Tres adolescentes “yihadistas” recopilaron datos personales de una posible víctima para atentar contra ella

La Audiencia Nacional considera que existen indicios de que tres adolescentes, detenidos en diciembre por delitos de yihadismo, recopilaron datos (lugar de residencia, núcleo familiar y actividad laboral) de una persona “concreta” contra la que querían atentar al considerarla una “apóstata”, ya que se había opuesto a la visión violenta del islam que había manifestado uno de los jóvenes. Según consta en la documentación judicial a la que tuvo acceso EL PAÍS y confirman fuentes jurídicas, los menores pusieron en marcha una operación para “captar información previa” de su presunta víctima; la sometieron a “seguimiento telemático”; y “barajaron diferentes formas de ejecutar la acción” contra ella: “Mediante armas blancas, armas de fuego, incendios o explosivos”. Además, como informó el Ministerio del Interior en el momento de su arresto, los investigadores les intervinieron manuales para fabricar triperóxido de triacetona (TATP), un potente explosivo de fabricación casera conocido como madre de Satán.

La dimensión de este caso refuerza los temores de los expertos de la lucha antiterrorismo, que han visto en los últimos meses cómo aumentaba el número de jóvenes radicalizados capturados y cómo se incrementaba el riesgo. De hecho, desde noviembre, las fuerzas de seguridad han anunciado el arresto de seis menores por delitos de yihadismo. El último se registró a finales de este enero en Montellano (Sevilla, 7.000 habitantes), cuando se detuvo a un chico de 17 años que había realizado pruebas con explosivos de fabricación casera en un descampado de la localidad.

En pleno aumento de los arrestos por yihadismo, con niveles cercanos a los registrados en los meses posteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, la Policía Nacional destacó el pasado 19 de diciembre que había detenido a tres menores de edad, dos de ellos en Madrid y otro en Barcelona, de entre 15 y 16 años, que se encontraban “altamente radicalizados” y mostraban su total sumisión a los postulados extremistas del autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Según explicaron entonces los agentes, estos “jóvenes estudiantes” no solo compartían propaganda yihadista y enaltecían a los integrantes de estos grupos terroristas a través de plataformas digitales; sino que habían expresado ya el deseo de cometer una acción e iniciado el reparto de tareas, como la “capacitación” para fabricar explosivos.

Unas intenciones que, según las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional, no se quedaban en meras generalidades. Se habían traducido en la determinación de atacar un objetivo “concreto”, según confirman fuentes jurídicas a este diario. En una resolución dictada en enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca que, según se observa de sus continuas interacciones online, los tres jóvenes se “coordinaron” y “planificaron el ataque” contra una persona que consideraban “apóstata” y contraria a sus ideas radicales, ya que se había “opuesto a la concepción violenta del islam” que profesaba uno de los investigados. Por ello, comenzaron a moverse y, presuntamente, a acopiar información personal sobre su futura víctima.

Porque, según recalca el tribunal, los tres jóvenes habían asumido el ideario yihadista y, a través de plataformas de mensajería instantánea, “justificaban, publicitaban, enaltecían y propagaban” de “manera evidente” los postulados islámicos violentos y las acciones llevadas a cabo por las organizaciones terroristas. Los chicos operaban presuntamente, por ejemplo, en los servidores Organización Islámica Hispana e Islam Server, ubicados dentro de la plataforma Discord, utilizada por jóvenes aficionados a los videojuegos para crear comunidades de usuarios con gustos afines. La Fiscalía destacó que en ellos se comparten “contenidos que albergan una narrativa y propaganda terrorista yihadista de carácter altamente violento y con clara intención de adoctrinamiento y captación”.

En diciembre, tras quedar a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Menores decretó el ingreso de estos tres arrestados en un centro de internamiento de régimen cerrado.

“Cibersoldados”

La radicalización de menores se erige como una preocupación al alza entre las fuerzas antiterroristas. Un informe de 2019 del Real Instituto Elcano ya avanzaba un “incremento” de los yihadistas que habían iniciado su proceso de radicalización en edades tempranas. En esta línea, la Guardia Civil detuvo el pasado diciembre a un imán que ejercía de profesor de árabe en una mezquita del barrio de Villaverde, en Madrid, acusado de radicalizar a los menores a los que daba clases con vídeos y prédicas en las que ensalzaba la figura del terrorista suicida. También, en septiembre, el instituto armado arrestó a una madre de Vitoria (Álava) por animar supuestamente a sus cuatro hijos menores (todos varones de menos de 12 años) a convertirse en “combatientes” dispuestos “a matar, morir y autoinmolarse”.

El Ministerio del Interior ha alertado que “los nativos digitales radicalizados supone uno de los fenómenos emergentes a nivel global en el ámbito del terrorismo”. Los más jóvenes crean sus propios canales de difusión en redes frecuentadas por menores de edad, donde se bautizan como “cibersoldados” y donde navegan por grupos de aplicaciones móviles convertidos en “enormes centros de reclutamiento virtual”, según los ha llegado a denominar la Policía Nacional.