El PSOE se compromete a blindar el aborto y el matrimonio igualitario en la Constitución

El blindaje constitucional de las conquistas sociales conseguidas los últimos 20 años durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez se ha convertido en una de las prioridades del PSOE ante el riesgo de involución por el avance de la ultraderecha y su consolidación en España, donde PP y Vox cogobiernan en más de un centenar de ayuntamientos tras la ruptura en verano de sus Ejecutivos autonómicos. Los socialistas se comprometen en la ponencia marco que actualizará sus cimientos ideológicos en el 41º Congreso Federal del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla a incluir en la Ley Fundamental que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio entre cónyuges del mismo sexo “tengan que ser observados y respetados en cada momento y territorio, independientemente del signo político que gobierne”, según la parte del documento a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El carácter público de la vivienda protegida en plena crisis habitacional y la obligatoriedad de revalorizar el salario mínimo profesional, para que siempre esté por encima del 60% del salario medio —desde 2018 se ha subido de 736 euros a 1.134 euros, un incremento del 54%—, tal y como recomienda la Carta Social Europea, son otras medidas que el principal partido del Gobierno pretende incorporar a la Carta Magna.

Uno de los temas que generan más expectación en esa ponencia es el planteamiento de la reforma del sistema de financiación autonómica. El PSOE optará por una fórmula lo suficientemente ambigua con la que espera contentar a sus líderes territoriales y capear el incendio que provocó la financiación singular para Cataluña que PSC y ERC pactaron en verano y posibilitó la investidura como president de Salvador Illa. La reforma, pendiente de renovar desde 2014, se acometería “garantizando mayores recursos para todas” las comunidades autónomas, “reforzando los servicios públicos y compatibilizando solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades”, es la fórmula que figura en la ponencia. El nuevo sistema resultará, según los redactores del documento, en un reparto “más justo” de la financiación y cerrará el camino “al dumping fiscal”, es decir a la competencia impositiva entre autonomías con una referencia implícita a la rebaja de impuestos que Madrid abandera desde hace años —desde 2004 ha dejado de ingresar vía reducción de impuestos más de 65.000 millones de euros— y han imitado los últimos años comunidades como Andalucía. Los socialistas proponen además la creación de un fondo autonómico para la reindustrialización y la convergencia de las rentas entre comunidades.

La fiscalidad será otro de los puntos candentes de la ponencia. La lucha contra la evasión fiscal de los “megarricos” y el establecimiento de un tipo marginal mínimo del 50% en la tarifa general del IRPF a partir de los 300.000 euros anuales será una de las máxima del PSOE. La formación también contempla “obligar por ley” a las grandes empresas —con un tamaño por determinar— a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados “como ya hacen en Francia, con el objetivo de fomentar la involucración y la eficacia” de la fuerza laboral y lograr una distribución “más equitativa” de la riqueza.

El refuerzo de las medidas sociales es una constante en la hoja de ruta del PSOE. España es el cuarto país de la UE con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social: en esa situación estaban en 2022 más de uno de cada cuatro españoles (el 26%), el mismo porcentaje que Letonia, y solo por debajo de Rumania (34,4%), Bulgaria (32,2%) y Grecia (26,3%). La ponencia le da también relevancia a que el acceso a las ayudas de la administración sea más sencillo. Los socialistas confían en lograrlo mediante la creación de una “ayuda universal para la ciudadanía” que integraría todas las prestaciones no contributivas del sistema —ingreso mínimo vital (IMV), desempleo, becas, ayudas a familias— en un mecanismo único que permitiría agilizar y simplificar los trámites, ahorrar costes “y asegurar que todos reciban las ayudas que les corresponden” tras los problemas que se han constatado por ejemplo en el acceso al IMV.

Dentro de la dimensión que Pedro Sánchez le ha dado a la vivienda como uno de los desafíos de la legislatura, el PSOE quiere prohibir la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en las zonas de alta demanda. La intención es “desincentivar la especulación, contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar”.

En educación, el PSOE impulsará un programa estatal de becas similar para los jóvenes con mejores expedientes y rentas familiares medias y bajas, para que puedan opositar a los principales cuerpos funcionariales del Estado. La integración progresiva del modelo de formación dual en todos los grados universitarios y titulaciones de FP es otra de iniciativa concreta. Su finalidad es que “todo el alumnado combine su formación teórica con una experiencia práctica en empresas, entidades públicas u ONG”.

El ecologismo es una de las banderas del PSOE y por eso le presta mucha atención al “gran reto” de la emergencia climática. “En los próximos años, el cambio climático alterará gravemente nuestros patrones meteorológicos y ecosistemas. Si no hacemos nada, las sequías, incendios, danas e inundaciones se volverán más frecuentes y destructivas”, recoge la ponencia. “Para mitigar al máximo estos impactos y adaptarse a la nueva realidad, España tendrá que reducir drásticamente sus emisiones de CO2, rediseñar sus ciudades e infraestructuras, y cambiar la forma en la que se relaciona con la naturaleza. Y tendrá que hacerlo al mismo tiempo que sigue generando riqueza, sin dejar a nadie atrás y sin ampliar las desigualdades entre territorios”, abundan los socialistas.

En este línea, el PSOE defiende un “fondo de resiliencia frente a la emergencia climática” para proteger a las personas y comunidades más vulnerables, “en especial en el medio rural y litoral”. Una medida muy específica sería la puesta en marcha de un plan de leasing de vehículos eléctricos “que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un coche eléctrico en régimen de alquiler con opción a compra a un precio significativamente más bajo que el de mercado y sin cuota inicial”. España aspira a alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación en 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), este ejercicio se llegarán a los 280.000 turismos enchufables.

También se propone crear la figura del “Defensor de las Generaciones Futuras” en un guiño a las franjas de edad más jóvenes, un nicho importante de votantes progresistas muy preocupados por el cambio climático. El Defensor se encargaría de analizar el impacto de los desequilibrios ecológicos, sociales y económicos “y proteger los intereses de las próximas generaciones”.

La creación de un “escaño ciudadano” en el Congreso y en el Senado es otro compromiso con el que los socialistas “abrirán más las instituciones (...) como espacio de participación directa de la ciudadanía”. Este escaño no tendría un titular permanente ni derecho a voto y podría ser usado por distintos representantes de la sociedad civil para plantear preguntas en las sesiones de control al Gobierno y para presentar proposiciones no de ley de iniciativa popular y enmiendas ciudadanas a iniciativas legislativas en curso.