El Gobierno da un ultimátum al Poder Judicial para acelerar la reforma legal que deja la investigación penal en manos de los fiscales

El Ministerio de Justicia reclamó en febrero de 2021 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. Tres años después, el órgano de gobierno de los jueces no ha enviado todavía su dictamen sobre esta reforma integral del proceso penal que contempla, entre otros cambios, que la instrucción de las causas penales quede en manos de los fiscales. El Ministerio de Justicia ha enviado esta semana una carta al CGPJ en la que pone de relieve este retraso y reclama que se remita el informe “en el curso de esta semana”.

El ultimátum dado por Justicia constata la intención del Ministerio que dirige Félix Bolaños de acelerar la nueva Lecrim, una de las reformas legales de mayor envergadura diseñadas en los últimos años y que implicará un vuelco en el proceso penal. Pero para avanzar en la tramitación es preceptivo el informe del CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, pero que, mientras siga en funciones, tiene entre sus principales competencias la de informar sobre los anteproyectos de ley. Fuentes del órgano señalan que el presidente suplente, Vicente Guilarte, prevé dar cuenta en el pleno de este jueves de la carta enviada por Justicia “para adoptar las decisiones que correspondan”, previsiblemente, fijar una fecha para el fin de los trabajos. El Consejo no va a cumplir el plazo dado por el Gobierno, pero las fuentes consultadas señalan que el documento, en el que se empezó a trabajar en marzo de 2021, está muy avanzado y puede estar terminado en unas semanas.

Estas fuentes admiten el retraso en la redacción del texto, pero alegan la complejidad de la norma y las vacilaciones del Gobierno con esta ley, impulsada en la etapa de Juan Carlos Campo en Justicia, pero que en tiempos de Pilar Llop se llegó a meter en un cajón durante varios meses. Este frenazo llevó, según el CGPJ, a aparcar el informe de mutuo acuerdo con el Ejecutivo. El Ministerio reclamó de nuevo el dictamen en enero de 2022, y, en marzo de ese año, el Consejo remitió el anteproyecto a todos los jueces destinados en las salas de los tribunales del orden penal para recabar su opinión, constituyó un grupo técnico de trabajo con tres magistrados y sumó un nuevo vocal ponente a los cinco designados de inicio para agilizar el trabajo. Para entonces, el ministerio ya había concedido varias prórrogas solicitadas por el Consejo para la entrega del informe, pero en julio de 2022 denegó la última solicitada.

El grupo de expertos designados para elaborar las bases del dictamen redactó un primer borrador que, en líneas generales, avalaba la norma, aunque advertía, entre otros aspectos, de la necesidad de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para ampliar su autonomía antes de ponerle al frente de la instrucción de las causas penales. Este texto se remitió al presidente del órgano y los vocales el 25 de mayo de 2023 para que lo fueran analizando. Cuatro días más tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. “Desde la celebración de las elecciones generales, el Ministerio de Justicia no había vuelto a enviar, hasta esta semana, ninguna indicación en relación con la emisión del informe”, alega el Consejo.

En los más de tres años que han pasado desde que Justicia reclamó al CGPJ el dictamen de la Lecrim, el órgano, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, ha emitido más de medio centenar de informes sobre anteproyectos, reales decretos y otras normas, la mayoría de ellos reclamados con posteridad al de la ley del proceso penal, la reforma de más calado sobre la que tiene pendiente pronunciarse el Consejo de forma preceptiva. El órgano ha ultimado también, en poco más de dos meses, un dictamen reclamado por la Mesa del Senado ―donde el PP tiene mayoría absoluta― sobre la proposición de ley de amnistía, una norma cuya tramitación no exige informe del CGPJ. El Consejo encargó este pronunciamiento a dos vocales, Wenceslao Olea, del sector conservador, y Mar Cabrejas, progresistas. Las discrepancias entre ambos ha impedido que consensúen un único texto, por lo que cada uno ha elaborado el suyo y ambos serán sometidos a debate en el pleno de este jueves. Vocales de ambos grupos dan por hecho que la mayoría conservadora propiciará que se apruebe el de Olea, que carga duramente contra la amnistía y considera que no tiene encaje en la Constitución.

El mismo día que Justicia reclamó por primera vez al CGPJ el informe de la Lecrim, el 23 de febrero de 2021, se remitió una petición idéntica a la Fiscalía, cuyo pronunciamiento sobre los anteproyectos de ley es también preceptivo. El Consejo Fiscal aprobó cuatro meses después su dictamen, de más de 700 páginas y en el que advertía de graves deficiencias en la ley. Este texto llevó a la entonces ministra Llop a crear un grupo de trabajo para revisar el anteproyecto.