“La condena a Griñán y Martínez Aguayo era injusta. No conocieron que se estaba cometiendo fraude”

Manuel Gómez fue Interventor General de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, los años del escándalo de los ERE -las ayudas públicas a empresas en dificultades aprobadas por los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán que desencadenaron un fraude multimillonario-. Emitió informes que alertaron sobre el inadecuado mecanismo aprobado para conceder las ayudas por la imposibilidad de llevar a cabo el necesario control del gasto. Esas alertas se convirtieron en la clave de las acusaciones tanto de la juez instructora, como de la Fiscalía y los tribunales que juzgaron los hechos (Audiencia Provincial y Tribunal Supremo) para condenar a la cúpula del Gobierno socialista andaluz.

Gómez estuvo procesado y la fiscalía llegó a pedir seis años de prisión para el exinterventor general por malversación. Pero salió absuelto desde el primer juicio. Ahora reflexiona para EL PAÍS sobre todo lo ocurrido.

Pregunta ¿Cuándo se utilizó la fórmula de la transferencia de financiación para ayudar a empresas en crisis y no se decidió abrir una línea de subvenciones... nadie le pidió opinión al interventor general de la Junta de Andalucía? ¿Y usted, al enterarse de que esa otra fórmula se había aprobado, hizo algún tipo de informe recomendando no utilizarla y utilizar la de las subvenciones, que era la adecuada?

Respuesta. Efectivamente, nadie le pidió opinión a la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el modelo para financiar las ayudas de los ERE mediante transferencias de financiación. Ni se le comunicó en el momento de ponerlo en práctica. Tomamos conciencia del modelo a partir de 2003, a través de las auditorías que hacíamos del Instituto de Fomento de Andalucía, que era la caja pagadora. Desde el principio advertimos de que se trataba de un modelo inadecuado, así como de algunas de las consecuencias que podría acarrear este modelo con controles muy debilitados o inexistentes, y plasmamos esas conclusiones en las auditorías que comunicamos a sus destinatarios, entre ellos, tres miembros del Gobierno de la Junta.

P.. Lo que no pudieron saber en ningún momento es que esa línea de ayudas pese a utilizar un instrumento inadecuado para adjudicarlas estaba provocando fraudes y causando menoscabo a los fondos públicos de la Junta de Andalucía...

R. La gestión de las ayudas de los ERE quedó fuera de las competencias de la Intervención General. Por eso no pudimos saber si se estaban produciendo fraudes.

P.. Durante la investigación del caso, un magistrado instructor llegó a decir que si el interventor general no puso en ningún informe que se estaba produciendo un fraude es porque temía contradecir y poner en problemas a sus jefes políticos que habían ideado este programa de ayudas.

R. Sí, eso dijo el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro. Pero eso no es verdad. Y yo se lo expliqué muy detalladamente cuando declaré. Debo decirle que el Interventor General goza de autonomía legalmente reconocida, frente a los órganos a los que fiscaliza y que en los 10 años que ejercí el cargo nunca vi violentada esa autonomía por presiones de mis superiores.

P. Una parte de la fundamentación jurídica de las acusaciones contra Griñán como consejero de Hacienda o Carmen Martínez Aguayo, su viceconsejera de Hacienda se basaba en esos informes que usted hizo alertando de que el instrumento elegido dejaba el gasto sin control y no hicieron nada para evitarlo. Por eso les acusaron y condenaron por malversación...

R. Tengo que advertir, en primer lugar, que no soy especialista en Derecho penal. Yo mismo fui acusado de malversación…

P. Y salió absuelto...

R. Eso es. Las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo vienen a decir que, de los indicios que se plasmaban en los informes de la IGJA, ambos debían haberse hecho una composición de lugar y haberse imaginado que dichos indicios podían conducir a un uso fraudulento de los recursos públicos. Es decir, que fueron condenados por lo que se llama en Derecho penal dolo eventual. Se trata de una cuestión muy especializada del ámbito penal y yo no tengo una opinión, acerca de si en las personas por las que usted me ha preguntado, concurrió la intencionalidad mediante dolo eventual que le imputan las sentencias que ahora anula el Tribunal Constitucional. Lo que sí le puedo decir es que, ni en la sentencia de la Audiencia Provincial, ni en la del Tribunal Supremo existe una explicación mínimamente detallada, sobre la concurrencia del dolo eventual. Ambas sentencias se limitan a decir, más o menos, que los condenados aceptaron la eventualidad de que se produjera un resultado fraudulento, pero nos quedamos sin saber por qué.

P. ¿Qué pensó al conocer que condenaban a seis años de cárcel a Griñán y a Martínez Aguayo con ese juicio de intenciones?

R. Antes de responder a esta pregunta debo decirle que mi relación con estas dos personas a lo largo de toda la causa de los ERE fue muy tirante. Tanto ellos, como sus abogados y sus peritos se esforzaron denodadamente en tratar de desviar sus responsabilidades, del tipo que fueran, hacia mí mismo personalmente, como Interventor General de la Junta. Algo que nunca he aceptado y que nunca olvidaré.

Pregunta. Diciendo que usted no hizo informes de actuación denunciando que había fraude...

Respuesta. Diciendo eso e imputándome otras muchas cosas, sí. Pero todas estas acusaciones parten de un error de base completamente interesado. Porque la cuestión no es quién tenía los medios para detectar el fraude. La cuestión es quién tenía los medios para evitarlo. Y es evidente que los medios los tenían los responsables políticos, a través de las reformas legales y presupuestarias oportunas y no el interventor. Empeñarse en lo contrario a estas alturas no es ignorancia, es mala fe. Dejando eso de lado y respondiendo ya a su pregunta, quiero serle particularmente franco. En este sentido, debo decirle que la condena de Griñán y Martínez Aguayo, por quienes usted me pregunta, me produjo una gran consternación. Porque no la esperaba y porque creo que es injusta. Y es injusta, porque estoy seguro de que ellos no conocían que en el empleo de esa partida presupuestaria se estaba cometiendo fraude. Tengo un conocimiento suficiente de los mecanismos internos de la administración y experiencia suficiente sobre su funcionamiento como para saber que ni un consejero de Economía y Hacienda, como lo fueron ellos y, mucho menos, un Presidente, tienen conocimiento de esos pormenores de la gestión administrativa de otra consejería, como era la de Empleo. Es más, estoy convencido de que, fuera del ámbito de la Consejería de Empleo, ninguna de las personas condenadas tenía conocimiento del fraude. Otra cosa es que las decisiones que se adoptaron sobre el diseño del modelo y su puesta en práctica fueran imprudentes y que podrían haber sido otras más adecuadas. Y que esto mereciera una censura y una responsabilidad política. Por cierto, ya suficientemente expiada. El propio Presidente Griñán lo reconoció públicamente. Pero, desde mi punto de vista, no hay sustancia penal en la conducta de las personas por las que usted me pregunta. Mi opinión es que las responsabilidades de los ERE nunca debieron salir del ámbito de la Consejería de Empleo. Y parte de la culpa de que el asunto desbordara dicho ámbito se encuentra en la incalificable estrategia de las altas autoridades de la Junta y del Partido Socialista, que pretendieron reducir el impacto del escándalo ofreciendo dos cabezas de turco, que fuimos el Director General de Trabajo y yo mismo, como Interventor General. Esta estrategia era tan ridícula que pronto saltó por los aires y acabó colocando una bomba debajo de la mesa del Consejo de Gobierno de la Junta.

Pregunta. ¿Qué le parece el argumento de las sentencias respecto al acto prevaricador de la cúpula política del Gobierno andaluz al elaborar cada año unos presupuestos que incluían el instrumento para el fraude?

Respuesta. Siempre he sostenido que la partida de las transferencias de financiación que se incluía en los presupuestos no era ilegal porque no podía ser ilegal. La afirmación de que puede ser ilegal una partida de un presupuesto aprobado y no impugnado, cuya ley está en vigor y no ha sido anulada, ya ha sido calificada en términos jurídicos por el Tribunal Constitucional en las sentencias que se han conocido. Mire, por no abundar en tecnicismos, yo solo puedo añadir que esa afirmación es simplemente una tontería.

Pregunta. Una tontería que llegó a convertirse en argumento para muchas condenas...

Respuesta. Y no solo eso, sino que algunos de los que combaten al TC con este asunto, empezando por los votos discrepantes de las sentencias, pretenden ennoblecer su causa envueltos en la capa de la lucha contra las inmunidades del poder. Se viene a decir: si admitimos que la partida de los ERE no es ilegal es porque estamos a favor de que no se controle al poder, de que el poder tenga áreas inmunes. Esta postura parte de un error esencial. El error consiste en no distinguir entre el contenido de un proyecto de ley y el procedimiento para su aprobación. El contenido de un proyecto de ley nunca puede ser ilegal, y mucho menos si ese contenido luego lo aprueba el Parlamento como ley. Otra cosa es el procedimiento para la aprobación de los proyectos de ley. En este ámbito sí es imaginable que puedan cometerse ilegalidades. Y que esas ilegalidades puedan llegar a ser calificadas como prevaricadoras. Pero, en la causa de los ERE no se ha condenado por la infracción de normas de procedimiento en la elaboración de los presupuestos. Las condenas se han producido porque los tribunales sentenciadores han entendido que la partida para financiar las ayudas de los ERE era ilegal. La cuestión clave aquí es que las partidas de un presupuesto forman parte del contenido de la ley del presupuesto, hasta el punto de que tienen rango de ley. Siendo así las cosas, ninguna ilegalidad puede haber en que cualquier gobierno prepare un proyecto de presupuesto, en el que incluya una partida, que hasta ese día tenía un destino concreto, y decida que a partir de ahora va a tener otro destino diferente, en este caso, financiar las ayudas de los ERE.

Pregunta. El Partido Popular repite estos días que estamos ante el mayor caso de corrupción de la democracia porque desde el Gobierno de la Junta robaron 680 millones de euros destinados a los parados. El juez del Supremo que investigó el caso llegó a escribir: “Hay que partir de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”. Hay 6.500 parados que recibieron esas ayudas. ¿Cree que las hubieran recibido igual si se hubiera hecho a través de un programa de subvenciones?

Respuesta. Es lamentable, pero a estas alturas no lo podemos saber. Cuando el poder punitivo del Estado se enfrentó a la causa de los ERE, planteó una estrategia procesal que se ha demostrado errada. A los jueces y fiscales que instruyeron e investigaron les pareció más sugestivo mirar hacia la cúpula de la Junta de Andalucía, elaborando esa teoría de la trama para defraudar, que seguir el rastro del dinero, como suele decirse. Tengo que recordar esos autos de la instrucción de la causa, que ya entonces me parecieron obscenos, en los que se hablaba con verdadera delectación de que el juzgado iba escalando una pirámide y que ya se encontraba cerca de la cúspide. En lugar de investigar cada una de las ayudas, se prefirió mirar hacia arriba, culpando a toda la superestructura institucional de la Junta de haber diseñado un sistema para defraudar. Todo este entramado procesal es el que ha derribado el Constitucional y lo ha hecho dándole apenas un pequeño empujón, porque estaba cimentado sobre bases muy débiles. Y ahora, más de 20 años después de que ocurriera una buena parte de los hechos enjuiciados, va a ser muy difícil recomponer una nueva estrategia punitiva. Esto puede producir determinadas impunidades, por razones que sería muy largo describir. Pero esas posibles impunidades no serán responsabilidad del TC. Los responsables de ese resultado serán quienes se dejaron llevar por la fascinación de empapelar a varios gobiernos de la Junta de Andalucía, quienes les dejaron hacer y quienes los jalearon.

Pregunta. ¿Quiénes son y cuánto se ha defraudado?

Respuesta. Como podrá usted deducir de lo ya dicho, a estas alturas no sabemos cuál es el importe realmente defraudado. Lo que sí sabemos es que no son los 680 millones de los que tanto se habla. Y no lo sabemos por lo que le acabo de decir, porque la estrategia punitiva de jueces y fiscales no fue poner el foco en las ayudas concedidas y en las cantidades pagadas, sino en la supuesta trama para defraudar. Hay un asunto del que rara vez se habla que es el siguiente: hubo dos ERE de las ayudas que financió la Junta, que fueron cofinanciadas por el Gobierno central. De hecho, hay unas diligencias abiertas, languideciendo en los juzgados de Sevilla, contra el Secretario General de Empleo y un director general, ambos del Ministerio de Trabajo, a los que acusan de subvencionar a 55 presuntos intrusos en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. En las ayudas estatales al ERE de la Faja Pirítica tuvo un papel destacado el que era entonces Delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, que, por cierto, nunca ha sido molestado por la Justicia. En relación con este asunto hubo un momento clave en el proceso, que fue cuando los peritos de la Intervención General del Estado se personaron para ratificar sus informes en el juzgado. Algunos abogados defensores pretendieron preguntar a los peritos su opinión sobre las ayudas a los ERE abonadas por el Gobierno central. Todas estas preguntas fueron declaradas impertinentes y no se pudieron formular. Y, por tanto, nos quedamos sin saber por qué, si en las ayudas estatales se habían producido intrusos y sobrecomisiones, el juzgado no había imputado al Presidente del Gobierno, a los ministros de Hacienda y de Trabajo, a los subsecretarios, al Interventor General del Estado, al Jefe de la Abogacía del Estado, y, por qué no, al Delegado del Gobierno en Andalucía, como habían sido imputados sus homólogos de la Junta de Andalucía. Esta veladura de las ayudas estatales a los ERE durante todo el proceso benefició claramente al señor Zoido, que, por aquel entonces, paradójicamente, actuaba como acusador particular en la causa en nombre del PP.

Pregunta. ¿Lo que a usted no le cabe ninguna duda es que en este programa de ayudas a empresas privadas se produjo un fraude masivo en el sentido de que hubo un descontrol total, no?

Respuesta. Sí, sí, totalmente. O sea, no se tramitó de modo regular ninguna de las ayudas.

Pregunta. Y eso facilitó el fraude.

Respuesta. El escándalo de los ERE no se puede blanquear. Una cosa es que el Constitucional haya atemperado la extrema ferocidad con la que el poder punitivo del Estado se enfrentó al escándalo. Y otra cosa es que se trate de ocultar que con la partida de los ERE se defraudaron varios millones de euros y que, para la Junta de Andalucía resultó un auténtico fiasco y un descrédito que ha afectado también a la imagen y el prestigio de Andalucía. De modo que, efectivamente, lo que usted dice es indudable. El cómo se gestionó esta partida facilitó el fraude. La cuestión es si eso es un delito. Bueno, pues los tribunales entendieron que sí y las sentencias del Constitucional lo han puesto en cuestión, parcialmente.

Pregunta. El Constitucional ha corregido muchas de esas sentencias, pero el PP descalifica este veredicto por entender que los siete magistrados que no han visto malversación y prevaricación están indultando a los culpables cumpliendo las órdenes que les dio el Gobierno socialista que los puso en el Tribunal. ¿Qué le parece?

Pregunta. A mí, como ciudadano, me apena la situación en la que se encuentra el Tribunal Constitucional y su desprestigio. Yo creo que la culpa la tienen, efectivamente, los partidos que se han estado repartiendo por cuotas a los magistrados. De todas formas, lo que me parece realmente erróneo es cargar las tintas sobre la mayoría [progresista] y no sobre la minoría [conservadora]. Porque no deja de ser curioso que los juristas no parezcan votar como juristas, porque, si votaran como juristas, unas veces el resultado sería 7 a 4 y otras 4 a 7, 6 a 5 o 9 a 2 o los magistrados de ambas corrientes se mezclarían en sus posicionamientos. Pero, tal y como se están produciendo las votaciones, si uno critica a la mayoría, pues, con la misma razón tendría que criticar a la minoría. Eso, por un lado. Y, por otro lado, qué quiere que le diga: la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Hay otra cuestión atinente al TC que también se viene ventilando con brocha gorda. Es la que dice que el Tribunal Constitucional no puede corregir al Tribunal Supremo. Se suelta esa especie en medios que todos tenemos por serios y todo el mundo la cree. Pero, yo me pregunto, si una sentencia del Supremo es recurrible ante el Constitucional, será porque este Tribunal podrá anularla, ¿no? Y aquí entramos en el meollo de este asunto, que es otra cuestión de alto calado jurídico, de la que yo no estoy en condiciones de darle ni siquiera mi opinión. Y es sobre si el Constitucional se ha extralimitado o no en este caso concreto. Como le digo, es una cuestión superespecializada, que en los medios se suele ventilar con gran frivolidad. Pero ¿Qué pasa, que las sentencias del Supremo, por ser del Supremo no pueden ser completamente erradas? Yo creo que podrían serlo. Y, entonces, ¿el sistema exige que el Constitucional se quede callado? Parece que eso es lo que sostienen algunos. Yo no lo comparto.

Pregunta. ¿Se alegra de estas resoluciones del Tribunal Constitucional?

Respuesta. Me alegro, en primer lugar y más importante, por las personas, a las que ya me he referido, que fueron injustamente condenadas. Pero me alegro, también, por la parte que me toca. Aunque fui absuelto, me acusaron de algunas de las cosas que el Tribunal Constitucional ha dicho que eran infundadas y que yo tuve la suerte de que se me reconocieran en la primera instancia de la audiencia provincial. Y, si me permite una confidencia, le diré que la inclemente persecución penal que sufrí durante nueve larguísimos años hace que me alegre de que el Constitucional haya dejado en ridículo las tesis, que yo tanto combatí en el proceso, de los culpables de dicha persecución, a quienes Dios confunda.