El Gobierno negocia con Podemos el último escollo de la reforma fiscal que pone en jaque la legislatura

El Gobierno negocia al máximo nivel con Podemos, cuyos cuatro escaños son el último gran escollo para aprobar este jueves en pleno el paquete fiscal, una de las votaciones más importantes de la legislatura, de la que dependen miles de millones de euros en ingresos y los 7.200 millones del quinto desembolso de los fondos europeos que la Comisión Europea condiciona a estas decisiones de aumento de recaudación. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, y Félix Bolaños, ministro de Justicia y tradicional negociador con Podemos, se reunieron este miércoles con Ione Belarra, la secretaria general de esa formación. La reunión terminó sin acuerdo, pero Bolaños y Belarra, con larga relación desde que ambos fueron ministros de la coalición e interlocutores habituales, seguirán en contacto más que probablemente hasta el último minuto antes de la votación, en la tarde del jueves.

Si Podemos votara al final que no, como amenazó este miércoles Belarra en varias comparecencias, el paquete fiscal que podría afectar a la banca y grandes multinacionales caería —la reforma se ha colgado en la trasposición de la directa europea que impone un tipo mínimo a las multinacionales—. Si se abstuviera, podría salir, porque se ratificaría con 174 síes frente 171 noes. Pero fuentes de Podemos señalan que no están negociando la abstención, que entienden similar en su efecto al sí, sino el voto a favor a cambio de un giro importante progresista del Ejecutivo.

El Gobierno de coalición ya logró en la madrugada del lunes, en una negociación caótica y angustiosa que estuvo al borde del abismo, incorporar a los demás grupos de la izquierda (ERC, EH Bildu, BNG) y mantener dentro del acuerdo a Junts, algo que parecía casi imposible porque las posiciones en política fiscal, y especialmente en el impuesto a las grandes energéticas, son antagónicas: Junts quiere eliminarlo y ERC, Bildu y BNG prorrogarlo y dejarlo permanente.

El Ejecutivo parecía haber conseguido, a falta de la decisiva jornada de este jueves, que esos grupos aceptasen el compromiso de que el Consejo de Ministros hará un decreto antes de que acabe este año para recuperar ese impuesto en el futuro y que se puedan deducir las inversiones verdes. Junts avisó luego de que cuando ese decreto llegase para ser convalidado lo tumbaría, pero entre los partidos de izquierdas del bloque de investidura se conjuraron para achacar entonces a la formación que lidera Carles Puigdemont esa responsabilidad y su justificación. ERC, siempre en competición constante con Junts, anticipó que estaría en alerta para cualquier concesión extra y su portavoz, Gabriel Rufián, aclaró este miércoles que las 24 horas que quedaban hasta la votación de este jueves iban a ser “una eternidad”.

Ese pacto de izquierdas del Gobierno, sin embargo, no incluyó a Podemos, que ahora, cuando concentra todo el foco, exige más porque Belarra dice que no se fía de un Ejecutivo que negocia como “trileros”: piden un compromiso de que el decreto “no será una tomadura de pelo” y que, además de adoptarse en un Consejo de Ministros, se convalidará en el Congreso con el apoyo expreso de Junts y PNV. Eso parece imposible por parte de Junts y sin ellos no sale. El Gobierno y Podemos negociarán hasta “la campana” con fórmulas para que el grupo de Belarra pueda cambiar de posición. En cualquier caso, esta vez hay una crítica generalizada a la forma de negociar del Gobierno y a la decisión de empezar antes el pacto con Junts y PNV para eliminar el impuesto a las grandes energéticas y luego plantear un trágala a la izquierda.

En el trasfondo de este debate no están solo los miles de millones de euros que supone el paquete fiscal, y los 7.200 millones de fondos europeos que van detrás, sino la propia estabilidad de la mayoría y el riesgo de que un fracaso en esta votación clave instale la idea de que los Presupuestos del Estado para 2025 son inviables y que toda esta compleja legislatura está en jaque, en el aire. La presión sobre Podemos es muy fuerte, pero ellos ya han dejado claro que no se consideran socios del Gobierno desde que salieron del Ejecutivo y del grupo de Sumar y se fueron al Mixto.

En el Gobierno y en los grupos de izquierda confían en que Podemos entienda que no puede arriesgar con sus decisiones la posibilidad de abrir la puerta a un Ejecutivo del PP y Vox, pero en el equipo de Belarra insisten en que necesitan que el PSOE ceda en esta negociación y les ofrezca alguna garantía más. Otra batalla cruzada.

Si el lunes pasado en la comisión la tensión recurrente entre Junts y ERC, cada vez más alejados, ya fue clave para que hubiera un riesgo real de colapso de la mayoría porque ambos partidos exigían al Gobierno sus posiciones contrapuestas sobre el impuesto a las energéticas, ahora la guerra abierta se produce entre Sumar y Podemos, con PNV y EH Bildu vigilándose. Algunos diputados incluso creen que Podemos podría tener la tentación de romper la mayoría y presionar así para un adelanto electoral porque pueden pensar que ahora les podría beneficiar frente a Sumar, que está muy débil. Sánchez ya ha dejado claro que no irá a las elecciones por una derrota parlamentaria, por grave que sea, y este martes lo reafirmó desde Brasil: “Algunas votaciones las ganaremos y otras las perderemos”. Otros socios habituales, como Sumar, ERC, PNV, BNG y EH Bildu, remacharon que están por dar continuidad a la legislatura.

En ese contexto, los partidos del bloque de investidura han utilizado estas últimas horas en labrar pactos para rematar el paquete fiscal y salvar algunas cuestiones que cayeron en la caótica votación del lunes, especialmente el impuesto a la banca. El PSOE consiguió a última hora que ERC, EH Bildu y BNG votaran un compromiso que incluía el decreto para recuperar el impuesto a las energéticas y que este jueves se retomaría lo del tributo a la banca con un aumento en los tramos altos y la cesión de toda la recaudación a las autonomías. Esa promesa se plasmó a través de una enmienda transaccional que este miércoles registraron al límite los grupos progresistas, con el impulso de Sumar, que ha visto cómo algunos de sus hitos fiscales caían el lunes, aunque otros como el aumento de dos puntos en el IRPF a las rentas del capital superiores a 300.000 euros sí prosperaron. Pero ese escenario corre el riesgo de ser de nuevo meramente simbólico, porque las enmiendas transaccionales solo se pueden incorporar en esta fase de pleno, ya superada la comisión, si todos los grupos aceptan tramitarlas por unanimidad, algo que ha sucedido alguna vez pero ahora es bastante imprevisible de asumir para el PP y Vox.

Esa decisión de mantener el impuesto extraordinario a la banca es en cualquier caso firme hasta para Junts, lo que vaticina que se llevará adelante en algún momento y con alguna fórmula, que podría ser incluso un nuevo decreto. También está por ver cómo se articula el diseño del gravamen energético para contentar a Junts: fuentes de Sumar criticaban ayer que Hacienda está estudiando bonificaciones de hasta el 90% por las inversiones en descarbonización. Todo este panorama vaticina un debate y una votación de nuevo de vértigo en el Congreso. Si el Gobierno al final supera este paso decisivo, empezará a mirar ya a los Presupuestos, un salto definitivo para consolidar esta enrevesada legislatura.