Los conservadores del CGPJ maniobran para llevar a Madrid la dirección de la Escuela Judicial tras la renuncia del anterior responsable

El director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez Martín, dimitió hace unas semanas de su cargo, una renuncia que no había trascendido hasta ahora, pero que ya ha sido aceptada de forma unánime por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano al que pertenece la institución, con sede en Barcelona, que coordina la formación de los nuevos jueces. La renuncia se ha producido después de que el pleno del Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, debatiera en febrero un punto sobre la situación administrativa de Jiménez Martín, que ocupaba el cargo en funciones y que, según algunos vocales, no cumplía los requisitos que exige la ley. Jiménez Martín se ha adelantado a un más que posible cese y ha dejado vacía la jefatura de la escuela, lo que, según fuentes jurídicas, quiere ser aprovechado por vocales del grupo conservador para nombrar en su lugar a una letrada del CGPJ para dirigir la institución desde Madrid.

La relación entre el CGPJ y Jiménez Martín, que ocupa el cargo desde julio de 2018, se había ido deteriorando en los últimos meses, según confirman varias fuentes jurídicas consultadas y admite el propio director del centro en una conversación con EL PAÍS. Jiménez Martín señala que ha renunciado “para proteger la escuela” tras constatar que el Consejo ponía en cuestión la legalidad de su permanencia en el cargo, lo que podía acabar afectando al funcionamiento del centro, por su dependencia del Consejo. Una vez que se ha formalizado su salida de la institución que coordina la formación y su reingreso al servicio activo como juez, Jiménez Martín ha dirigido una carta al Consejo en la que, en tono irónico, agradece a los vocales que hayan aceptado su renuncia y, entre líneas, les reprocha el trato dado en los últimos años a la escuela.

“Me encontraba nervioso esperando recibir el acuerdo vaya que al ser una propuesta de la Escuela Judicial fuera retirada del orden del día, o llevara una aprobación de 4-3, o 3-3-1. Esas alineaciones tan polarizadas de estos tiempos que corren que nunca traen nada bueno para el servicio público. Sorprendentemente, recibí la unanimidad”, señala el escrito, al que ha tenido acceso este periódico. El ya exdirector advierte de que, a pesar de que él ha ejercido el cargo en funciones, esta ha sido “la época de más estabilidad en la Escuela y de más duración de un director”, y tras agradecer el trabajo y el apoyo de los trabajadores y alumnos del centro, se despide con otro mensaje para el órgano de gobierno de los jueces. “Confío en que continuaremos trabajando por mejorar nuestra justicia y nuestro Consejo, pues sigo y seguiré aquí. Seguiremos en contacto y seguiremos librando batallas. El poder del amor debe superar al amor al poder”, señala el texto del exresponsable de la Escuela, que envió esta carta el pasado 22 de marzo, dos días después de la que Comisión Permanente aprobara su solicitud de reingreso a su plaza como titular del Juzgado de Menores 6 de Barcelona.

La salida de Jiménez Martín deja descabezada la Escuela Judicial, un centro esencial para el Poder Judicial porque en él se forman durante un año (más otro de prácticas) todos los nuevos jueces que aprueban la oposición. Se inauguró en 1997 y su sede principal se situó en Barcelona, pero siempre ha habido algunos sectores jurídicos que han querido que estuviera en Madrid. Ese traslado requeriría una reforma legal y no está en la mano de los vocales del CGPJ, pero fuentes consultadas señalan que si está sobre la mesa la posibilidad de dirigir ahora a distancia la escuela desde la capital aprovechando la renuncia de Jiménez Martín y que esta opción es la preferida por algunos vocales del sector conservador.

El Consejo tiene que designar un director en funciones y las fuentes consultadas señalan que la mayoría de los consejeros propuestos por el PP apuesta por María Jesús Millán, directora de formación continua de CGPJ, un puesto con sede en Madrid y cuya designación se haría, según las fuentes, con la intención de que no cambie de ciudad de destino. Otro grupo de vocales, minoritario, considera que la elegida debe ser Clara Carulla porque es la número dos de la escuela y tiene su puesto en Barcelona. Las posturas enfrentadas entre los vocales han abierto una nueva crisis en el pleno del órgano de gobierno de los jueces.

Jiménez Martín -que actualmente no es miembro de ninguna asociación judicial pero lo fue, hasta 2011, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura- accedió a la dirección de la Escuela Judicial en julio de 2018, tras la dimisión de Gema Espinosa, la anterior directora y esposa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena. Era hasta entonces director del Servicio de Formación Inicial del Poder Judicial, en el que estaba en calidad de letrado, un puesto técnico que designa el Consejo por concurso de méritos y en el que se puede permanecer un máximo de 10 años. Su designación como director se hizo “en funciones” y “mientras se encuentre vacante el citado puesto”, según el acuerdo de la Comisión Permanente del 19 de julio de 2018. La interinidad se fue alargando porque el propio Consejo entró en funciones en diciembre de ese año y, a la espera de una renovación, se pensó, en un principio, que fuera el siguiente CGPJ el que eligiera a los nuevos responsables de la Escuela Judicial.

La dirección “en funciones” se fue prorrogando hasta que, en marzo de 2021, el Congreso aprobó la reforma legal que veta al CGPJ los nombramientos discrecionales mientras esté, como ahora, con el mandato caducado, lo que impide designar a un nuevo director de la Escuela Judicial y consolidó la interinidad de Jiménez Martín. Fuentes jurídicas señalan que la relación entre el CGPJ y el hasta ahora director de la Escuela se deterioró tras la salida de la presidencia de Carlos Lesmes, que dejó el sector conservador en manos de un grupo de vocales que pretenden el control absoluto de todos los órganos del Consejo y que querían apartar al responsable del centro donde se forman los jueces. Según estas fuentes, estos consejeros han puesto trabas en los últimos meses a todos los proyectos o planes de formación que presentaba el director de la escuela, lo que ha ido incrementando la tensión entre ambas instituciones.

Las fuentes consultadas coinciden en que la situación del hasta ahora director era complicada de solventar a su favor porque lleva desde 2011 en el puesto de letrado y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que solo se puede permanecer en él durante un máximo de 10. Este fue el argumento al que se aferraron los vocales partidarios de su cese durante el pleno del mes de febrero. Los consejeros analizaron la situación en la que se encontraba Jiménez Martín, y, ante las dudas jurídicas, acordaron encargar un informe al gabinete técnico. Posteriormente, un grupo de consejeros conservadores pretendió forzar la convocatoria de un pleno extraordinario para votar el cese del director de la escuela, una iniciativa que fue frenada, pero que resultó definitiva para que el Jiménez Marín haya optado por dar un paso al lado.