Radiografía de una colosal estafa en un mercado sin reglas

El pánico se instaló en España como una niebla cuando el coronavirus golpeó con fuerza a primeros de marzo de 2020. Mientras millones de españoles daban la vida por ayudar, por curar en condiciones penosas en hospitales y en centros de salud, un puñado de empresarios y gestores sin escrúpulos aprovechó aquella emergencia sanitaria para especular con el negocio más rentable aquellos días: la venta de mascarillas y todo tipo de material sanitario de protección frente al virus. Tras el eslogan de “saldremos más fuertes”, un puñado de empresarios ya estaban seguros de que ellos saldrían más ricos de ese agujero. La ley de la selva que se impuso desde el 13 de marzo —un decreto del estado de alarma permitía contratar sin reglas material anticovid— permitió adjudicar más de 6.440 millones de euros sin apenas controles. Más de 120.000 personas murieron en el hospital, en las residencias o en sus casas. En medio de aquella bruma, España sufrió un virus mortal, la covid, y otro muy nocivo: la avaricia que esquilmó las arcas públicas.

El Congreso y el Senado han arrancado dos comisiones para averiguar qué sucedió realmente durante esos meses. Cuatro años después, la clase política investiga un rosario de escándalos que ha salpicado al asesor del exministro José Luis Ábalos, a la pareja y al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a empresarios de varias autonomías. Las comisiones parlamentarias han tenido, hasta ahora, escaso eco, opacadas por las elecciones vascas, catalanas y por la amenaza del presidente Pedro Sánchez de abandonar La Moncloa.

La verdad de cómo se permitió un saqueo de esas dimensiones a las arcas públicas, quiénes fueron los culpables (además de algunos señalados) y cómo evitar que se repita, sigue estando muy lejos tras las primeras comparecencias en el Congreso y en el Senado, donde se han celebrado una decena de sesiones con explicaciones a medias y con los parlamentarios más preocupados en obtener un rédito electoral atacando al adversario antes que hacer un diagnóstico de la tragedia.

Pero, ¿qué ha sido del resto, de esos que dieron el pelotazo de sus vidas, que especularon con la tragedia?, ¿cómo —más allá de si era o no legal— se permitió que eso sucediera y cómo se puede evitar en un futuro?

Para llevar a cabo esta investigación, que traza una radiografía de los peores meses de la pandemia, EL PAÍS ha analizado las bases de datos de cientos de contratos públicos que se firmaron en 2020, las actas de los consejos interterritoriales de Salud que se celebraron aquel año, una decena de informes del Tribunal de Cuentas que destacaron los errores cometidos por diferentes administraciones (estatales, autonómicas y municipales de las principales ciudades españolas), los sumarios de los casos de corrupción más conocidos que siguen en curso y otros que han sido cerrados: el caso Koldo y los relacionados con el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, y con la actual pareja de la presidenta, Alberto González.

También, otro escándalo que sacudió al Ayuntamiento de Madrid, una estafa por la que dos miembros de la élite madrileña, Luis Medina (hermano del duque de Feria) y Alberto Luceño colocaron material anticovid a un precio disparatado por el que ganaron seis millones de euros en comisiones. Este diario ha entrevistado además a altos funcionarios encargados de perseguir este tipo de delitos, responsables de supervisar la calidad del material, funcionarios públicos que aprobaron adjudicaciones, empresarios mencionados en algunos de los sumarios más conocidos y ha cruzado la información con datos del Portal de Contratos del Sector Público y con la base de datos de Fundación Civio, que recoge las más de 25.000 adjudicaciones de emergencia que se realizaron durante 2020.

No es el mercado, es la avaricia

Todo comenzó el 13 de marzo de ese año. Un día antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, se publicó en el BOE el primer decreto ley con medidas urgentes por la pandemia. Entre ellas, la Administración del Estado establecía que se podía usar la contratación de emergencia para comprar material. Con esa norma saltaron por los aires los principales controles que regían en cualquier proceso de contratación para evitar el saqueo del dinero público. Se permitió contratar a dedo a cualquier empresa, no había concurrencia, ni hacía falta acreditar solvencia o experiencia en el sector, se podía comprar casi sin abrir expediente e incluso sin firmar nada. Con estas reglas, se repartieron 6.445 millones de euros. En apenas unos meses (el grueso de lo adjudicado se firmó entre marzo y mayo de ese año) el Estado desembolsó la misma cantidad de dinero que supone el presupuesto anual de la ciudad de Madrid. Nunca se había adjudicado tanto dinero en tan poco tiempo, sin apenas controles y legalmente.

“Estábamos en guerra y se trataba de comprar balas”, contaba en 2022 a EL PAÍS un empresario experto en el comercio con China. La diferencia es que en este conflicto cualquiera podía adquirir la munición, sin importar a qué se dedicara antes —una ferretería, una firma de bebidas energéticas y muebles, unos empresarios de la noche—, y venderla a la Administración pública. En muchos casos a precios disparatados y sin importar la calidad del producto.

Desafiando las reglas más básicas de la oferta y la demanda, ni la mano invisible de Adam Smith servía para explicar parte de lo que estaba sucediendo con los precios de ese codiciado material sanitario en lo peor de la pandemia. La evolución del virus y la falta de stock de muchos productos a nivel global combinada con la aparición de intermediarios que hicieron caja de un bien tan codiciado hizo que los precios se dispararan. De manera que hubo picos comunes, pero también organismos públicos comprando a precio muy distinto en el mismo momento y hasta a la misma empresa.

Un empresario con acreditada experiencia en el mercado chino, conocedor de los precios que manejaban las fábricas del país asiático entre marzo y abril de 2020 —y uno de los principales adjudicatarios de las administraciones españolas— asegura a EL PAÍS que por mucho que oscilaran los costes debido a la descontrolada demanda global para conseguir suministros, estos nunca superaban los 2 euros por mascarilla FFP2 en la fábrica. Para comprender cómo en las administraciones españolas se compró a más de 6 euros (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) e incluso a 14 euros (Murcia), es necesario tener en cuenta la avaricia de empresarios que intermediaron y sacaron provecho de una situación desesperada: en lo peor de la pandemia llegaron a morir mil personas al día a causa del virus. EL PAÍS ha recogido algunos de los ejemplos más llamativos, destacados por el Tribunal de Cuentas y otros publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

Uno de los casos más escandalosos fue el del Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida (del PP). Adquirió el 24 y 25 de marzo un millón de mascarillas KN95 (equivalentes a FFP2) por 6,2 millones de euros y 250.000 tests de anticuerpos por 4,2 millones de euros. Lo hizo a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, entidad que centralizó las compras municipales porque tenía la liquidez y agilidad administrativa suficiente como para pagar por adelantado. Los productos contratados fueron hechos en China, pero los comercializaba una empresa malaya de productos de belleza y hogar. La operación, impulsada por dos intermediarios: Alberto Luceño y Luis Medina, que ganaron seis millones de euros en comisiones. Con ese dinero se compraron casas, coches de lujo, relojes de alta gama y un yate.

El Ayuntamiento de Madrid fue el municipio que compró las mascarillas más caras durante toda la pandemia, según un examen de compras sanitarias municipales publicado en octubre de 2021 por el Tribunal de Cuentas sobre las ciudades más pobladas de España. Mientras que Madrid pagó 6,2 euros por cada mascarilla el 24 de marzo, Zaragoza las compró a 1,6 euros el 23 de marzo y Barcelona a 2,5 euros el 26 de marzo. En cuanto a los tests de anticuerpos, Madrid pagó 16 euros por unidad el 25 de marzo, mientras que Barcelona los adquirió ese mismo día a 7,36 euros.

Por esas mismas fechas, el 24 de marzo, la Comunidad de Madrid dio conformidad a la oferta de la empresa que contrató de intermediario al hermano de la presidenta autonómica, Tomás Díaz Ayuso (Priviet Sportive), la compra de 250.000 mascarillas FFP2 por un millón y medio de euros, es decir, a 6 euros la unidad. De ese dinero, Tomás Díaz Ayuso recibió una comisión que la Fiscalía Anticorrupción cifró en 234.000 euros. El caso quedó archivado porque los fiscales no consideraron que estuviera acreditado un “precio desproporcionado”, tampoco que la presidenta hubiera intermediado en esa adjudicación.

El Servicio Murciano de Salud fue el organismo público que compró más caro. Ninguna mascarilla salió tan cara como un lote que enviaron a esta región: 14,46 euros fue el precio que se pagó por mascarilla FFP3 (los cubrebocas que mayor protección ofrecen) y lo hizo el 16 de marzo por un lote de 10.000 unidades. Cuatro días después, el 20 de marzo, la Gerencia de Salud de Castilla y León estaba comprando mascarillas de idéntica calidad a 2,46 euros la unidad a una empresa china.

El Servicio Murciano de Salud fue la tercera entidad que más caro compró también las FFP2 (de una protección inferior a las FFP3), a 7,62 euros el 24 de marzo, por detrás de la Autoridad Portuaria de Valencia, que las adquirió a 8 euros y del Banco de España que pagó 7,80 (9,44 con IVA) el 21 de abril.

En esas fechas se efectuaban compras ilógicas que no respondían a leyes del mercado y que destaparon efectos indeseados de la falta de coordinación entre comunidades autónomas. Así, una misma compañía (Barna Import Medica) vendió el mismo día a dos entidades distintas (Murcia y la Generalitat Valenciana) mascarillas FFP2 por 5 euros y 4,43 euros. El 16 de junio, Extremadura firmó el mismo día y con la misma empresa (Comercial Extemeña Hospitalaria) dos contratos para comprar mascarillas FFP3 a precios distintos: en uno a 7,86 euros y, en el otro, a 6,9. “Contra todo pronóstico, no las pagó más baratas cuando compró más cantidad, sino al revés: el contrato con el precio más caro era para adquirir más del doble de unidades que el barato”, apunta un artículo de Civio que comparó todos los contratos adjudicados esos meses.

El 20 de marzo, el Ministerio de Sanidad aprobó tres compras de mascarillas quirúrgicas, todas a dos céntimos la unidad, las más baratas de todos los contratos de ese año. Lo hizo justo antes de que el precio se disparara. El 23 de marzo, solo tres días después de adjudicar el último contrato a dos céntimos, pasó a pagarlas a 42 céntimos cada una, 21 veces más. Lo hizo a través de dos contratos que firmó el mismo día con FCS, la empresa que más dinero se llevó en 2020 vía contratos de emergencia. En total, el Ministerio compró 430 millones de mascarillas por las que pagó casi 183 millones de euros. Todo adjudicado el mismo día.

A través de la instrucción de los principales sumarios de corrupción en la venta de material anticovid y un empresario conocedor del mercado chino que vendió millones de mascarillas a la administración española, se puede deducir que, al menos en esos casos, quienes compraron en China lo pudieron hacer a precios inferiores a 2 euros. Mientras muchos tuvieron márgenes de beneficio moderados vendiendo a 2,5 euros, otros acabaron vendiendo a la Administración a precios disparatados.

Del sumario de la trama Koldo se deduce que quien compró a 1,20 en China ganó apenas 23 céntimos por mascarilla al vender su material a la empresa Soluciones de Gestión, que a su vez vendió al ministerio de Transportes a 2,5 euros, ganando 1,07 céntimos por mascarilla. Con todo, esta operación no fue de las más perjudiciales para el presupuesto público de las que se pagaron aquellos días.

La descoordinación y descontrol en las administraciones

Francisco Igea, médico de profesión y vicepresidente de Castilla y León por Ciudadanos durante lo peor de la pandemia, recuerda cómo el desorden irrumpió en las administraciones, especialmente durante las semanas en las que los casos comenzaron a multiplicarse y el Gobierno de Pedro Sánchez ordenó centralizar las compras de material a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) dependiente del Ministerio de Sanidad. “El mercado estaba completamente roto y el material no llegaba. Mientras, [el Ministerio de Sanidad] anuncia la posibilidad de incautar todo el material. Se hizo con buena intención, pero creo que eso espantó a los proveedores habituales”, dice Igea. Ante la escasez, Castilla y León logró hacer unas primeras compras por su cuenta, como el resto de comunidades y los grandes ayuntamientos, y, mientras el suministro llegaba, hizo un llamamiento público para pedir ayuda a empresas con el que consiguió equipos gratis.

La ausencia de reglas permitió que las empresas contratadas no tuvieran que demostrar solvencia o experiencia en proveer de dicho material, aunque algunas entidades (muy pocas) sí revisaron estos requisitos. Bajo ese paraguas se colaron, entre cientos de miles de contratos de mercancía dirigida a proteger contra el virus, algunos que no parecían enfrentar ninguna urgencia: como la concesión para la gestión de la televisión pública de Murcia a la misma empresa que venía haciéndolo antes (CBM), la gestión de una piscina en Meco (Madrid), compras de pistolas táser en Marbella y hasta el alquiler de tres camellos para la cabalgata de Reyes por parte del ayuntamiento canario de Icod de los Vinos.

Uno de estos contratos que colaron por la vía de urgencia fue el de una campaña de promoción turística en Ibiza llamada La vida aislados, que, de hecho, el PSOE ha pedido que se investigue en la comisión del Congreso. El director de Turismo insular, Juan Miguel Costa, fue acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación que incluyó la elaboración de un vídeo promocional con un presupuesto de 250.000 euros. Un juez desestimó la causa en febrero, pero todavía queda pendiente, como para muchos, la responsabilidad política de esta gestión.

Aún así, la gran mayoría de esos 6.445 millones en contratos de emergencia se destinó a medidas de protección, de los que unos 5.398 millones fueron para contratos de suministros, en su mayoría mascarillas y otros materiales (3.000 millones), seguidas de test, según datos de Civio. Uno de cada 10 euros que se adjudicaron se lo repartieron cuatro empresas, unos 637 millones. Las principales adjudicatarias fueron FCS Select Products, Hong Kong Travis Asia, Barna Import Médica —que ya se dedicaba a la venta de material sanitario — y la farmacéutica Abbott que ganó más de 111 millones gracias al mercado de los test de antígenos.

La compañía que más dinero obtuvo de esos contratos ni siquiera se dedicaba a asuntos sanitarios antes de la pandemia, sino al sector de bebidas energéticas con sede en Barcelona: FCS Select Products. El 23 de marzo, esta empresa firmó cuatro contratos el mismo día por un precio total de 217 millones de euros, una cuantía equiparable al fichaje más caro de la historia del fútbol, el de Neymar por el París Saint-Germain. Tras estos cuatro contratos, no ha vuelto a firmar con una administración española.

El administrador de FCS, Felipe Recio, contactado por EL PAÍS, explica que su empresa llevaba años presente en China, aunque se dedicaba a la exportación de diferentes productos: además de las bebidas, muebles y piezas de coches. La compañía estaba inscrita en el registro de la Cámara de Comercio de España en China y cuando surge la necesidad de comprar material sanitario, los interesados podían consultar qué empresas españolas estaban disponibles. “Quedamos cuatro gatos porque muchos empresarios españoles habían regresado a España cuando empezó la crisis sanitaria en China”, cuenta. “Las primeras 3.000 mascarillas se las vendí a una empresa catalana muy pequeñita. Hicimos cuatro o cinco ventas de este tipo antes del gran contrato del Gobierno”. Según Recio, uno de los empresarios con los que contactó en ese tiempo fue Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—, de la empresa Maxwell Cremona, con quien habló por teléfono. “Al principio simplemente me dijo, ‘te puedo conseguir tantas mascarillas para una empresa’, sin decir para quién. Nos presentó a Mape (una empresa sanitaria gallega) y desapareció”, señala Recio. Por esa gestión, poner en contacto a FCS con Mape para venderle mascarillas, Gonzalez Amador cobró dos millones (el 4,5% de la operación). En su declaración del Impuesto de sociedades de 2020 y 2021, González Amador intentó engañar a Hacienda simulando unos gastos que nunca tuvo, según reconoció el mismo.

De esta constelación de empresas que se beneficiaron de los contratos, la mayoría se dedicaban a una actividad económica alejada de la compra-venta o distribución de suministros sanitarios. Según un informe del Tribunal de Cuentas —que analiza las adjudicaciones que hicieron los ministerios del área económica y sus organismos autónomos— hay cientos de contratos con empresas sin experiencia en el área por la que fueron contratadas. Hyperin Grupo Empresarial, que firmó con el Ministerio de Sanidad por 3,3 millones de euros, para la adquisición de 144 dispositivos de ventilación, tenía un objeto social alejado de esos menesteres: “Fabricación de yeso para la construcción”. La Papelería J. Puy, ubicada en Barcelona, se dedicaba al suministro de material de oficina, pero consiguió dos contratos de compra por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, desinfectante y kits de limpieza por casi 264.000 euros (sin IVA).

Pese a que cientos de empresas adjudicatarias no se dedicaban antes de 2020 al ramo, esta realidad se ha utilizado como dardo político para desacreditar la gestión de determinados Gobiernos regionales durante la pandemia. El Gobierno balear (del PP) dejó caducar un expediente de devolución del dinero (2,7 millones de euros) por un lote de mascarillas defectuosas —vendidas por la empresa vinculada a la trama Koldo, Soluciones de Gestión— y ahora pretende iniciar un proceso judicial para reclamar el dinero bajo el argumento de que la anterior presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, compró ese material a una empresa que carecía de la solvencia necesaria y no era especialista en este negocio. El motivo alegado ahora por el Gobierno popular de Baleares serviría para anular cientos de contratos adjudicados por todo tipo de instituciones durante lo peor de la pandemia.

Esto lleva a otra de las claves del escándalo. La entrada de empresarios e intermediarios que, ante la falta de controles en el sistema de contratación, buscaron hacer el negocio de su vida y algunos lo consiguieron. “Hubo mucha gente comprometida [con la idea de ayudar] y también muchos especuladores”, relata Igea, que afirma, con cierta satisfacción, que en su Gobierno supo frenar los “contratos leoninos” y abusivos.

—¿Cómo conseguían diferenciar un especulador del que no lo era?

—Buscando las especificaciones, el origen, las características técnicas y, a la vez, con un precio que es razonable. Comparando. Ninguno de los precios era el habitual previo a la pandemia. Hicimos públicas todas las compras y se abre en el portal una visualización que se asegura que la gente va a salir retratada. Siempre hace que la gente sea más prudente. La transparencia jugó a favor nuestro.

Publicar los contratos no fue suficiente para frenar la especulación, tampoco ayudó el excesivo tiempo que tarda el contrato desde su firma hasta que se cuelga en el Portal de Transparencia. Los contratos de emergencia se demoraron de media 43 días, casi el triple de los 15 que marca la ley, según datos de la investigación de Civio.

Las comunidades autónomas no debieron tener en cuenta las cautelas que cita Igea porque en muchas de ellas se llegaron a pagar precios que suponían el triple o incluso más del triple de lo que se pagó en otras administraciones por el mismo material comprado en las mismas fechas y en el mismo país, China.

Un lugar de encuentro de las diferentes administraciones públicas fue el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Debido a la pandemia, de hecho, las reuniones de este organismo se multiplicaron en 2020, pasando de 81 a 236 ese año. En su memoria anual de actividades detalla cómo el “aumento significativo de los precios de todos los productos y equipos sanitarios” y las consecuencias del desabastecimiento fueron varios de los puntos que se trataron de manera recurrente. Así describe la situación que vivían las diferentes entidades públicas: “Se han introducido cambios significativos en estos mercados, tanto por el lado de la oferta (empresas que han reorientado su actividad) con una exigencia del pago por adelantado (incluso para compras de gobiernos) y venta de líneas de producción para un suministro periódico, como por el lado de la demanda (todos los países comprando los mismos productos en las mismas fábricas), empujando los precios al alza”. Una cuestión abierta y que aún no ha salido en la comisiones de investigación del Senado y el Congreso es cómo las diferentes autonomías hacían frente a las especulaciones, si intercambiaron mecanismos internos de control y si ponían en común en estas reuniones los precios a los que pagaban las mascarillas, guantes y demás elementos de material sanitario.

La doble avaricia: fraudes millonarios a la Hacienda Pública

Un fiscal anticorrupción que investigó algunas de las ventas de mascarillas bajo sospecha sostiene que “la avaricia no es delito” y que la mayoría de los enormes negocios que algunos hicieron en pandemia a costa del dinero público no puede tener reproche penal. Hubo empresarios que, en lo peor de la pandemia, aprovecharon la escasez de material de protección para cobrar a las administraciones públicas tres o cuatro veces más del precio al que adquirían ese bien tan preciado en China. Pero ese enriquecimiento de algunos fue legal porque las reglas sobre contratación habían sido suprimidas en los primeros meses de la pandemia. “Los delitos tradicionales de la contratación pública en estos casos eran imposibles de aplicar. Puedes tener la intuición de otros delitos, pero son más fáciles de ocultar. Te quedas con una sensación de frustración porque puedes intuir mordidas, pero no es fácil demostrarlas”, señala a EL PAÍS uno de los fiscales que investigó estos hechos.

La única vía para encajar estos comportamientos en algunos tipos de conductas ha sido el delito fiscal de quienes, además de aprovechar la situación para hacer el negocio de sus vidas, no quisieron pagar a Hacienda la parte correspondiente de sus beneficios millonarios logrados gracias a una situación excepcional sin reglas. “Eso es algo habitual también. El delito fiscal sirve para redondear la conducta depredadora”, agrega el fiscal. Esa doble avaricia —cobrar precios muy por encima de los márgenes habituales en este tipo de negocios y engañar a Hacienda para no abonar los impuestos correspondientes— ha destapado algunos de los casos más escandalosos relacionados con la compra de mascarillas en pandemia.

La Fiscalía se ha querellado por delito fiscal contra, al menos, una decena de empresarios que, tras lucrarse con la venta de material sanitario, idearon fórmulas para pagar menos impuestos de los que les correspondían.

'Caso Luceño y Medina': Declaración del impuesto de sociedades con una sociedad creada después

Alberto Luceño y Luis Medina contactaron con responsables municipales encargados de la adquisición de material anticovid a través de un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y lograron colocas mascarillas, guantes y test anticovid por más de 12 millones de euros, de los que ganaron seis millones en comisiones (cinco para Luceño y uno para Medina). La Agencia Tributaria examinó la situación fiscal de Alberto Luceño y descubrió que había declarado esos beneficios en el impuesto de Sociedades vinculado a una empresa de su propiedad que ni siquiera existía cuando logró el contrato. La Agencia Tributaria consideró que Luceño debía haber declarado sus beneficios en el IRPF y le imputa un delito fiscal por 1.350.000 euros.

Víctor de Aldama: Fraude por no declarar como IRPF las comisiones del 'caso Koldo'

El empresario Víctor de Aldama mantenía una relación intensa con el ministerio de Transportes y se ofreció a conseguir mascarillas en lo peor de la pandemia. Para ello, Aldama contactó con un grupo empresarial que facilitó una sociedad inactiva —Soluciones de Gestión— y su solvencia financiera para hacer ese trabajo. Por todas sus gestiones, Aldama ganó 5,5 millones de euros que declaró como Impuesto de Sociedades. La Agencia Tributaria consideró que Aldama debería haber declarado sus beneficios como IRPF y calculó un fraude fiscal de 1.834.000 euros. La fiscalía denunció así el fraude: “Aldama no puede ocultar sus actuaciones personales como si realizara una actividad empresarial compleja. Su trabajo fue asesorar personalmente, conseguir el contrato o conseguir mascarillas y su transporte con intermediarios y eso, en las condiciones expuestas, entiende esta inspección que solo se puede tributar en el IRPF”.

Alberto González, pareja de Ayuso: Dos millones en comisiones y dos delitos fiscales

Los inspectores que analizaron las declaraciones fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no consideraron que los dos millones de euros que ganó por lograr un cliente para la empresa FCS fuera un trabajo de asesoramiento personal que se debía tributar en el IRPF. Aceptaron que González Amador declarara esos beneficios en el impuesto de Sociedades pero se consideraron engañados por los gastos que la pareja de Díaz Ayuso incluyó para pagar menos impuestos. Tras confesar los engaños, la Agencia Tributaria concluyó que González Amador había cometido dos delitos fiscales por 350.000 euros. La Fiscalía se querelló contra el empresario, imputado por este motivo.

'Caso Las Palmas': Fraude y posible corrupción

La Fiscalía Provincial de Las Palmas presentó hace varios meses una querella por la supuesta comisión de seis delitos contra la Hacienda Pública contra varios empresarios, entre ellos el actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez; y un ex alcalde del PP, Lucas Bravo de Laguna, entre otros. Ambos ganaron cerca de nueve millones de euros por supuestas gestiones para que otra empresa lograse contratos del Gobierno canario para suministrar material anticovid. por 21 millones de euros Los inspectores de Hacienda denuncian que ambos empresarios, que interpusieron “artificiosamente una persona jurídica [una empresa]” para declarar en nombre de ella los beneficios y se acogieron a un instrumento (la Reserva para Inversiones en Canarias) que les permitía reducir al máximo el pago de impuestos. La Fiscalía sostiene en su querella que junto al delito fiscal podrían “concurrir indicios de blanqueo de capitales, corrupción y malversación”: “El abono de tan importantes cantidades sin que media la prestación de servicio alguno, para los que además carecían de los medios personales y/o materiales necesarios careciendo todos ellos de experiencia en el sector sanitario, abonan la tesis de que nos encontremos ante el pago de comisiones ajenas de todo punto a un verdadero negocio jurídico lílícita de las que las mismas pudieran derivar”.