Un mes sin casa por la dana: “No estoy pidiendo limosna, sino reclamando mis derechos”

El esqueleto de lo que alguna vez fue la fábrica de la cooperativa de ferretería Cofedeva sigue en pie junto a una rotonda en la periferia de Alaquàs (Valencia). El edificio abandonado se ha ido convirtiendo en basurero y depósito de escombros. De noche la oscuridad profunda se lo traga. A pocos kilómetros de donde se mueven de un lado para otro cuadrillas del Ejército, de los bomberos, guardias civiles, la UME, voluntarios, maquinaria, camiones y furgonetas con ayuda a los pueblos devastados por la fuerza de la riada del 29 de octubre, está este rincón olvidado en el extrarradio. Para un puñado de inmigrantes marroquíes que no pasan los 30 años este hoyo negro es ahora su hogar, desde el día de la debacle que dejó 221 personas muertas en toda la provincia.

En la segunda planta de la fábrica varios de los muchachos marroquíes han convertido el lugar en algo parecido a una habitación: hay colchones en el suelo, muebles, sillas de escritorio desvencijadas. En mitad de la estancia, una vieja sartén contiene unos garbanzos a medio hacer. Abderrahim y El Bada, dos muchachos en la veintena, vivían antes de llegar aquí en las localidades afectadas por la dana, entre albergues, chabolas y viviendas precarias que el torrente de agua y lodo, coches y árboles se llevó por delante sin mayor resistencia. Ellos ya estaban en el último escalón que separa a una persona con techo de vivir en la calle. Ahora ese escalón ya no existe. Han terminado en este edificio porque ya había otros inmigrantes marroquíes viviendo aquí, aún antes de la riada. “Ahora nadie tiene tiempo para ellos, pero ellos también existen”, dice Boutaina El Hadri, activista de origen marroquí que los encontró hace unos días y ahora les busca un techo digno.

Las cifras oficiales de la Consejería de Vivienda de la Generalitat estiman en 1.658 las viviendas que quedaron inhabitables por el paso de la riada. Las familias que las habitaban se han distribuido entre casas de familiares, albergues y refugios temporales habilitados por los ayuntamientos o la Generalitat. Pero para varias decenas de muchachos marroquíes que se habían acumulado en esta fábrica, el Ayuntamiento de Alaquàs resolvió de emergencia un hostal en Castellón cuando sobrevolaba la posibilidad de que llegase una segunda dana. Algunos rechazaron esa opción de alojamiento, porque tienen el temor, añadido al de quedarse en la calle, de sufrir represalias por parte de las autoridades porque están indocumentados. Prefirieron esta vieja fábrica, en la que el agua la recogen de un pozo cercano, un día comen y el otro no. Boutaina, que es la vicepresidenta del Consejo Valenciano de las Migraciones, ha denunciado esa situación en ese órgano –en el que se sientan varios cargos de la Generalitat–, pero no ha tenido respuesta. “En la pandemia sí que hubo una ayuda de emergencia para la gente sin documentación, pero es que ahora [no la hay de] nadie, ni el Gobierno central ni el autonómico”, enfatiza.

Los refugiados de las cabañas de El Vedat

El Centro Ambiental El Vedat está en la parte más elevada de la localidad de Torrent. Siete cabañas de madera, un edificio con oficinas, tres aulas, rodeado de 25.000 m² de pinada centenaria. De momento, una de esas cabañas hace de casa para María Luisa Hernández un mes después de que la riada se llevara por delante la que ella habitaba. De ella no se despega su séquito familiar, con dos hijos varones, de 17 y 16 años, y cuatro hijas, de 14, 12, 9 y año y medio. Hay vástago que viene en camino: María Luisa está embarazada de cinco meses. Ella, sus hijos y su marido fueron traídos aquí el martes 26 de noviembre, después de pasar un mes en el pabellón deportivo del pueblo, que el Ayuntamiento había habilitado como refugio temporal para quienes lo perdieron todo, pero que luego ha tenido que quedarse vacío de nuevo para retomar actividades.

Los primeros días en ese pabellón durmieron en el suelo, encima de mantas que acomodaron para alejarse algunos centímetros del frío. Al cuarto o quinto día, dice ella, llegaron las camillas. Eran hasta unas 200 personas en una cancha de baloncesto. Con el paso de los días, los que tenían familiares que pudieran alojarlos fueron saliendo de allí. Los últimos que quedaban, los que no tienen otra opción, fueron traídos a las cabañas, donde, al menos, han podido dormir mejor. “En el pabellón dormíamos y no dormíamos, porque teníamos un ojo abierto y otro cerrado, no descansábamos”, cuenta María Luisa. Además del shock de haber perdido la casa arrastrada por un torrente de agua, tenían que estar pendientes de que nadie se llevara lo poco que habían podido salvar. Aunque en la cabaña están más tranquilos, todo el tiempo les ronda la cabeza la certeza de que los días allí se les van acabando. Que deben ir resolviendo por su cuenta a dónde irse. Este refugio, como lo fue el pabellón, es temporal.

“Lo único que nos han dicho es que tenemos que ir buscando piso”, dice Dolores Torell, de 59 años, que está en otra de las cabañas con sus dos hijos porque también perdieron la casa. “Una casa de 30 años se me ha ido así; el coche de hace cinco años, flotando”, cuenta. No termina de asimilar lo que le pasó. “Yo muchas veces digo: ‘¿No me voy mejor a mi casa en vez de estar aquí? Pero qué casa, si no tengo nada”. Y en el horizonte cercano tampoco aparece la posibilidad de volver a tenerla. “Te piden (para alquilar) no sé cuántas nóminas, dos o tres meses de adelanto, yo qué sé; si vamos a estar aquí hasta que encontremos una vivienda, entonces vamos a estar toda la vida”. Y sentencia: “Yo no estoy pidiendo limosna, yo estoy reclamando mis derechos”.

Para todas las personas cuyas viviendas resultaron afectadas, la Generalitat habilitó ayudas directas de 6.000 euros por casa. Hasta la fecha, se han presentado 28.463 solicitudes para acceder a ellas. Y se han pagado hasta ahora 3.696 (por un montante de 22,1 millones de euros), lo que supone menos del 13%. Esas aportaciones económicas son compatibles con las que concede el Gobierno central, de las que, según dijo este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se han desembolsado más de 120 millones de euros. En palabras del ministro, se ha multiplicado por 10 la velocidad de concesión de ayudas respecto de otras emergencias. Las entidades aceleran el ritmo de entrega, pero a las personas que quedaron en la calle el tiempo se les hace eterno.

Es lo que le pasa a Francisco Chinchilla, 55 años, de cuya casa en la calle Masía del Juez en Torrent en la que vivía con su familia “no quedó un ladrillo”. Ahora está en otra de estas cabañas. “Yo no puedo pagar un alquiler de 1.000 euros, si cobro 1.300; pero a lo mejor un alquiler de 400…”. Enseguida lo interrumpe otra de las mujeres realojadas en este centro ambiental: “¿Y dónde están esos alquileres?”. Un alquiler de ese precio solo lo encontraría en una vivienda pública, protegida del mercado del alquiler, la gran deuda en España. María Luisa lo explica en una frase: “Yo estoy esperando una casa de protección oficial hace 17 años, desde que tuve mi primer hijo”. Cada año se renueva en la lista. La última vez que lo hizo fue hace ocho meses. Antes, al menos, alquilaba una casa mientras esperaba. Ahora no le queda nada.

Refugio temporal en el antiguo Hospital La Fe

El nivel del agua en la casa en la que vivía Yelitza Briceño en Alfafar alcanzó una altura de metro y medio. “Se llevó todo, todas las cosas que teníamos, el coche, la moto”, cuenta. Después del 29 de octubre, ella y su familia se repartieron en dos casas de amigos y vecinos que les abrieron la puerta: sus dos hijos de 21 y de 17 años en una, y ella y su esposo en otra. Pero los días fueron pasando y también quienes les acogieron tienen problemas propios. Así que el 18 de noviembre vinieron a parar acá, al antiguo Hospital La Fe de Valencia, que la Generalitat dispuso para los afectados como refugio temporal, además de otro en una residencia de Burjassot.

Son las seis de la tarde y, aunque Yelitza terminó su turno en el trabajo hace una hora y media, hasta ahora está regresando al refugio en el hospital. Ella, venezolana, que había llegado hace dos años a Alfafar, trabaja cuidando personas mayores, una fotografía que se repite en cientos de mujeres latinoamericanas en la provincia. Aunque en el hospital las condiciones son buenas, la sede le queda lejos de Catarroja, donde están las casas que le han asignado para trabajar.

Sabe que esta estancia es temporal, pero no tiene idea para dónde irse después de que deban dejar el hospital. Aplicó a las ayudas de la Generalitat y el Gobierno, pero aún ve lejos que le vayan a llegar. “Eso es un proceso, tampoco es que se lo depositen a uno de una vez, somos muchos pidiéndolas; esperemos que sea pronto, pero creo que va para largo”.