Víctimas del incendio de las discotecas de Murcia se querellan contra las aseguradoras por un posible delito de fraude

Los familiares de tres de las personas que fallecieron el 1 de octubre de 2023 en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia van a presentar una querella contra las compañías aseguradoras de esas salas por un posible delito de fraude. Consideran que las cantidades que los locales tenían aseguradas (300.000 euros en el caso de Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas del siniestro, y 1,2 millones en el de Teatre, donde se inició el fuego), representan una cifra “ruin y ultrajante para los familiares de las víctimas, por lo insignificante que resulta para cubrir las daños y perjuicios provocados”, y que los seguros tenían un “carácter fraudulento” porque no garantizaban una cobertura efectiva de la actividad asegurada.

Así lo ha explicado a EL PAÍS el abogado que representa a estos afectados, José Manuel Muñoz Ortín, que ha insistido en que las pólizas suscritas por ambos locales no se correspondían con el tipo de actividad, los aforos y las características de los negocios. El caso más sangrante, señala, es el de Fonda Milagros, con una póliza que cubría un total de 300.000 euros y por la que los responsables del local pagaban poco más de 500 euros al año, un precio similar al que paga cualquier particular por su seguro del coche, o a penas el doble de un seguro medio de hogar, advierte el letrado. La póliza de esta discoteca, subraya, no incluía además ningún tipo de dato sobre la actividad del local, los aforos, el volumen de negocio, o los negocios colindantes, a pesar de que la sala compartía el espacio de una nave industrial con la otra discoteca incendiada.

Algo más completa, afirma, era la póliza de la discoteca Teatre, por la que sus responsables pagaban unos 1.000 euros anuales y con una cobertura de 1,2 millones de euros. No obstante, Muñoz Ortín insiste en lo insuficiente de ambas: según cálculos, solo las indemnizaciones para los familiares de las tres víctimas a las que representa deberían rondar los 3 millones de euros, a los que habría que sumar las cantidades que correspondan a los allegados de los otros 10 fallecidos, además de a los heridos y resto de afectados.

En su opinión, estas pólizas pudieron ser contratadas de forma fraudulenta porque los “seguros ruinosos” de las dos discotecas daban “una apariencia de cobertura inexistente, con graves perjuicios en caso de producirse un siniestro, tal y como está aconteciendo”.

La aseguradora de Fonda Milagros, Allianz, ya ha depositado en el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que investiga este caso, los 300.000 euros de cobertura contratados, y Muñoz ha reclamado a la jueza, en un escrito presentado este 3 de diciembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, que abra una “pieza separada de responsabilidad civil” para determinar los beneficiarios de esos fondos, “dando prioridad a los familiares de los fallecidos en el incendio”, y que se lleve a cabo cuanto antes el reparto de los mismos de manera “proporcional e igualitaria”. Reclama además que el juzgado apremie a la aseguradora de Teatre, AXA, para que deposite también los 1,2 millones de cobertura para incluirlos en ese reparto, y que ambas compañías aporten además los intereses devengados desde la fecha del incendio, hace ya más de un año.

Para Muñoz Ortín, determinar quiénes deben ser beneficiarios de las indemnizaciones no debe ser un trámite complicado, porque todos los perjudicados “están claramente identificados en las diligencias” que se están llevando a cabo en el juzgado, y están ya personados en el procedimiento.

La jueza del caso amplió el pasado mes de octubre durante seis meses más el periodo de instrucción sobre este incendio, en el que actualmente hay seis personas investigadas (un responsable de Fonda Milagros, tres de Teatre, un DJ y el propietario de la máquina de fuegos fríos que se cree que originó el fuego) como posibles responsables de 13 delitos por homicidio imprudente. Aunque las salas estaban funcionando sin las correspondientes licencias municipales y con una orden de cese de actividad en vigor, ningún responsable del Ayuntamiento está siendo investigado, lo que ha llevado también a parte de los afectados a presentar denuncias paralelas.