Abierto juicio oral contra el secretario general del PSOE de Murcia por prevaricación y malversación

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Caravaca de la Cruz (Región de Murcia) ha solicitado este martes la apertura de juicio oral contra el secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, al considerar que hay indicios de que pudo cometer delitos de prevaricación y de malversación en la organización de eventos taurinos entre 2017 y 2019, cuando el dirigente era alcalde de Calasparra. Vélez se enfrenta a penas que suman ocho años y seis meses de prisión y a indemnizaciones que podrían llegar a los 367.000 euros.

En el auto, notificado este martes y contra el que no cabe recurso, el juez considera que el Ayuntamiento de Calasparra llegó a acuerdos con la empresa privada que gestionaba la plaza de toros y que organizaba la Feria Taurina del Arroz para poder utilizar en los encierros de las fiestas patronales los novillos de esa compañía, pero pagando cantidades que “excedían ampliamente de los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019″. Así, considera el juez, el Consistorio pagó con dinero público gastos de los que se benefició esa empresa, Chipé Producciones, cuyo administrador también está acusado en este procedimiento. Los pagos se habrían hecho “por facturas que carecen de justificación (y que el Ayuntamiento tampoco requirió)”, o bien por gastos que correspondían a la feria taurina, que era un evento privado. Del mismo modo, el juez considera que pudo haber pagos para gastos relacionados con la propia plaza de toros, que también era de titularidad privada.

Aparte del líder socialista y al empresario, el juez ordena llevar a juicio a los dos concejales que ocuparon las responsabilidades de festejos en esos años, Jordi Arce y Antonio José Merino, también del PSOE.

La Fiscalía considera que por estos hechos Vélez pudo incurrir en delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por lo que pide para él penas que suman ocho años y seis meses de prisión y conllevan hasta 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Las mismas penas pide también para los dos exconcejales. La acusación popular eleva la petición a 12 años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa continuada y ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta por el delito continuado de malversación de caudales públicos. Tanto el Ministerio Público como la acusación piden además una indemnización conjunta y solidaria por el perjuicio causado al Ayuntamiento de Calasparra: la Fiscalía la fija en más de 249.000 euros y la acusación popular la eleva a 367.000.

Debido a lo elevado de las penas solicitadas, el juez señala también en su auto que es la Audiencia Provincial de Murcia el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.

Desde el PSOE de Murcia, la vicesecretaria general y portavoz del partido, Carmina Fernández, ha expresado en un comunicado el “máximo respeto del partido a la presunción de inocencia y a la justicia” y ha confiado en que el caso será archivado, como ya ha ocurrido en diversas ocasiones anteriores, en las que Vélez ha sido denunciado por los partidos de la oposición municipal. “Vélez lleva ganadas decenas de denuncias y recursos judiciales, y lo mismo sucederá en esta ocasión”, ha subrayado.