladores y jueces siempre se han producido tras ser aprobada la norma en la Asamblea de la República, no cuando estaba en tramitación. Ha ocurrido con varias leyes importantes como la de eutanasia, que el presidente de la República envió al Tribunal Constitucional, y la que debe regular el acceso de las fuerzas de seguridad a los metadatos, que ha sido tumbada por el alto tribunal. En ambos casos, el texto regresó al Parlamento, donde suelen incorporar las correcciones jurídicas. En esta última legislatura, el pulso político ha estado más entre los legisladores y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que entre legisladores y jueces.

La última amnistía concedida en Portugal no tiene nada en común con la española. Se concedió el verano pasado con motivo de la visita del Papa por las Jornadas Mundiales de la Juventud y fue dirigida a menores de 30 años con delitos e infracciones menores. El perdón benefició a un millar de reclusos: la inmensa mayoría vio rebajada su pena y un 25% salieron en libertad.

En el medio siglo de etapa democrática, el Parlamento ha aprobado seis amnistías (tres por visitas religiosas y tres políticas). La más polémica perdonó a los militantes del grupo terrorista Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25), que cometieron atentados en los años ochenta en los que murieron 17 personas. Esta amnistía, que había sido impulsada por el presidente de la República, el socialista Mário Soares, fue aprobada solo con los votos de socialistas y comunistas.

Información elaborada por Rafa de Miguel, Marc Bassets, Daniel Verdú, Elena G. Sevillano y Tereixa Constenla.