El PP pedirá a la Mesa del Senado que no se vote la norma que convalida a presos de ETA penas cumplidas en otro país

El desasosiego generado en el PP y otros partidos por la reforma que convalida a presos de ETA penas cumplidas en otro país —y que en principio parece que saldrá adelante después de que el Partido Popular y Vox votasen a favor en distintas instancias del Congreso junto a todo el arco parlamentario—, ha puesto en marcha la maquinaria jurídica de Génova 13, la sede central de los populares, para tratar de frenar esa futura norma. La reforma pretendía acometerse como una enmienda incorporada por Sumar a un proyecto de ley orgánica que se debate este martes en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero el supuesto error que ahora esgrimen populares y ultras provocó que no presentaran ni un veto ni enmiendas a la iniciativa cuando entró en la Cámara alta, por lo que si el asunto llegase al pleno luego seguiría su curso y acabaría en el BOE aunque el PP votase en contra sin tener que retornar al Congreso. El PP busca salidas a este embrollo y solicitará este martes que la Mesa del Senado relegue el asunto del orden del día para otra sesión, algo que basta que lo solicite un solo grupo, y que el Gobierno retire luego la propuesta.

La iniciativa legislativa se aprobó en el pleno del Congreso por unanimidad el pasado 18 de septiembre, tras pasar con el mismo consenso total por la ponencia y la comisión de Justicia, y llegó al Senado con carácter de urgencia. Es decir, la Cámara alta tiene como máximo 20 días para su tramitación, hasta el próximo día 14 de este mes. El PP, tras publicar El Confidencial este lunes la noticia de que en la norma se había colado la posibilidad de que muchos presos, algunos de delitos terroristas, pudieran beneficiarse de la medida, ha buscado durante toda la jornada fórmulas para frenar contra reloj su tramitación. Como avanzó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa, los populares iban a intentar “hacer todo lo que esté” en su mano para revertir la situación. Y, al final de la tarde, han decidido pedir a la Mesa del Senado que retire su votación del orden del día in extremis de un pleno que arranca este martes a las 10.00 horas en la Cámara alta. La Junta de Portavoces se reunirá a las 9.00, y la Mesa, media hora más tarde. Esa petición la puede formular un grupo y luego, en el pleno, la deben ratificar la mayoría de los senadores presentes. Todo parece indicar que esa solución saldrá adelante.

No es la única actuación que el PP prepara para amortiguar la polémica tras constatarse que votó a favor de la polémica enmienda, como toda la Cámara, y que su diputado en esa comisión, José Manuel Velasco, apenas intervino en su debate y ni mencionó nada sobre el presunto beneficio para los terroristas condenados en esa situación. Tampoco lo hizo el representante de Vox en aquella sesión. Tras publicarse la noticia, el socialista Félix Bolaños ha defendido la tramitación parlamentaria “absolutamente pacífica” y el portavoz de Sumar y líder del PCE, Enrique Santiago, que asumió el contenido y el trasfondo de la enmienda, admitió que sabía lo que podría suponer. Santiago salió en el Congreso para defender que con esa transposición de una directiva europea lo que se pretendía era acabar con “la anomalía de que un preso condenado belga o de cualquier otro país de la UE pudiera cumplir y se le computase parte de su condena en España y no pudiera suceder lo mismo para un español, murciano o vasco que hubiera cumplido parte de esa pena”. A Santiago esa diferencia le parece una “discriminación” injusta e indefendible y relacionó el aluvión de críticas que se desataron por la actuación de todos los diputados en el Congreso con una “ofensiva contra la ley de Seguridad Ciudadana”, o ley mordaza, por parte ahora de PP y Vox por haber pactado algunos cambios en la misma con EH Bildu.

Sumar ya registró en una Proposición de Ley en 2021 que no se llegó a debatir entonces. El diputado del PP José Manuel Velasco no compareció, la dirección parlamentaria del PSOE no comentó nada, ni se dieron más explicaciones desde el Gobierno, la secretaría de Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Justicia o el de Interior, que la propuesta simplemente tenía el objetivo de “completar, actualizar y mejorar la transposición en nuestro ordenamiento jurídico de una Directiva Europea (2019/884), así como mejorar la aplicación de una Decisión Marco Europea (2009/315/JAI), que se llevaron a cabo en su momento a través de la Ley Orgánica 7/2014, y que se reforma ahora por razones de seguridad jurídica y a la luz de su aplicación durante estos años”.

En el Ejecutivo y el PSOE argumentan que esas correcciones contaban con el aval del Consejo de Estado y seguían criterios de una cuestión prejudicial presentada el pasado día 3 de enero de 2024 por la Audiencia Nacional española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En esa cuestión se interpelaba sobre la inexistencia en la legislación española de “posibles medidas correctivas a fin de evitar la falta de proporcionalidad de las penas en el castigo de los delitos, cuando existen sentencias extranjeras concomitantes”. Otras fuentes consultadas aseguran que esa directiva no ordena ni obliga que se computen las condenas cumplidas en otros países, aunque esa sea su filosofía y ha habido debates enconados al respecto incluso en el Tribunal Supremo español, que avaló en 2015 la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 de excluir esa posibilidad para los condenados por terrorismo antes de marzo de 2010, que fue cuando se registró el último atentado de la banda antes de comunicar su disolución.

PP y Vox se hicieron este lunes los sorprendidos por lo votado varias veces por sus parlamentarios en el Congreso y culparon al Gobierno de engaño. En los debates previos en el Congreso no se abordó directamente que la reforma pudiera beneficiar a presos terroristas. El PP intentará ahora en la Mesa del Senado de este martes borrar ese punto del orden del día ya fijado, algo muy inusual, y espera ya ahí retratar a los miembros del PSOE con su voto. En la Mesa cuatro miembros son del PP y tres del PSOE. Además, reclaman que el Gobierno retire la propuesta, porque tiene potestad para hacerlo. “Si el Gobierno no retira este texto, buscaremos cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias. El PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito”, señalan fuentes oficiales del PP. También informan de que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, llamó a la presidenta de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para disculparse personalmente por lo ocurrido.

En paralelo, el Partido Popular ha citado a todos los senadores del grupo parlamentario, 145, para que acudan sin excepción este martes a la Cámara. Una instrucción que no suelen dar, explican fuentes del PP en el Senado, que no se explican cómo sus compañeros en el Congreso pudieron pasar por alto la enmienda incorporada por Sumar.