Defensa aumenta su implicación en la lucha contra el narcotráfico

Las Fuerzas Armadas darán un paso adelante en su implicación en la lucha contra el narcotráfico. Si hasta ahora los militares solo intervenían por mandato de un juez de la Audiencia Nacional, a partir de ahora lo harán también a petición de la Fiscalía antidroga.

El hecho de que la Armada pudiese intervenir en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público era una las demandas que la fiscal especial antidroga, Rosa Ana Morán, planteó públicamente tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cáidz), el pasado día 9. La fiscal alegó que esperar a que se presente la correspondiente querella y se designe al juez competente del caso retrasa la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El asunto fue abordado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la propia fiscal antidroga el pasado día 16 y ambas acordaron que la Armada podrá participar a partir de ahora en operaciones contra el narcotráfico no solo cuando lo solicite un juez sino también la Fiscalía, aunque en este último caso la solicitud deberá plasmarse en un decreto y no tramitarse solo verbalmente. Esta formalidad es importante para respaldar jurídicamente a las fuerzas que participen en la operación, ya que el registro de un barco en aguas internacionales requiere la autorización previa del capitán de la nave o del país de bandera de la misma, si no hay un mandato de una autoridad judicial.

En aplicación del protocolo que está en vigor desde la última década del siglo pasado, la Armada colabora habitualmente en la lucha contra el narcotráfico transportando a bordo de sus buques a los efectivos policiales o de vigilancia aduanera que se incautan en alta mar de grandes cargamentos de droga procedentes en muchas ocasiones de América Latina y con destino a puertos europeos o africanos. El registro de las embarcaciones se producía hasta ahora por mandato del juez de la Audiencia Nacional que dirigía la investigación mediante registros de los barcos sospechosos a una distancia de la costa donde, por falta de autonomía o por razones técnicas, no pueden operar las patrulleras de la Guardia Civil o los buques del Servicio de Vigilancia Aduanara.

En todo caso, los abordajes los seguirán realizando, como hasta ahora, efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, según las fuentes consultadas, aunque la Armada cuenta con medios para ello y los lleva a cabo en el marco de la Operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería en el Océano Índico. Dentro de este papel de apoyo en la lucha contra el narcotráfico se incluye también el suministro de la información recogida por los medios de vigilancia de las Fuerzas Armadas, especialmente en el estrecho de Gibraltar, y cualquier otro apoyo puntual que pueda ser solicitado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A raíz de los asesinatos de los dos agentes en Barbate, Robles ya recordó que es “habitual” que la Armada colabore en operaciones contra el narcotráfico “una vez se recibe una autorización judicial” y subrayó que siempre a actúa “con mucha prudencia y respeto”. No obstante, adelantó que, “cuando no haya un procedimiento judicial abierto, si para algunas labores concretas, el Ministerio del Interior pide ayuda a la Armada, sabe que cuenta con ello”. De hecho la demanda de que la Armada actuase a petición de la Fiscalía se venía estudiando antes de la muerte de los dos agentes y se planteó ya en una reunión con Defensa el pasado 23 de enero.

Fuentes gubernamentales aseguran que el hecho de que la Armada aumente su implicación en el combate contra las mafias del narcotráfico no supone reconocer que el Ministerio del Interior esté desbordado. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, que la semana pasada fue reprobado en el Senado por los sucesos de Barbate, ofreció en el Congreso una batería de datos para desmentir la supuesta inmunidad de los narcos que operan en el campo de Gibraltar. Las operaciones antidroga, alegó, han aumentado de 4.698 en 2022 a 5.439 el año pasado; los detenidos de 5.827 a 6.144; los medios de transporte incautados, de 1.505 a 1.620; y las toneladas de droga aprehendida de 272 a 306.

Vox presentó en el Senado una propuesta para el Gobierno declare la lucha contra el narcotráfico como de interés para la seguridad nacional, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, y movilice al Ejército. Fuentes de Defensa recuerdan sin embargo que el apoyo de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles es habitual y recordaron su participación en el despliegue de seguridad ante eventos internacionales, como la cumbre de la OTAN en 2022, o la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en incendios y catástrofes.