El PSOE aprovecha la sentencia del TC sobre los ERE para acusar al PP de “llegar al poder a lomos de una gran mentira”

Los diputados socialistas y miembros de la ejecutiva regional del PSOE andaluz, Mario Jiménez y Josele Aguilar, han esgrimido este jueves la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la anulación parcial de la condena por prevaricación en el caso de los ERE de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez para acusar al PP de “llegar al poder cabalgando sobre una inmensa mentira” y con “una cacería política para llegar al gobierno”. La decisión de la mayoría progresista del tribunal de garantías dando la razón en parte a la exconsejera, ha empezado abrir un debate en esa formación para reivindicar la gestión de los altos cargos socialistas condenados —entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán― y sacar la cabeza en un asunto que ha lastrado a este partido por la corrupción en la etapa socialista en la Junta de Andalucía.

Jiménez y Aguilar han aprovechado la comparecencia del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en comisión parlamentaria para blandir la sentencia del alto tribunal sobre uno de los recursos de los acusados por los ERE. “Es una inmensa conspiración y usted estuvo en lo que se hizo y para lo que se hizo, para llegar al poder cabalgando sobre una inmensa mentira, sobre una aberración jurídica de que el Gobierno prevaricó aprobando una ley del Parlamento. Se ha acabado una parte muy importante del discurso y la legitimación falsa con la que llegaron a la Junta de Andalucía”, ha dicho Jiménez cuando, en teoría, preguntaba al consejero por la programación normativa de la Junta.

Jiménez ha acusado a Juan Manuel Moreno de llegar a la presidencia de la Junta con “dos males: una cacería de personas decentes y llegar de la mano de la extrema derecha”. Y ha remachado: “Está en tela de juicio sus cacerías democráticas”.

El diputado socialista ha acusado al Gobierno andaluz de emprender una “cacería contra los magistrados del Tribunal Constitucional” y ha tildado de “bocazas” al portavoz del Ejecutivo autónomo y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, al relacionar días antes de conocerse la sentencia la estimación parcial del recurso de Magdalena Álvarez con las palabras de apoyo que le dedicó Pedro Sánchez en un mitin de las elecciones europeas en Benalmádena. Los socialistas han planteado una queja al Consejo General del Poder Judicial para que llamen al “orden” al portavoz.

También el socialista Josele Aguilar, secretario de Comunicación Política del PSOE andaluz, ha preguntado a Sanz por qué la Junta sigue pagando las prejubilaciones de los ERE, alrededor de 35 millones de euros de los 670 millones con los que estaba dotado el fondo de ayudas a trabajadores y empresas en crisis y que el PP considera es un dinero “robado”, a los parados. La sentencia de la Audiencia de Sevilla asegura que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz, que gobernaba la Junta, urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones de euros que, en medio de un “descontrol absoluto”, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la “paz social”.

“Llegaron al Gobierno a lomos de una gran mentira, del caso de los ERE y de la mano de la ultraderecha. Hoy se les cae el montaje, han causado un inmenso dolor. Respeten las resoluciones judiciales, cuando les guste y cuando no les guste”, ha reiterado Aguilar, que también preguntaba Sanz sobre otras cuestiones.

El ahora consejero de la Presidencia, durante su etapa como secretario general del PP, dirigió políticamente la acusación particular contra los ex altos cargos socialistas. Desde esa posición, Sanz fue de los dirigentes populares más duros contra la cúpula del PSOE andaluz, aunque ahora evita meterse en esos charcos por su posición institucional. No obstante, Sanz ha dicho: “Lo que nosotros no vamos a hacer es robar 700 millones de euros de los parados andaluces. No van a poder borrar el pasado de corrupción en Andalucía. A la gente no se le olvida el robo de 700 millones. No vamos a permitir que el mayor caso de corrupción de la democracia quede impune”. Sanz ha recordado que aún quedan abiertas 100 causas por los ERE y ha subrayado: “Pase lo que pase nadie va a quitar que el mayor caso de corrupción llegó de la mano del PSOE”.

La defensa de Álvarez solicitó la anulación de su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación, pero el Constitucional ha admitido solo la tesis de la Fiscalía que consideraba que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo habían realizado una interpretación excesiva de este delito en cuanto al ejercicio de la iniciativa legislativa, es decir su participación como consejera de Economía de la Junta de Andalucía en la elaboración de los Presupuestos autonómicos que se votaron en el Parlamento. El tribunal de garantías sí ha mantenido la condena por prevaricación para el caso de las modificaciones presupuestarias que se realizaron en el seno del Consejo de Gobierno.

En su informe enviado al Constitucional, la Fiscalía también considera que deben rechazarse las alegaciones dirigidas contra las condenas por malversación, un delito que implica penas de cárcel, y por los que están condenados 10 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán.