El historial de cesiones de Feijóo a Vox: un reguero de medidas que siguen vigentes

Ha sido la rama ultra de la alianza PP-Vox la que ha roto con su socio, y no al revés. Ha sido la extrema derecha quien ha fijado la línea roja —la acogida a los menores migrantes— que ha llevado a que los dos partidos de la derecha dejen de gobernar juntos en cinco autonomías, después de que los populares abrieran las puertas de las instituciones a Vox: primero con el Ejecutivo de coalición en Castilla y León, hace dos años, y desde el verano de 2023, con otros cuatro bipartitos: Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y la Región de Murcia. En total, la extrema derecha contaba con cuatro v...

Ha sido la rama ultra de la alianza PP-Vox la que ha roto con su socio, y no al revés. Ha sido la extrema derecha quien ha fijado la línea roja —la acogida a los menores migrantes— que ha llevado a que los dos partidos de la derecha dejen de gobernar juntos en cinco autonomías, después de que los populares abrieran las puertas de las instituciones a Vox: primero con el Ejecutivo de coalición en Castilla y León, hace dos años, y desde el verano de 2023, con otros cuatro bipartitos: Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y la Región de Murcia. En total, la extrema derecha contaba con cuatro vicepresidencias y 11 consejerías en esos territorios.

La ruptura, anunciada el pasado jueves por Santiago Abascal, líder del partido ultra, en una comparecencia sin preguntas, coge al PP con los Presupuestos de este año ya aprobados en todas esas regiones, lo que les dará cierta estabilidad al menos en los próximos meses, salvo que Vox y el PSOE se apoyasen mutuamente para tumbar iniciativas de los populares o en una moción de censura. Los barones autonómicos del PP, así como los dirigentes nacionales, saben, además, que esa ruptura, aun cuando ha sido Abascal quien la ha provocado, les beneficia en el sentido de que resta fuerza al discurso del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, ya que afecta a su principal motor de movilización electoral: el miedo a la ultraderecha. Pero los populares, y especialmente su líder, han dejado en este año de bipartitos —dos en el caso de Castilla y León— un reguero de contradicciones que continúan hoy.

El balance de esa relación muestra que ha sido el socio minoritario, la extrema derecha, quien más ha influido en el PP y no a la inversa. Lo evidencia el contraste de los programas electorales de los populares con los pactos de los gobiernos de coalición, o el hecho de que en comunidades donde el PP gobierna con mayoría absoluta, como Andalucía, promueva iniciativas contrarias a las registradas en las autonomías donde compartían el poder con Vox. La propia evolución del discurso de Alberto Núñez Feijóo refleja también esa progresiva influencia. En su primera intervención tras ser elegido líder de los populares, en abril de 2022, puso como ejemplo de “diferencia” con “otros partidos” su defensa del “bilingüismo cordial” - “Nosotros utilizamos las lenguas para unir, no para dividir”- y en septiembre de 2023 se refirió al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso como “karaoke”. En la reciente campaña electoral europea, vinculó la inmigración irregular, como hace a diario Vox, con la delincuencia: “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios”, afirmó.

El germen de esos acuerdos ahora rotos también evidencia que en la actitud del líder del PP ha habido más táctica que principios. No mucho antes, cuando aún gobernaba la Xunta de Galicia, el entonces presidente Feijóo criticaba a Pablo Casado por arrimarse demasiado al discurso de la extrema derecha: “Nos hemos equivocado en la estrategia. No hemos sabido parar a la derecha populista. No hemos sabido decirle a la gente que el PP no tiene nada que ver con Vox. A veces hemos cometido algún giro que parecía que íbamos a hacer un Gobierno con Vox y eso ha preocupado a mucha gente”. Pero fue finalmente Feijóo y no su predecesor quien hizo entrar a los ultras en los gobiernos autonómicos. Y es Feijóo quien el pasado viernes aseguraba que no se plantea romper con la extrema derecha en los 140 Ayuntamientos donde gobiernan juntos, o el que tras la ruptura con Vox habló de “avalanchas de inmigrantes irregulares”, dejándose arrastrar por el discurso ultra.

Los pactos autonómicos entre el PP y Vox eran muy similares entre sí porque, a menudo, las exigencias del partido ultra tenían más que ver con cuestiones ideológicas, lo que llaman “la batalla cultural”, que con las necesidades concretas de cada territorio. Incluían referencias a la inmigración, pero no específicamente al reparto de menores migrantes, una medida que, según Abascal, supone una estafa para sus votantes. Las líneas generales de esos acuerdos giran en torno al recorte de subvenciones a sindicatos y ONG; la derogación de la legislación en materia de memoria histórica; subvenciones a la caza y la tauromaquia; partidas para la defensa de la unidad de España; y, en algunos casos, la asunción del concepto de violencia “intrafamiliar” en lugar de “machista”, ya que para la extrema derecha la violencia no tiene género aunque sí raza.

Algunos de los titulares más llamativos de los efectos de esa alianza entre el PP y Vox han tenido que ver con la censura. En Valdemorillo (Madrid) el Ayuntamiento rechazó que se representara Orlando, un clásico de Virginia Woolf, alegando “problemas presupuestarios”; En Santa Cruz de Bezana (Cantabria), la misma coalición impidió, como ya habían hecho antes las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, la exhibición de la película infantil Lightyear, donde hay una escena de un beso entre dos mujeres.

Un año después de la conformación de la mayoría de esos bipartitos —que, según coinciden los analistas, le costaron al PP no poder gobernar tras las elecciones generales del 23-J, por la movilización de la izquierda ante el avance ultra— este es el balance, por comunidades, de los gobiernos de coalición PP-Vox:

Extremadura y el giro de Guardiola: de criticar a Vox a defenderlo

La líder del PP extremeño, María Guardiola, se resistió al principio a incluir a Vox en su Gobierno por “negar la violencia machista, deshumanizar a los inmigrantes y tirar a la papelera la bandera LGTBI”; solo unos meses después lo definía como “un socio fiable”, y el pasado viernes compareció junto al único consejero de la extrema derecha en la Junta, Ignacio Higuero, al frente de la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, para celebrar que este había decidido desobedecer a Abascal, darse de baja en Vox y conservar su puesto. “Ha dado un paso valiente y comprometido. En mi Gobierno no hay cordones sanitarios”, dijo Guardiola. Higuero no era diputado y, si abandonaba la Junta, perdía un sueldo de 76.000 euros al año. Él alegó que su formación había “cambiado las reglas a mitad de partido” y que eso no era “leal”.

Los Presupuestos pactados entre el PP y Vox en Extremadura redujeron en un 10% las subvenciones a los sindicatos y a la patronal; las ayudas a la cooperación en el exterior pasaron de 1,8 millones a 200.000 euros, y las que tenían que ver con los toros, de 86.000 euros en 2023 a 786.000 en 2024. Durante el reciente debate sobre el estado de la región, Vox criticó “el ecologismo radical” y “el fanatismo climático”, ya que, a su juicio, el cambio climático es “muy opinable”. El diputado de extrema derecha Javier Bravo se burló en estos términos de una línea de asistencia telefónica para casos de LGTBIfobia: “A lo mejor la asociación de bigotudos que fuman también quiere otro número de teléfono. Parece mofa, pero es cierto”. El mismo diputado advirtió al PP: “El canal temático para consultas jurídicas de víctimas de violencia va a ser que no”.

En el primer turno de réplica de los populares no hubo censura alguna de esas palabras. La línea telefónica fue aprobada gracias al apoyo de la izquierda. Durante el debate, el popular Laureano León afeó al PSOE que se negara a apoyar propuestas solo “porque las presenta Vox”. La propia Guardiola defendía así a la extrema derecha frente a la oposición: “Hablan de Vox como si hablasen de Otegi o Puigdemont. Es alucinante. Hay más extremeños que se identifican con Vox que con Podemos” .

Castilla y León, el conejillo de indias

El acuerdo se firmó en abril de 2022, en la transición entre Casado y Feijóo al frente del PP, pero bendecido por este último. El presidente autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco, tuvo que acostumbrarse a que le preguntaran si compartía las histriónicas opiniones de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, como que la “hipersexualización de la sociedad” era la responsable de la despoblación porque se olvidaba que “la principal finalidad del sexo es la procreación”. Mañueco se comprometió a mantener la ley contra la violencia machista y a hacerla coexistir con una nueva norma de “violencia intrafamiliar”, aunque esta no ha llegado a tramitarse.

Sí logró el partido de extrema derecha reducir en la comunidad las ayudas a sindicatos mientras se duplicaba la partida prevista para la tauromaquia, así como presentar un proyecto de ley de concordia para sustituir al decreto de memoria histórica de 2018, que llevaba la firma del presidente de entonces, Juan Vicente Herrera, del PP. El proyecto, según denunciaron tres relatores de la ONU, “invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial”. Tampoco ha llegado a tramitarse, por lo que los populares tendrán que decidir ahora si siguen adelante con ese plan que ya han aplicado en otras comunidades.

Comunidad Valenciana: reunión con hombres maltratados

En sus primeros meses en el cargo, la consejera de Justicia, Elisa Núñez, de Vox, se reunió con una asociación de hombres maltratados. El programa electoral con el que el PP se había presentado a las elecciones autonómicas de mayo prometía “reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer” e “impulsar en la televisión autonómica la adopción de códigos sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres y el tratamiento no sexista de los programas de entretenimiento y series destinadas a menores o adolescentes”. En el pacto con Vox, el PP adoptó el término “violencia intrafamiliar” en lugar de machista. La materia sobre “violencia de género” desapareció de los cursos que la Generalitat imparte a policías locales, quienes, en muchos casos, son los primeros en atender a las víctimas. En su lugar apareció otra asignatura: “violencia intrafamiliar”. Al denunciarlo el PSOE, el PP rectificó y dijo que había sido “un error”.

El Ministerio de Educación remitió una carta a la Generalitat valenciana el pasado junio alertándole de que debía modificar su normativa educativa porque no estaba respetando los criterios a la hora de ordenar las peticiones de matrícula, postergando el criterio de renta y eliminando, entre los motivos que deben dar puntos a los solicitantes, el hecho de ser víctima de violencia machista o de terrorismo. El pasado mayo, una huelga sacó a miles de profesionales a la calle en defensa de la educación pública y en contra de las “políticas regresivas de PP-Vox”. Los manifestantes cantaban “más educación y menos tauromaquia”, criticaban el fomento de la escuela concertada y el distrito único como “una forma de hacer guetos” y censuraban el intento de reducir la enseñanza del valenciano.

Un día antes de la ruptura anunciada por Abascal, ambos partidos aprobaron la ley de concordia, que sustituye a la legislación de memoria anterior y que, como denunciaron los relatores de la ONU, “desvirtúa el objetivo de atender las necesidades y derechos de las miles de víctimas del franquismo”. Tal promesa no aparecía en el programa electoral de Mazón; se incluyó como exigencia de Vox en el pacto de Gobierno.

Aragón, la primera en derogar la ley de memoria

En la comunidad presidida por el popular Jorge Azcón las ayudas para la cooperación al desarrollo pasaron, tras el pacto con Vox, de 6,2 a 1,4 millones. El pasado 30 de enero, el Consejo de Gobierno dio luz verde a un gravamen sobre las instalaciones eólicas y fotovoltaicas. La formación de extrema derecha logró que se eliminara de los Presupuestos una partida de 56.000 euros destinada a promover el aragonés y el catalán.

Aragón también fue la primera comunidad en derogar la ley de memoria. Los portavoces del PP y de Vox presentaron el plan un 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Tras criticar la ONU la derogación de la ley, Azcón envió al presidente de Naciones Unidas, Antonio Guterres, una carta justificándose que contenía imprecisiones y mentiras, como que la norma abolida amparaba solo a las víctimas de un bando. El pasado 3 de julio, el Gobierno bipartito aprobó su plan de Concordia, sin referencia alguna al franquismo. “Todo el mundo sabe quiénes son los que están en las fosas. No hay que ser muy perspicaz”, dijo la consejera de Presidencia para justificar la falta de alusiones a la Guerra Civil.

El presidente aragonés tampoco vio necesario cesar a dos altos cargos de Vox que años atrás habían alabado al dictador en sus redes sociales: Esmeralda Pastor, directora general de Justicia, quien había subido a su perfil de Facebook una foto con la bandera preconstitucional de fondo; y Jorge Valero, responsable de Caza y Pesca, que llegó a afirmar: “Franco evitó que los rojos siguieran violando y matando monjas”.

Murcia y la partida patriótica

El acuerdo entre ambos partidos en la Región de Murcia preveía un recorte del 25% en las ayudas a los agentes sociales y una partida de 100.000 euros “para la defensa de España”. Cuando se le preguntó en qué consistía, el líder del partido ultra en la región, José Ángel Antelo, explicó que serviría para financiar movilizaciones y recursos judiciales contra el Gobierno central. “Y si hiciese falta más dinero”, añadió, “se pondría”. El PP aclaró posteriormente que no se destinaría a eso. La misma cifra se puso para crear “un nuevo programa de eliminación de cualquier tipo de violencia en el ámbito del hogar”.

Baleares: supresión de la Oficina de lucha contra la corrupción

En Baleares el PP gobierna en solitario, pero hasta la ruptura, lo hacía con el apoyo externo de Vox tras pactar 110 medidas en común. Ambos partidos acordaron, en el trámite de Presupuestos, eliminar las subvenciones a sindicatos y patronal, mientras destinaban 200.000 euros al refuerzo de la plantilla de inspectores educativos para “asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamiento en las aulas”; otros cinco millones de euros para combatir la eutanasia y un millón de euros para la creación de una oficina antiokupación. El PP y Vox también pactaron la supresión de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, calificada por el partido ultra como “chiringuito”. El organismo permitía registrar denuncias anónimas sobre irregularidades administrativas que se investigaban posteriormente.

El PP entregó la presidencia del Parlamento balear a Gabriel Le Senne, miembro de Vox que cuestiona el cambio climático y la violencia machista —”Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”, había escrito en Twitter en 2020, según él, en respuesta irónica a una afirmación de una concejal de Podemos— y que defiende la teoría del gran reemplazo, según la cual hay una operación en marcha para sustituir a los blancos católicos de Europa por africanos musulmanes. El pasado junio, Le Senne arrancó la fotografía de varias mujeres fusiladas por el franquismo del atril de una diputada socialista, alegando que la Mesa del Parlamento debía ser neutral. Lo hizo durante un pleno en el que, con los votos del partido de extrema derecha y los del PP, se aprobó la toma en consideración de una proposición para derogar la ley autonómica de memoria. “A mí lo que me sacó de mis casillas, y pido disculpas por eso, por haber perdido los estribos, fue que no siguieran mis instrucciones”, dijo después, refiriéndose a su actitud. El PSOE balear ofreció sus votos al PP para echarlo de la presidencia del Parlamento. Los populares rechazaron la propuesta. Este viernes, sin embargo, tras la ruptura anunciada por Abascal, la presidenta regional, Marga Prohens, aseguraba que lo lógico es que Le Senne renuncie al cargo, porque su nombramiento era parte de los acuerdos de gobernabilidad.