El Gobierno activa el paquete de regeneración con medidas contra la corrupción

El Gobierno comienza a desplegar las medidas a las que se comprometió en el plan de regeneración democrática. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un primer paquete con dos iniciativas con las que pretende reforzar la lucha contra la corrupción: la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y de dos nuevas fiscalías, una especializada en delitos económicos y la otra en delitos contra la administración pública, han avanzado fuentes gubernamentales a EL PAÍS.

El Ejecutivo, que aprobó en septiembre las líneas maestras del denominado Plan de Acción por la Democracia, comienza de esta forma a cumplir las medidas a las que se había comprometido. El plan de regeneración proponía crear, en un plazo de dos meses y mediante un real decreto, la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado para combatir la corrupción pública y la privada, ampliando la plantilla de fiscales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de este tipo de casos. Fuentes del Ejecutivo trasladan que la plantilla contará con 79 nuevas plazas, aunque otras fuentes apuntan que parte de ellas ya estaban comprometidas.

La Autoridad Independiente se aprobará en cumplimiento de la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La Autoridad será autónoma e independiente del Gobierno y de las Administraciones y dotará a España de un marco normativo e institucional en la lucha contra la corrupción y en la protección de quienes informan sobre supuestas ilegalidades. La ley, aprobada en marzo de 2023, establecía un plazo de un año para aprobar el estatuto que regulará esta figura, pero el real decreto se ha retrasado hasta ahora.

Las denuncias por parte de funcionarios o ciudadanos se realizarán por un canal seguro. La Autoridad Independiente comprobará la denuncia y, si procede, la remitirá a la Fiscalía. El Gobierno asegura que se mantendrá el anonimato del denunciante, pero no obstante se adoptarán medidas de protección frente a hipotéticas represalias. Una sería la nulidad de los actos que supongan dicha represalia, como por ejemplo un despido, así como la investigación y sanción de supuestas conductas represoras. Este tipo de medidas se complementarán con medios de apoyo a las personas informantes: información y asesoramiento, asistencia jurídica y apoyo psicológico o financiero, dependiendo siempre de las necesidades de cada caso.

La ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, con 79 plazas, es la otra medida que el Gobierno ha incluido dentro del plan de regeneración democrática. La intención, según fuentes del Ejecutivo, es mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos, con especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la violencia sobre la mujer. Dentro del compromiso por establecer nuevas estructuras contra la corrupción, se crean dos Fiscalías de Sala: una de delitos económicos y otra de delitos contra la administración pública. Para ponerlas en marcha se crean seis nuevas plazas de fiscales (dos de fiscales de sala, la máxima categoría de la carrera, y cuatro de fiscales adscritos a estas nuevas unidades).

La unidad de delitos económicos estará especializada en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Ya hay un fiscal de sala de delitos económicos, puesto que actualmente ocupa el fiscal Fernando Rodríguez Rey, y en algunas fiscalías autonómicas hay también fiscales especialistas en este tipo de delitos. Pero no existe una unidad como tal para unificar criterios y coordinar a todos los fiscales, que es lo que se pretende hacer ahora. La segunda unidad prevista en el plan de regeneración se centrará en delitos contra la administración pública, como la malversación, el cohecho o la prevaricación, algunos de los tipos penales más habituales en las causas de corrupción que tienen su origen en gobiernos autonómicos, provinciales y municipales.

Por otra parte, se refuerza a la Fiscalía especializada en el combate a la violencia de género, creando plazas de fiscales para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Almería y Dos Hermanas (Sevilla). Además, se fortalecerán, en paralelo al plan del Ministerio del Interior contra el narco en el estrecho de Gibraltar, los servicios de la Fiscalía en su lucha contra la delincuencia organizada en zonas como Cádiz y Algeciras.