El juez abre una batalla contra el fiscal en el caso sobre Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado, que abrió en abril una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ejecutado un inusitado movimiento en las últimas horas. El instructor ordenó este jueves que se redacte un “informe” sobre la frecuencia con que el fiscal del caso acude al juzgado para conocer las “resoluciones que se dictan” en estas pesquisas, “incluso antes de ser notificadas”. Peinado justifica esta petición ante “las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante” del ministerio público. Pero fuentes de la Fiscalía se quejan de que esta ha sido la única forma de conocer importantes decisiones adoptadas, ya que el magistrado no les ha notificado algunas —como la apertura de la propia causa— hasta después de haberse publicado en la prensa.

Con esta iniciativa, el juez Peinado emprende una batalla con la Fiscalía, en cuyo seno existe malestar por el proceder del magistrado desde la apertura de la causa contra Begoña Gómez. El magistrado abrió las diligencias mediante un auto dictado el 16 de abril; pero, según fuentes de la acusación, no se le notificó al ministerio público hasta la tarde del 24 de abril, cuando el caso había sido ya desvelado por los medios de comunicación. Esta misma semana ha ocurrido lo mismo, según fuentes fiscales: se enteraron por la prensa de que el instructor había citado a declarar a seis testigos los próximos 6 y 7 de junio.

Sin embargo, el magistrado ha dictado una resolución este jueves cargada de reproches hacia el ministerio público, que ya recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid la admisión a trámite de la denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, origen del procedimiento. El texto firmado por Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, critica “las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte” del fiscal, así como su “inhabitual actitud procesal”.

En esa línea, el instructor echa en cara a la Fiscalía “lo singular de la interposición del recurso de apelación de manera casi automática contra el auto de incoación [apertura] de las presentes diligencias”, aunque admite que tiene “pleno derecho” a ello. Y, a su vez, censura la supuesta “insistencia” del ministerio público “en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse”: “Sin perjuicio de que están siendo notificadas por el cauce habitual”, según expone la resolución de Peinado, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y donde se ordena al letrado de la Administración de Justicia del juzgado que elabore ese “informe” sobre las visitas del fiscal.

El magistrado abrió diligencias el 16 de abril por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras recibir por reparto una denuncia de Manos Limpias —que consistía en una simple enumeración de titulares de prensa— sobre distintos trabajos profesionales desempeñados por la mujer de Sánchez. Lo hizo antes de recabar la opinión de la Fiscalía. Y, según fuentes de la instrucción, aunque el juez aún no ha llamado a Begoña Gómez a declarar como imputada, le otorgó desde el primer día la condición de “investigada” para “evitar su indefensión” en el caso, pudiendo así nombrar un abogado que la represente.

Según estas mismas fuentes, desde el arranque de la causa, que se declaró secreta ese mismo 16 de abril, el juez apunta la investigación contra Begoña Gómez como “posible partícipe” de los hechos, y no ha descartado que las pesquisas acaben dirigiéndose contra otras personas. Entre otras iniciativas, el magistrado pidió igualmente un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según avanzó EL PAÍS, este ya le remitió un análisis de casi 120 folios (más varios anexos documentales) que concluye que no ha encontrado, de momento, indicios de tráfico de influencias. Pese a ello, el magistrado impulsó esta semana la causa con la citación de seis nuevos testigos. Y este jueves pidió a la Policía Nacional que le “remita una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI” de la mujer del presidente del Gobierno, “visto el estado de las presentes actuaciones”.