El Gobierno y Canarias sellan el reparto de menores migrantes a pesar de la resistencia de las comunidades

El Gobierno central y el de Canarias han terminado de cerrar este martes el modelo con el que, por primera vez, serán distribuidos de forma obligatoria por toda España los menores extranjeros no acompañados. La nueva fórmula vendrá definida en un nuevo artículo de la Ley de Extranjería y se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida de menores migrantes. La reubicación se hará teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo que ya habían aprobado las comunidades autónomas para repartos voluntarios y pequeños. La nueva medida, pensada para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla en situaciones de emergencia, viene acompañada de una dotación económica —inicialmente eran 125 millones de euros— a repartir entre los territorios acogedores.

El plazo de entrada en vigor de esta medida está por definir. La mayoría de las comunidades autónomas no respalda el acuerdo y aunque el Gobierno no necesita su visto bueno para cambiar la ley, sí tiene que negociar con Canarias cuál será la vía para su aprobación. El Gobierno de las islas pide que sea a través de un real decreto-ley para que se aplique en cuanto lo apruebe el Consejo de Ministros, aunque luego tenga que ser convalidada por las Cortes, mientras que el Ejecutivo central quiere que sea mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios, aunque requiera más tiempo hasta su votación.

Canarias tiene prisa. Ahora mismo acoge a más de 5.000 menores migrantes cuando su capacidad máxima es de 2.000. También Ceuta y Melilla requieren apoyo, con centenares de plazas ocupadas, por encima de sus posibilidades. Pero el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, busca forzar el apoyo del PP, que gobierna en el archipiélago con Coalición Canaria. “Una vez conseguidos esos apoyos parlamentarios que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial para tener el texto definitivo”, explicó Torres a EL PAÍS. La apuesta por la proposición de ley que quiere el Gobierno central deja la pelota en el tejado del presidente de Canarias, Fernando Clavijo: los populares en las islas apoyan este acuerdo porque los beneficia, pero no está tan claro que los respalden a escala nacional. Si la aprobación acaba dependiendo de las Cortes, Clavijo tendrá que conquistar el sí de los populares. El Gobierno de Canarias ha declinado valorar el acuerdo.

Una vez en vigor, está previsto que las medidas del plan puedan aplicarse en menos de un año. Esto supone, entre otras cosas, que los traslados a otras comunidades autónomas se ejecuten de 15 días a contar desde la inscripción, un plazo extremadamente rápido, teniendo en cuenta que en ensayos anteriores el proceso puede dilatarse más de un año para cupos de apenas unas decenas de niños.

El acuerdo supone un hito. Llega tras varios intentos en los últimos años para que la acogida de menores migrantes no se concentre en unos pocos territorios, pero ninguno de ellos era obligatorio y fracasaron en su objetivo de aliviar a las comunidades de llegada y mejorar su atención. También se han firmado acuerdos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para reubicar en dos años a menos de un millar de niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta, pero el propio texto del acuerdo considera esta fórmula insuficiente. El documento ahora firmado, a cuyo texto ha tenido acceso EL PAÍS, viene a decir que, en determinadas circunstancias, se debe pasar de la cooperación a la obligatoriedad: “La actual situación migratoria y la necesaria prevalencia del interés superior del menor hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte del Estado”.

Los parámetros con los que se decidirá a qué comunidades irán los menores fueron consensuados entre todos los territorios en la Conferencia Sectorial de Infancia cuando se pactaron repartos voluntarios anteriores. A través de un sistema de puntos, se tiene en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo que cada comunidad emplea en la acogida de menores extranjeros y la dispersión de la población. Según estos criterios y un borrador inicial del posible reparto del mes de abril, la región que tendría que desplegar más nuevas camas sería La Rioja, con 285, seguida de que podría tener que desplegar 285 nuevas camas. Tras ella, destaca Cataluña (191), Madrid (187) y Andalucía (186).

Rechazo mayoritario

Estos números, desvelados por EL PAÍS, despertaron malestar en las comunidades, sobre todo del PP. Y el problema ahora es que el plan, que beneficiaría a Canarias, Ceuta y Melilla, cuenta con el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas que se niegan a asumir la acogida de grandes cupos de menores. Este mismo martes, tras conocerse el acuerdo, se reunían los representantes de infancia autonómicos con el ministerio del ramo, y mostraron su falta de apoyo. Según fuentes presentes en la reunión, todas las comunidades, excepto el País Vasco y las tres del PSOE, han rechazado incluso un reparto voluntario de unos 400 niños que estaba ya casi cerrado a falta de su aprobación definitiva este martes y han acusado al Gobierno de “deslealtad institucional”. De momento, se ha acordado crear un nuevo grupo de trabajo para debatir cambios en los criterios de reparto.

Buena parte de las quejas de los últimos meses han insistido la “unilateralidad” con la que se pretende imponer este modelo, negociado a solo dos bandas, y la dificultad de los territorios para asumir en tan poco tiempo la acogida de tantos menores. “Nos inquieta que sea un traslado obligatorio porque hasta ahora ofrecemos plazas en función de nuestra capacidad. Para dar calidad en la estancia necesitamos un recurso habilitado y tener una financiación estable, no solo para el primer año, porque los menores no vienen un año y se van”, explicaron fuentes responsables de este ámbito en Castilla-La Mancha.

Otra de las reclamaciones, compartidas por varias comunidades, es el “descontrol” en el traslado de supuestos migrantes adultos desde Canarias a la Península. Aunque salieron de las islas como mayores de edad, una vez instalados en diferentes ciudades se ha decretado su minoría de edad, lo que ha obligado a las comunidades a asumir su tutela en sus centros de acogida. Fuentes de la Junta de Andalucía han esgrimido ese hecho a la hora de valorar el pacto del Gobierno con Canarias. “Se debería tener en cuenta el trasladado por el Gobierno de menores migrantes procedentes de Canarias que llegan camuflados como adultos, son ya más de 400 y están colapsando nuestros recursos de atención”, mantienen. Andalucía, recuerdan las mismas fuentes, sigue siendo puerta de entrada de menores migrantes, más de 500 desde 2023, aseguran. “Por eso hemos pedido siempre un plan de respuesta coordinado, planificado y con financiación”, defienden.