La Audiencia Nacional abre una investigación contra Alvise por financiación ilegal

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido este viernes la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo, investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest, contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Romillo sostiene que pagó 100.000 euros a Alvise para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo de junio de este año.

En un auto, el magistrado ofrece al eurodiputado, dada su condición de aforado, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el próximo 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa.

Para investigar los hechos relativos al delito de financiación ilegal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acuerda abrir una pieza separada independiente de la causa principal, en la que investiga la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest y a varios de sus administradores. El magistrado apunta en su auto que, en esa causa principal, la actuación de Alvise Pérez en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

En su resolución, el juez incorpora la denuncia de Álvaro Romillo en la que relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado pudiera a cambio “financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal”.

Tras diversos contactos, según la denuncia, el 27 de mayo pasado Romillo comunicó a Alvise que podía pasarse por el Sentinel para recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo que este último respondió: “100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”. Cuando Romillo, prosigue el relato, recibió la confirmación de un empleado de que efectivamente dicha cantidad había sido entregada, escribió al entonces candidato para volvérselo a confirmar, respondiendo este último que “todo ok y que 100.000 gracias”.

Tras analizar la denuncia, el juez señala que los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos y acuerda abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Indica, además, que los documentos que acompañan la denuncia la dotan de verosimilitud, de forma que concurren los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación. Remarca, no obstante, que la admisión a trámite no constituye, todavía, un acto de imputación judicial, aunque permita al denunciado comenzar a defenderse en el proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Calama detalla en su escrito que el delito de financiación ilegal de partidos políticos es un delito de mera actividad, por lo que no requiere que se produzca un resultado. Es decir, se entiende consumado con la mera conducta, sin necesidad de que se dé el resultado. “La mera entrega, o la recepción, consumaría el delito, de forma que, conociendo que la aportación va destinada al partido, y que además infringe alguna de las prohibiciones [de la Ley de Financiación de Partidos Políticos], se estaría cometiendo el delito. No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino sólo el hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión”, analiza.

El denunciante, Álvaro Romillo, también es presunto responsable del delito, por lo que el juzgado acuerda cambiarle el estatus de testigo que le correspondería como denunciante por el de investigado, con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. El juez ha señalado su declaración también para el 20 de noviembre.