El PP entierra el proyecto de ley de Concordia que impulsó con Vox en Castilla y León cuando eran socios

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), apostó en 2022 por impulsar una Ley de Concordia frente al decreto autonómico de Memoria Histórica que regía entonces: esa nueva ley, dijo, iba a ser un “elemento de reconciliación” y contribuiría a “evitar la utilización de la historia para dividir a los españoles”. En abril de 2024, cuando la norma estaba en tramitación parlamentaria, Mañueco aún defendía que la norma “amplía derechos y mejora los servicios”, y que “no diferencia entre víctimas buenas y malas”. Este miércoles, 25 de septiembre, sin embargo, el PP ha votado en contra de esa legislación, que ha quedado prácticamente enterrada en las Cortes autonómicas. Los populares han alegado que “la prudencia aconseja posponer su tramitación” —sine die— tras los recursos presentados o anunciados por el Gobierno central contra leyes similares en Aragón y Comunidad Valenciana.

Mañueco ha reculado así en una cuestión que fue clave en su pacto “sin complejos” con la extrema derecha sellado en 2022. Por el camino se produjo el hecho que marca el punto de inflexión en el cambio de postura del PP: en julio de este año, Vox rompió con los populares y salió de la coalición de gobierno. El ex vicepresidente y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, ha criticado ese giro de sus exsocios mientras Mañueco, evitando responder las interpelaciones de los demás grupos, ha contraatacado: “Sin Vox, Castilla y León funciona”.

La cuestión de la Ley de Concordia aterrizó esta semana en el Parlamento autonómico tras una inusual alianza entre Vox y el PSOE: los socialistas apoyaron al grupo ultra para llevar a debate ese proyecto de ley del que el PP comenzaba a desligarse. La oposición aclaró que jamás votaría a favor de esa norma, pero que así Mañueco y su partido tendrían que retratarse, pronunciándose sobre tal desvío argumental. El presidente de la Junta tildó de “pinza” este ardid de sus rivales. Y el PP defendió que sólo quería hacer “las cosas bien” y asegurarse de la pertinencia de la ley mediante un informe del Consejo Consultivo, un informe que la Mesa de las Cortes ya vio innecesario en abril y que tras la votación de hoy ya no se producirá.

Una vez en el hemiciclo, discusión el martes por la tarde y votación este miércoles. La primera sesión reveló las consecuencias del divorcio entre Vox y el PP. Juan García-Gallardo, sentado hasta hace unos meses a la diestra de Mañueco, le reprochó ahora como portavoz de su bancada que “la mentira tiene las patas muy cortas”. El proyecto de ley, subrayó García-Gallardo, llevaba los sellos de ambos grupos cuando se presentó. Y lamentó que, si este finalmente no prospera, seguirá vigente el “decreto de discordia”, “revanchista”, que fue aprobado por el anterior Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) en 2018 y que, al establecer “víctimas de primera y de segunda”, rompe “la senda de reconciliación que empezaron a caminar nuestros padres y abuelos”. “Lo va a pagar muy caro en las urnas”, vaticinó García-Gallardo.

Mañueco tomó la palabra en esa sesión para afear a Vox su entente circunstancial con el PSOE. “La política hace extraños compañeros de cama... Son compañeros muy extraños, pero parece que les gusta a los dos”, lanzó Mañueco, también augurando más entendimientos entre sus rivales por la izquierda y por la derecha, como en los próximos Presupuestos que deberá presentar el PP. Avisó a su antiguo socio de que “se equivoca de adversario” y recordó que, si las coaliciones regionales de derecha se rompieron en julio en varias comunidades, fue por orden del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

El PSOE, muñidor de este rifirrafe parlamentario, se limitó el martes a ejercer de testigo, sin efectuar preguntas sobre la Ley de Concordia. El socialista Luis Tudanca sólo remarcó que, pese a esa triquiñuela para “retratar” a Mañueco, jamás votarían con Vox para hacer prosperar la ley. Sí se pronunciaron sobre la norma Podemos y Francisco Igea, exlíder de Ciudadanos. Los primeros, representados por Pablo Fernández, ya dejaron claro su parecer en abril, cuando cogía forma la ley de Concordia: la tacharon de “ley de mierda” y afirmaron que “blanquea la sangrienta y criminal dictadura”. Igea, víctima de Mañueco cuando este rompió la alianza con Ciudadanos antes de asirse a Vox, le preguntó este martes si ya no creía que la nueva legislación era “más completa” que la de 2018.

El socialista Tudanca sí ha querido explayarse este miércoles, en una ronda corta de intervenciones de los grupos: ha insistido en que la “ley de la discordia” la favoreció un PP que metió en la Junta “a estos que dicen que España no es una democracia”, en alusión a Vox, y ha tildado de “inédito” que “uno de los grupos firmantes” de una propuesta legislativa “se opone, no defiende y propone retirar[la]”. “No mientan, no se oculten, estaban de acuerdo con los fascistas”, le ha espetado retóricamente a Mañueco, ausente en el debate. García-Gallardo, de Vox, ha arremetido contra la “violencia” de la II República y ha sostenido que, más allá de sus “excesos”, el “régimen anterior a 1978″ —es decir, el franquismo— también trajo cosas buenas, como “el crecimiento económico industrial” o la “apertura al exterior”.

El procurador del PP Óscar Reguera ha alegado, por su parte, que su partido “intenta convencer y no imponer”. “El sentido de firmar [inicialmente] esa proposición era mejorar la vida de los ciudadanos”, ha dicho, pero “la prudencia aconseja posponer su tramitación”. ¿Por qué? Porque en Aragón la Ley de Concordia ha sido “objeto de recurso de inconstitucionalidad” y el Gobierno ha anunciado otro recurso similar contra la norma de la Comunidad Valenciana. “Para avanzar en su tramitación, juzgábamos necesario un informe del Consejo Consultivo que verifique la constitucionalidad, por si el Gobierno presentaba recurso”, ha proseguido Reguera, entre reproches a Vox, para justificar que, al negárseles la posibilidad de acudir al Consultivo, “la prudencia aconseje esperar” y no sacar adelante la nueva norma.

La votación definitiva, ya con Mañueco presente, se ha producido pasado el mediodía, con el PP en contra de aquello que respaldó cuando gobernaba con Vox. La extrema derecha se ha quedado sola en defensa de la Concordia, al contrario de lo que sucedió el pasado lunes en Cantabria, donde PP y Vox aprobaron iniciar los trámites para derogar la ley de Memoria Histórica, aunque aún no han aclarado si fomentarán una de Concordia como remplazo. Otras dos comunidades gobernadas por el PP, Aragón y Comunidad Valenciana, han dado también ese paso de derogar sus leyes de memoria, aunque el Tribunal Constitucional dejó en suspenso el pasado junio la decisión del Parlamento aragonés a la espera de decidir sobre el recurso planteado por el Gobierno central. En todo caso, la ley nacional de Memoria Democrática sigue vigente en todo el territorio.