Indignación entre víctimas de ETA por la ley sobre presos y por la reacción del PP: “Somos mercancía para ellos”

ETA ha acaparado este miércoles el debate parlamentario en el Congreso de los diputados. Tanto en la comparecencia —pedida por el PP— del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de inmigración y equilibrio fiscal, como en la sesión de control posterior. El portavoz del PP, Miguel Tellado, llevaba preparado un cartel con fotografías de cargos socialistas asesinados por la banda terrorista y, dirigiéndose a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha preguntado: “¿De verdad que vale la pena cambiar seis votos a cambio de la dignidad de las víctimas del terrorismo en España? ¿De verdad que le compensa? Estos son los 12 cargos socialistas asesinados por ETA. ¿De verdad que va a ser capaz de mirar a los ojos a las familias de estos cargos socialistas y explicarles que seis votos para los presupuestos merecen la pena?”. María Jauregi, hija del exgobernador civil socialista en Gipuzkoa Juan María Jauregi, asesinado por ETA en 2000 y uno de los rostros que ha mostrado Tellado desde su escaño, le ha contestado a través de la red social X: “A ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de aita”. Jauregi apoya el cambio legal que afecta a las condenas de los presos etarras. Preguntada por lo ocurrido, Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, ministro de Sanidad en el primer gobierno socialista asesinado por la banda en el año 2000, afirma: “Tengo poco que decir. Que nos dejen tranquilos de una vez, que no utilicen más a los muertos. Estos que se autoconsideran nuestros defensores son los que juegan con nuestros sentimientos. Basta ya, por favor”.

Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco, concejal socialista asesinado en 2008, también ha respondido públicamente a Tellado: “Lo de dejar de utilizar a las víctimas no va con vosotros, ¿no? Sois unos sinvergüenzas. No quiero volver a ver la foto de mi padre en tus manos”. Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, edil del PSOE asesinado en 2001, escribió en redes sociales: “Menos mal que lo que diga este hombre me la refanfinfla en grado extremo. Si no, ver como sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito”. Gorka Landaburu, víctima de un atentado con paquete bomba enviado por la banda terrorista ese mismo año, compartió su indignación en X: “¿Dónde estaban estos dos energúmenos [se refiere a Tellado y Macarena Montesinos, que agitaban en su escaño las fotos de los asesinados ] cuando ETA existía? El PP debería cesarles inmediatamente. No es soportable ni tolerable la instrumentalización de las víctimas de ETA. Han traspasado todas las líneas de dignidad y de respeto mínimo que hay que tener”.

Víctimas de ETA consultadas por EL PAÍS muestran su rechazo tanto a la modificación legal que permitirá que los presos etarras cumplan un máximo de 30 años de cárcel en total por sus crímenes, al descontarse el tiempo de reclusión en Francia, como por la reacción posterior de los partidos de la oposición. Tanto el PP como Vox apoyaron la enmienda que permitirá ese cambio legal, pero aseguran que fue un “error”, es decir, que no leyeron lo que firmaban, pese a que el acta de la comisión de Justicia dice expresamente que lo habían “estudiado con todo detenimiento”. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), acusa al Gobierno de “mentir” cuando asegura que esa modificación legal era obligada [ningún tribunal obligaba a cambiar la ley, pese a que impedía cumplir con la directiva europea]: “Lo han hecho porque les conviene, no porque sea necesario y nos hemos enterado por los medios de comunicación”. La presidenta de Covite, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, lamenta lo que considera que “aumenta la impunidad” de los crímenes terroristas, y carga igualmente contra la reacción posterior del PP y Vox. “Las víctimas no les interesan lo más mínimo. Cuando Ayuso [Isabel Díaz, presidenta de la Comunidad de Madrid] dice que ETA está más viva que nunca es una falta de respeto y de desprecio absoluta. No es comparable vivir con ETA matando a vivir con ETA disuelta. ¿No ve la diferencia entre asesinar o no asesinar? Y el numerito de Tellado es al que nos tienen acostumbrados. Llevamos muchos años denunciando la instrumentalización de las víctimas por parte del PP. Somos mercancía para ellos. Es un espectáculo bochornoso y nauseabundo y siento mucha vergüenza ajena. También la izquierda ha pensado siempre que las víctimas de ETA eran todas de derechas y las del franquismo, al revés. Este es el país en el que vivimos, de enfrentamiento de memorias”.

Maite Araluce, hija de Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Gizpuzkoa asesinado en 1976, y presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), relata que cuando se enteraron del cambio legal en el cómputo de las condenas de los presos de ETA, llamaron al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal. “Nos pidieron disculpas. Dijeron que estaban avergonzados, que se la habían colado y que iban a intentar arreglarlo, aunque le veían difícil arreglo. Me parece lamentable lo que ha ocurrido. En la asociación llevamos dos días recibiendo llamadas de víctimas llorando y preguntando si van a excarcelar al asesino de su marido, de su hijo...”. Preguntada por las declaraciones de Díaz Ayuso y la exhibición de fotografías de asesinados por la banda este miércoles en el Congreso responde: “La utilización de las víctimas nos disgusta siempre, pero casi prefiero que se siga hablando de nosotras, porque a este Gobierno le interesa que estemos desaparecidas. Aunque ETA haya dejado de existir, nosotros seguimos aquí y casi prefiero que me utilicen a que me olviden”. Araluce recuerda que el 1 de febrero de 2022 recibieron un mensaje del Ministerio del Interior asegurando que el departamento de Justicia trabajaba en el anteproyecto de ley para modificar la norma relacionada con el sistema europeo de información de antecedentes penales entre el registro central de penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros. En ese correo, que ha consultado este diario, se dice expresamente: “No existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”. En ese momento, en efecto, no existía tal iniciativa, pero dos años después, sí la hubo y el Gobierno no ha explicado los motivos de ese cambio.