El Partido Popular sigue sin fijar una posición común entre sus comunidades autónomas sobre el reparto de los 5.500 menores migrantes irregulares que tutela Canarias. El PP, que cogobierna en las Islas con Coalición Canaria, mantiene todavía la incógnita pese a la reunión celebrada este miércoles en el Congreso entre el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo (CC), el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), y Miguel Tellado, portavoz parlamentario popular.

El encuentro, de hora y media de duración, era clave para determinar si la modificación legislativa que defienden al unísono los Gobiernos central y canario para cambiar la Ley de Extranjería con el propósito de que las comunidades asuman de forma obligatoria la acogida de menores extranjeros no acompañados cada vez que un territorio se vea sobrepasado por las llegadas irregulares de migrantes —en lo que va de año han arribado a Canarias 19.000, frente a los 6.000 en el mismo periodo del año anterior— tendrá éxito o estará abocado al fracaso. Ambas partes han dejado claro que quieren que la negociación se resuelva en julio y el Ministerio ha convocado una conferencia sectorial de infancia y adolescencia que se celebrará la próxima semana en Canarias para poner en común el texto, establecer el reparto cuantitativo por territorios y con el anhelo de que la formación de Alberto Núñez Feijóo se pronuncie acto seguido.

“No hay fumata blanca porque no tenemos un acuerdo definitivo. El único grupo que ha dicho no es Vox”, ha explicado Clavijo en una comparecencia conjunta con Torres en el Congreso. “La postura del PP de Canarias es la que defiende el Gobierno canario y es una postura que han suscrito todos los partidos [en las islas] salvo Vox”, ha subrayado. El PP preside 11 comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia) además de las ciudades de Ceuta y Melilla y cogobernar en Canarias. Cada una tiene sus propios intereses, pero el plan impulsado por el Gobierno empuja a los populares a consensuar una posición entre territorios. Fuentes de Génova insisten en que primero se convoque a los consejeros del ramo antes de adoptar una decisión sobre el texto.

En la última conferencia sectorial, el rechazo de la mayoría de comunidades forzó la suspensión de la aprobación de un reparto de unos 400 niños que ya estaba pactado. Las quejas persisten, en cualquier caso, pues una mayoría de barones populares clama que sus sistemas de acogida ya están “colapsados” y exigen más fondos a Sánchez. A su vez, el Ejecutivo canario y el de Ceuta presionan a sus compañeros de partido. En medio de esas divergencias, el PP ha evitado hacer ninguna valoración pública de la reunión de hoy. La previsión es que, tras la conferencia sectorial de la semana que viene, los grupos parlamentarios se pronuncien sobre el sentido de su voto en la modificación de la ley. En paralelo, la mayoría de los socios del PSOE avalan la reforma de Extranjería para el reparto de menores después de que Clavijo y Torres mantuviesen también encuentros con sus portavoces durante toda la jornada de este martes.

Modelo inédito

El Gobierno central y el de Canarias cerraron el 11 de junio un modelo hasta ahora inédito con el que confían que se distribuya de forma obligatoria a los menores extranjeros no acompañados por toda España. Esta fórmula implica un nuevo artículo de la Ley de Extranjería y se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida de menores migrantes. Canarias tiene una capacidad máxima de acogida para 2.000 menores migrantes, una cifra que ahora mismo casi se triplica. La reubicación se haría en el resto de comunidades, que no sufren la misma presión migratoria, teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos. Se trata de un modelo que ya se había aprobado para repartos voluntarios y pequeños.

La nueva medida, pensada para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla en situaciones de emergencia, viene acompañada de una dotación económica —inicialmente eran 125 millones de euros— a repartir entre los territorios acogedores. El Ejecutivo central y el canario han encontrado un aliado en el presidente de Ceuta, Juan Vivas, el más veterano de todos los líderes territoriales, que defiende que “este asunto no puede estar sometido a la decisión que tome cada comunidad autónoma, hay que hacerlo de manera consensuada y a través de la ley”. El PSOE y CC también han superado sus diferencias en las islas: Torres ganó las elecciones del 28-M, pero cedió la presidencia autonómica a Clavijo por la alianza entre CC y PP.

El PP ha aprovechado la reunión para hacer matizaciones al texto que proponen el Gobierno central y el de Canarias sobre financiación y la declaración de emergencia para poder llevar a cabo con urgencia las actuaciones de contratación y adaptación de espacios. La Moncloa y el Gobierno canario tendrá en cuenta las propuestas de todos los grupos para la conferencia sectorial. “Nosotros planteamos una solución urgente ante una emergencia objetiva en un territorio. Este es un viejo anhelo de las comunidades autónomas, en 2018 le tocó a Andalucía [afrontar una crisis migratoria] y hoy a Canarias. La solución es una modificación legislativa, mediante un decreto ley o una proposición de ley de lectura única y urgente, y estamos más cerca que nunca”, ha observado el ministro de Política Territorial.