El Gobierno confía en que Junts volverá a la mayoría: “No pueden estar así tres años”
El Ejecutivo aplica la lógica política, pero no tiene información de lo que pasa en el mundo Puigdemont
En el Gobierno hay una máxima instalada que sirve como mecanismo de defensa ante cualquier situación tormentosa de la mayoría como la que se produjo el miércoles por la noche, cuando Junts cambió su voto en el último momento y tumbó una iniciativa de Sumar para intentar combatir la vía de agua de la ley de vivienda que han encontrado los propietarios con los alquileres temporales. “Solo hay una cosa más difícil que armar la investidura de Sánchez: desarmarla”, repiten como un mantra varios miembros del Ejecutivo. Se refieren a que, a pesar de los vaivenes de los apoyos parlamentarios del Gobierno, que sufre derrotas casi cada semana desde la investidura de Salvador Illa —que indignó a Junts—, no hay opciones de una mayoría alternativa y es inviable una moción de censura que una los votos del PP, Vox y Junts para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo.
Por eso, por mucho que la situación inquiete y moleste al Ejecutivo, sobre todo por la sensación de debilidad y lo poco confiable que se ha vuelto Junts para ellos, diversos miembros del Gobierno insisten en que la única opción posible a medio plazo, al menos desde la lógica política, es que Junts vuelva al cauce de la mayoría y empiece a jugar de verdad en política para sacar partido a sus decisivos siete votos con negociaciones. En el Gobierno parten de la base de que Pedro Sánchez va a estar en el poder al menos tres años más, porque no piensa adelantar las elecciones, así que Junts tendrá que hacer política.
“No pueden estar así tres años, tendrán que digerir que Salvador Illa es president, que para ellos es un golpe muy duro, y volver al diálogo”, resume un miembro del Gobierno. “Ellos están heridos por el 8 de agosto [el día de la investidura de Illa]. No salen de ahí, están en bucle. Pero en algún momento tendrán que superarlo y volver a sentarse. No puede votar siempre con el PP y Vox, eso en Cataluña tiene un coste importante”, resume otro. “Quieren hacerse notar, recordar que dependemos de sus siete votos, aunque ya lo sabe todo el mundo, subir su precio para la próxima negociación. Pero en algún momento tendrán que volver. Nadie nos ha dicho que hayan roto y se pasen al otro lado. Hay que darles tiempo”, señala un tercero.
En realidad, uno de los problemas es que el Gobierno aplica la lógica política con Junts, y por eso concluye que en algún momento volverá a negociar y a la mayoría, porque la alternativa, que es pactar una moción de censura con el PP apoyada por Vox, no es viable. Pero la sensación que transmite el Ejecutivo es que no tiene información real de lo que pasa dentro del grupo de Puigdemont. Sus decisiones casi siempre sorprenden al Ejecutivo. En julio, pocas horas antes, no sabían que iban a tumbar la senda de déficit. Y este miércoles, Pedro Sánchez acudió a votar -no suele ir los martes- porque daba por hecho que Junts se abstendría y, por tanto, su voto era decisivo para que saliera la toma en consideración de la iniciativa de Sumar. El presidente y su equipo no supieron hasta el último momento que Junts cambiaba al no y la tumbaba. En La Moncloa también creen que Sumar se podría haber evitado este riesgo aceptando que esta regulación de alquileres, este ajuste de la ley, se haga vía reglamento, que es la opción que defiende el Ministerio de Vivienda. En Sumar creen que legalmente no será suficiente. En cualquier caso, en el Gobierno insisten en que Junts, con la excepción de la senda de déficit, no suele tumbar leyes decisivas del Ejecutivo. Busca mostrar su fuerza, pero en cuestiones simbólicas, no en leyes clave. Aunque eso ahora también podría cambiar.
A los de Puigdemont les gusta jugar así con la angustia del Ejecutivo: lo hicieron en los decretos clave en enero, cuando en el último minuto decidieron no votar y permitir así que se aprobaran, después de negociar la “transferencia integral” de las competencias de inmigración a Cataluña. En las conversaciones con el Gobierno, Junts argumenta tres cosas para su actitud de distancia actual. Primero, que aún no tienen la amnistía para su líder. Eso no depende del Gobierno, sino de Tribunal Supremo y más adelante del Constitucional, que en los próximos meses resolverá el amparo del ex president, pero está complicando todo. Segundo, que el PSOE no ha cumplido con muchas cosas prometidas, algunas conocidas -como la inmigración o el catalán en Europa- y otras pactadas de forma más discreta. El PSOE insiste en que se ha avanzado en todo y esperan propuestas de Junts para rematar. Y por último, sostienen que tras la investidura de Illa, ellos no han logrado ningún gran bocado político para gestionar en sus negociaciones con el Gobierno, al contrario que ERC que se ha llevado la “financiación singular” catalana.
Lo cierto es que desde julio no ha habido apenas negociación de fondo entre el PSOE y Junts, más allá de cuestiones parlamentarias puntuales, y las reuniones en Suiza se han interrumpido temporalmente por el verano y ahora también por el momento precongresual de los independentistas. Las citas en Suiza se pueden recuperar en cualquier momento de forma discreta, pero llevan tiempo sin producirse y eso también dificulta los avances. Pero todos los consultados siguen pensando que es cuestión de tiempo y tal vez de esperar a que pase el congreso de Junts. “Ellos trasladaron a los suyos expectativas falsas de que Puigdemont podía llegar a ser president. Pensaron que si ellos le ponían a Sánchez en la tesitura de elegir entre Illa president o hacer de su propia legislatura nacional un infierno, elegiría salvar su legislatura. Pero no conocen al presidente y al PSOE, tener la Generalitat era una prioridad absoluta y es además el fin del procés. Ahora tenemos que aprender todos a gestionar el nuevo momento. Pero lo lograremos, no queda otra salida. Y ellos siguen abiertos a negociar, nadie ha roto ningún puente”, señala otro miembro del Ejecutivo. Pero todo esto es solo lógica política, porque información no tiene nadie, al menos en el Gobierno.
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