Chivite y Pradales defienden sus conciertos fiscales ante la batalla por la financiación autonómica

Este miércoles se ha celebrado en el Palacio de Navarra (Pamplona) la primera reunión entre la presidenta María Chivite (PSN) y el lehendakari Imanol Pradales (PNV). No se conocían personalmente, pero en este primer encuentro se ha apreciado la buena sintonía que existe entre los dos dirigentes tanto en el plano personal como en el institucional. Los dos gobiernos autonómicos son coaliciones y, en ellas, el PSOE y el PNV son socios principales –en Navarra el PNV se encuadra dentro de una coalición mayor, Geroa Bai-. Es una primera circunstancia que favorece las relaciones interinstitucionales entre las dos comunidades, además de la proximidad cultural, lingüística y económica. Navarra y el País Vasco tienen una economía muy industrial y un sistema de financiación propio: el convenio económico navarro y el concierto vasco. Las dos herramientas están amparadas en la Constitución Española. Sin embargo, han vuelto a saltar a la palestra tras la polémica por la financiación singular pactada con Cataluña y los dos dirigentes han defendido de manera fehaciente sus respectivos sistemas.

La presidenta navarra ha reivindicado que tanto el concierto navarro como el convenio vasco son “herramientas solidarias” y han defendido la necesidad de hacer pedagogía sobre esta cuestión. El lehendakari ha insistido asimismo en que los dos instrumentos están amparados “constitucionalmente” y que la Unión Europea los ha “puesto en valor”. La comunidad defiende la solidaridad de esos instrumentos, por ejemplo, en la aportación anual que Navarra realiza al Gobierno de España incluye su participación en los fondos de compensación interterritorial, su contribución al pago de la deuda estatal y los gastos por las competencias no asumidas. Esa aportación se calcula en función de la aportación de la economía navarra al PIB estatal (1,6%) y no de la población (Navarra supone el 1,35%). El concierto vasco también tiene su propio acuerdo de solidaridad y tiene un componente de riesgo porque el Gobierno central no participa en la recaudación obtenida por las diputaciones forales, pero tampoco cubre los gastos públicos de la comunidad si esos ingresos no son suficientes. Además, el llamado cupo, la aportación anual de Euskadi a las arcas nacionales, no se calcula solo según los ingresos recaudados en la comunidad, sino que también depende de otras variables, como los gastos por las competencias no asumidas (por ejemplo, aduanas).

Abrir el melón de la financiación

Chivite se ha mostrado a favor de abrir el debate de la financiación autonómica, pero duda de la efectividad de aplicar el mismo sistema en todas las regiones: “No sé cuál es la propuesta de café para todos. Tenemos un modelo de financiación pactado, recogido en la Constitución y avalado por las instituciones europeas. Entendemos que otras comunidades, como Canarias, tienen una financiación singular, y entiendo que se debe abrir un debate sobre el modelo de financiación, pero el sistema no ha sido capaz de renovarse ni con mayorías absolutas del Partido Popular”.

Sin embargo, Pradales no se ha pronunciado sobre ello. Ha apuntado que su “ocupación y preocupación tiene que ver con que el concierto vasco sea respetado, que no se utilice como un arma arrojadiza en un debate que le corresponde mantener al Estado con el resto de las comunidades autónomas del régimen común y que se respete su solidaridad, su singularidad, la escrupulosa gestión y el rigor con el que hemos trabajado históricamente para no solicitar jamás un rescate por parte del Estado”.

Más allá del sistema de financiación autonómico, en dicha reunión se han debatido otras cuestiones como el corredor de Alta Velocidad Cantábrico-Mediterráneo. El Ministerio de Transportes está en plena elaboración de los informes técnicos que determinarán el trazado final con el que se conectará el TAV a la Y vasca y, de momento, hay dos opciones: por Ezkio o por Vitoria. También hay opiniones para todos los gustos. Sin embargo, ni Chivite ni Pradales han querido expresar su preferencia y han reiterado que esperarán a tener toda la documentación técnica antes de decidir. Dicha decisión, han insistido, será adoptada de manera conjunta por Navarra, Euskadi y el Gobierno central.