El Gobierno vasco investigará a 73 funcionarios de baja en la cárcel de Álava por hacer una “huelga encubierta”

La Dirección de Justicia del Gobierno vasco ha anunciado este jueves que comenzará a estudiar si toma “medidas de carácter disciplinario” contra 73 funcionarios de la prisión de Zaballa (Álava) que se han dado de baja, lo que está provocando que se están suspendiendo servicios básicos de este centro penitenciario. El Juzgado de Vigilancia Penitencia de Bilbao considera que la situación es “preocupante, insostenible, intolerable y alarmante”, por lo que ha pedido al juzgado de guardia de Vitoria que investigue estos hechos por si pudieran ser constitutivos de delito.

Un tercio de la plantilla (73 de los casi 200 trabajadores) de la prisión de Zaballa se encuentra de baja desde el pasado 4 de diciembre, lo que ha obligado al centro a adoptar medidas provisionales de suspensión de permisos y realizar horas extraordinarias porque la “carencia de recursos humanos” ha obligado al Ejecutivo vasco (recibió la transferencia de prisiones en octubre de 2021) a ordenar el cierre de varios servicios y talleres y a la suspensión de las comunicaciones de los reclusos con sus familiares y sus abogados.

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha pedido en un auto que se investigue la situación que se ha creado en la cárcel alavesa tras recibir un informe elaborado por el director del centro en el que hace constar el incremento de las incapacidades laborales “continuadas y masivas”, que han llegado a un total de 73 empleados públicos de baja. El director de Zaballa remitió su informe a instancias del juzgado, al que da cuenta de que la falta de personal no responde a ninguna convocatoria de huelga, pero “sí a una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales”.

José Ramón López, presidente de Acaip-UGT, ha hecho este jueves un llamamiento a los afiliados de su sindicato y a todos los funcionarios de Zaballa para que dejen de hacer horas extras a partir de ahora. A su juicio, el sistema penitenciario en Euskadi puede ir a la “quiebra” como continúe con su actual gestión, que mantiene a las tres cárceles vascas en un “absoluto caos”.

El auto del juzgado de Vigilancia Penitenciaria, según la nota del Departamento vasco de Justicia, asegura en su auto que “todos los datos” apuntan a que “se trata de una huelga encubierta”. Esta posibilidad, añade el juzgado, “ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa” de Zaballa, a la que se le está “imposibilitando la formación y educación, acudir a talleres y a mantener contacto con el exterior”. Además, el Juzgado califica de “encomiable, responsable y solidario” el comportamiento de los funcionarios que continúan acudiendo a su puesto de trabajo, pero advierte de que es “insostenible en el tiempo”.

Por ello, ante la “urgencia y gravedad de la situación, insta en primer lugar a la Dirección de Justicia del Gobierno vasco a que “de modo inmediato adopte medidas urgentes”, decisión que el departamento recuerda que ya se había puesto en marcha con la activación de las bolsas de trabajo. De hecho ya se ha puesto en marcha la incorporación inmediata de 32 trabajadores de las bolsas de trabajo en la prisión de Zaballa, según fuentes del departamento.

El departamento dirigido por la socialista María Jesús San José ha recordado en una nota que esta situación, “inédita hasta ahora”, coincide con un momento de negociación colectiva, derivada de la decisión de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la primera tras tres años desde la transferencia.

Esta RPT amplía la plantilla en 260 personas para dar solución a la acumulación de horas extras y falta de personal. Este proceso coincide en el tiempo con un concurso de traslados convocado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al que se habrían apuntado 195 personas que deben tomar una decisión definitiva en las próximas semanas sobre su salida de Euskadi.