Familiares de las víctimas del incendio de las discotecas de Murcia piden que se investigue a los responsables por homicidio doloso

Los familiares de dos de las trece personas que el pasado 1 de octubre de 2023 fallecieron en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia han presentado este viernes una querella en la que piden que los tres responsables de Teatre, la sala en la que se originó el fuego, sean investigados por homicidio doloso en calidad de “dolo eventual”, y no por “homicidio imprudente”, como hasta ahora. El cambio en el delito supondría un aumento sustancial de las penas en caso de resultar culpables: el homicidio imprudente implica condenas de entre 1 y 4 años de cárcel, que pueden llegar hasta los 9 en casos muy graves o con muchas víctimas. En el caso del homicidio doloso, la pena impuesta, también de 1 a 4 años, se multiplica por el número de víctimas mortales, trece en este caso, según explica a EL PAÍS el abogado de estos familiares, Pedro López Graña.

La diferencia entre uno y otro delito, según detalla, es que en el imprudente no había un conocimiento previo de una situación que entrañase un peligro de muerte, mientras que en el segundo, sí: el supuesto culpable debía tener “una representación mental de que puede ocurrir algo”. Y, para López Graña, tanto el propietario de la discoteca, Marcos M., como su gerente, Juan I., y la responsable de la sala la noche en que se produjo el siniestro, Eva M., “tenían conocimiento de que algo podía pasar, sabían de la posibilidad de un peligro, pero la asumían” sin hacer nada para evitarla, lo que les llevaría a incurrir en ese “dolo eventual”. Estas tres personas están actualmente investigadas en el procedimiento abierto por homicidio imprudente y ya han declarado ante la jueza en la fase de instrucción, en la que trataron de desplazar toda la responsabilidad hacia el propietario de la máquina de fuegos fríos que los investigadores consideran que provocó el incendio.

En la querella, los familiares se refieren al uso de esa máquina, cuyos componentes químicos habrían reaccionado al contacto con la humedad. Los responsables de la sala, señalan en la denuncia, conocían que la discoteca tenía filtraciones de agua y goteras, llegaron a pedir presupuestos para arreglarlas, pero nunca lo hicieron, por lo que conocían previamente esas circunstancias de peligro. Además, tal y como apunta la investigación, la sala incumplía numerosas medidas de seguridad: no había conexión con la red eléctrica, sino que se abastecían con un generador, lo que hizo que la luz se fuera durante el incendio quedando las salas a oscuras y dificultando la evacuación; las salidas de emergencia estaban bloqueadas, y no se impartía formación en prevención de incendios al personal. De hecho, nadie de Teatre avisó del incendio a Fonda Milagros, donde la evacuación comenzó con el fuego ya completamente descontrolado. Allí fallecieron las trece víctimas y los investigadores consideran que los tres minutos transcurridos entre la evacuación de una y otra discoteca fueron esenciales en ese desenlace. En ese sentido, los querellantes piden también que se investigue por homicidio imprudente al jefe de seguridad de Teatre, que hasta ahora no figura entre los investigados. Mantienen también esa acusación de homicidio imprudente para los otros tres investigados en el caso: el responsable de Fonda Milagros, el DJ que organizó la fiesta que la noche del incendio se celebraba en Teatre, y el propietario de la máquina de fuegos fríos que se utilizó durante la fiesta. La querella pide también que se investigue la posible responsabilidad civil del Ayuntamiento de Murcia. “La jueza, de momento, no atribuye [al Consistorio] ningún tipo de responsabilidad, y para nosotros la tiene, indudablemente”, ha indicado el letrado, que recuerda que la administración local había cursado una orden de cese de actividad contra Teatre, que no se había ejecutado. Administrativamente, solo existía esa discoteca, que compartía una misma nave industrial con Fonda Milagros, separadas por una pared de pladur. El responsable de esta sala explicó a la jueza que alquilaba el espacio directamente a los responsables de Teatre quienes, a su vez, tenían arrendada toda la nave. Además, en el expediente administrativo de la discoteca, constan diversas inspecciones técnicas y de seguridad, y el abogado quiere que se investigue si hubo comunicaciones entre funcionarios y jefes de servicios municipales y los responsables de la sala, que permitieron que el local, muy conocido en Murcia y ubicado en una popular zona de ocio, Atalayas, siguiera funcionando a pesar de los incumplimientos. En este caso, las familias consideran que las penas que debería asumir la administración serían económicas y complementarían a los seguros, que ofrecen una cobertura “muy modesta” teniendo en cuenta el número de víctimas mortales. El pasado mes de marzo, familiares de otras dos víctimas mortales del incendio ya se querellaron también contra dos concejales y tres funcionarios por su supuesta implicación a la hora de mantener abiertas las salas.