Albares pide “cerrar la excepcionalidad” de la Eurocámara, la única institución europea donde no se puede hablar catalán o euskera

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este miércoles en Bruselas acabar con la “excepcionalidad” lingüística del Parlamento Europeo, la única institución de la UE donde todavía no existe un acuerdo administrativo para poder usar las lenguas cooficiales españolas, como sí sucede desde hace años en la Comisión Europea o el Consejo de la UE.

A falta de un reconocimiento oficial a nivel UE de estas lenguas, un esfuerzo en paralelo también lanzado por Albares el año pasado y sin visos por el momento de avanzar, estos acuerdos administrativos permiten desde hace ya casi dos décadas que, por ejemplo, los ministros puedan hablar en catalán, gallego o euskera durante las reuniones con sus colegas europeos. El jefe de la diplomacia española se ha entrevistado en la capital belga, donde ha participado en una reunión de la OTAN, con la presidenta de la Eurocámara, la conservadora Roberta Metsola, a la que ya ha enviado varias cartas pidiéndole avances en la materia, la última en septiembre, aunque sin respuesta oficial hasta ahora.

En declaraciones a periodistas tras la reunión, de unos 20 minutos, Albares ha subrayado que el uso de idiomas como el catalán “no es un asunto político en sentido de política partidista, sino un asunto de identidad nacional española”. En este sentido, se ha declarado “abierto”a discutirlo con los eurodiputados españoles de cualquier signo, incluidos los del Partido Popular (PP) porque, ha subrayado, “esto no debe de verse como la victoria de unos españoles sobre otros, sino de avanzar nuestra identidad nacional plurilingüe, que está en nuestra Constitución, que está en nuestras calles”.

“No creo que este tenga que ser un tema de disputa política, es un tema de nuestra identidad nacional y así se lo traslado al Partido Popular”, insistido Albares, quien ha admitido, no obstante, que ni siquiera hay aún plazos para tratar el asunto. Metsola solicitó el pasado mes de octubre al grupo de trabajo de la Mesa del Parlamento sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos que estudiara el asunto y le presentara un informe sobre implicaciones del uso de estas lenguas cooficiales en el hemiciclo.

La Mesa, de la que además de la presidenta de la Eurocámara la componen los 14 vicepresidentes y cinco cuestores, es el organismo responsable de determinar las normas para el buen funcionamiento del Parlamento y está dividida en varios grupos de trabajo. De este grupo encargado ahora de revisar las implicaciones y consecuencias del uso del catalán, euskera y gallego en el hemiciclo forman parte tanto el socialista Javi López como el popular Esteban González Pons, cuyo partido ha bloqueado todos los intentos pasados de lograr este acuerdo. Su primera reunión de la actual legislatura tendrá lugar el 10 de diciembre, aunque ni siquiera está claro si en la agenda figurará este informe que, en cualquier caso, tardará varios meses en ser elaborado, advierten fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos.

Albares ha desvinculado su reunión con Metsola —un encuentro previsto para el mes pasado pero que tuvo que cancelar por la dana de Valencia— con la cita del próximo lunes, también en Bruselas, de la cúpula de Junts, incluido el expresident Carles Puigdemont, para hacer balance del acuerdo que hace un año permitió la investidura de Pedro Sánchez y que implicaba el hacer del catalán una lengua oficial en la UE, procedimiento que según Albares sigue en marcha a nivel del Consejo de la UE, pero que desde hace meses no ha tenido ningún avance.

Introducido como tema durante la presidencia de turno española de la UE, sufrió un parón a comienzos de este 2024, durante el turno belga, y no ha vuelto a entrar en la agenda durante el semestre europeo que ahora acaba y que ha estado en manos de Hungría. Pese a que varios países se han mostrado reticentes a aprobar la solicitud española, temerosos de que pueda abrir reclamos similares en su territorio, Albares ha rechazado que sea un problema de “tal o cual presidencia” y se ha declarado dispuesto a mantener el debate “el tiempo que sea necesario hasta conseguir la unanimidad” necesaria.