El juez Hurtado sale en defensa del novio de Ayuso y evita investigar el origen de la filtración

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado la mayoría de las diligencias solicitadas por la Abogacía General del Estado con argumentos tan engañosos que sorprende que se difundan en un auto con el sello de una instancia judicial tan cualificada. Hurtado parece no atender al código de buenas prácticas de un juez instructor, consistente en recopilar material de cargo y de descargo sobre el investigado en una causa penal. Negar pruebas pedidas por el fiscal general, en este caso por la Abogacía del Estado que le defiende, consolida la sospecha de que el magistrado rechaza cualquier testimonio que pueda arruinar su estrategia para procesar a Álvaro García Ortiz.

El juez Hurtado lo hace con una valoración subjetiva y engañosa sobre las informaciones publicadas en EL PAÍS los días 13 y 20 de enero por las que la Abogacía del Estado pedía citar como testigos a cuatro redactores de este periódico. El magistrado del Supremo considera que se trata de “opiniones que no es fácil entender que se pretenda con ellas variar un criterio judicial razonablemente expuesto”. Las dos noticias, a las que se refiere Hurtado tildándolas de “opiniones”, informaban con hechos acreditados mediante documentos oficiales, cruce de WhatsApp o declaraciones públicas, sobre cómo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había filtrado detalles de toda la negociación supuestamente confidencial entre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y defraudador confeso, y la fiscalía de Madrid.

Unos detalles que, salvo para el juez Hurtado, no parecen menores dado que la investigación abierta debería aclarar si el secreto por cuya filtración está imputado el fiscal general había dejado de serlo mucho antes. Entre otras cosas, porque González Amador, el supuesto defraudador fiscal que presentó la querella contra el fiscal general, le contó detalles de su situación al Gobierno presidido por su novia, quien los divulgó, pero manipulándolos para engañar a la opinión pública.

El juez Hurtado califica de “opiniones” los relatos de hechos publicados por EL PAÍS en sendos artículos que detallaban los mensajes enviados por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a la prensa; las declaraciones públicas de la presidenta madrileña; las confesiones de culpa del abogado de González Amador ante la Agencia Tributaria, y los mensajes cruzados entre los redactores de EL PAÍS donde se acreditaba que información del secreto que investiga el juez Hurtado llegó a este periódico 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general del Estado.

El instructor del Supremo lleva varias semanas sin querer investigar el origen del secreto y se permite la libertad de sugerir que las informaciones de EL PAÍS son malintencionadas: “No es fácil entender que se pretenda con ellas [las informaciones publicadas el 13 y el 20 de enero] variar un criterio judicial razonablemente expuesto”. Este periódico no pretende variar ningún criterio judicial, solo esclarecer la verdad de lo ocurrido. Algo que Hurtado claramente evita hacer cuando rechaza practicar diligencias pedidas por el imputado.

El magistrado tampoco lee bien las informaciones de este periódico cuando acusa a EL PAÍS de dar a entender que hubo una negociación con la Agencia Tributaria antes de judicializarse el asunto (eso pertenece a un titular de la información falsa publicada por El Mundo). EL PAÍS no dio a entender nada, sólo ha contado hechos. González Amador admitió, cuando ya era tarde, que había defraudado a Hacienda durante dos ejercicios fiscales al presentar como gastos deducibles facturas falsas por casi 1,7 millones de euros con una decena de empresas implicadas en el engaño. Y pretendió devolver lo defraudado haciendo una declaración fiscal improcedente en 2023. Es dudoso que el juez Hurtado, por lo que ha escrito, conozca los pormenores del caso que originó la causa penal que instruye.

El magistrado se erige además en un defensor cualificado del querellante González Amador. Primero negándose a la citación del novio de Ayuso como había pedido la Abogacía del Estado. “No deja de sorprender que pida esta diligencia la defensa”, escribe Hurtado, porque la práctica habitual es que el testimonio de quien ha presentado la querella (González Amador) “más que favorecer viene a ser perjudicial para el acusado”. No se entiende muy bien esta línea argumental de Hurtado ni se comprende en qué puede perjudicar a la defensa del fiscal general que González Amador pueda contestar a la pregunta de si autorizó al Gobierno de su novia a difundir detalles supuestamente secretos ―incluyendo su confesión de culpa― de sus negociaciones con la fiscalía para evitar la cárcel. El juez Hurtado cree que la Abogacía quiere citar a González Amador para que explique su querella y eso supondría “una dilación para la declaración de los investigados” que considera “innecesaria”.

Para rechazar la intervención del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, donde podrían encontrarse las pruebas de las informaciones supuestamente secretas que reveló a periodistas, el juez Hurtado afirma que el jefe de gabinete de Ayuso difundió el correo del 12 de marzo “a partir de la autorización de la persona a la que concierne el secreto”. No hay en la causa ni una sola prueba de que Carlos Neira, el abogado de González Amador, autorizase la difusión de ese correo que le envió el fiscal Julián Salto. Solo existe como prueba un wasap de Carlos Neira a González Amador donde nada le dice de autorizar la difusión del correo que le ha enviado el fiscal y solo le informa de que “todo sigue en pie”, en relación con la negociación de un acuerdo de conformidad para llegar a “una condena y una multa mínima”. Pero es que, además, Julián Salto, el fiscal que envía el correo, no solo no autorizó la difusión del mismo, sino que se quejó en su declaración ante el juez Hurtado de la manipulación que hizo del mismo el Gobierno de Ayuso y el diario El Mundo, al que atribuyó la publicación de una “mentira”.

Estos detalles importan poco al juez Hurtado, quien sostiene que la “relevancia delictiva” del caso se encuentra “en la quiebra de confidencialidad del contenido de los correos por parte del filtrador”, sin explicar las razones de por qué no quiere investigar si el filtrador al que se refiere es el propio González Amador.

El magistrado remata su auto con otra afirmación de dudoso rigor: “Parece razonable deducir que ha sido tras la filtración de ese correo de 2 de febrero, con el reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.

González Amador es un defraudador que ha confesado su culpa en varios momentos del procedimiento ante la Agencia Tributaria, ante la Fiscalía y, aunque el intento resultó frustrado, ante el juzgado que investiga los hechos con la presentación de un acuerdo de conformidad que pretendió pactar también con la Abogacía del Estado. No hay una sentencia que le condene por los dos delitos fiscales que él pretende admitir para evitar la cárcel, pero ha confesado su fraude en todas las instancias posibles. Su abogado escribió a los inspectores de Hacienda que descubrieron los múltiples engaños de González Amador que su cliente “no era consciente de la gravedad” de lo que había hecho, que se trataba de un “error” sin “mala fe” y que por esa razón había devuelto lo defraudado mediante una improcedente declaración fiscal en 2023 por la que pagó al fisco 629.000 euros de los que Hacienda le devolvió 552.000 euros en 2024.

El daño reputacional de González Amador consiste básicamente en ganar dos millones de euros por una comisión de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia e inventarse después un gasto inexistente de más de 620.000 euros con una empresa mexicana para deducírselo en el Impuesto de Sociedades y dejar de pagar a Hacienda los 155.000 euros que le correspondían. El daño reputacional también consiste en que el año siguiente, con una inspección fiscal ya abierta, González Amador volvió a perpetrar un nuevo engaño con facturas falsas de media docena de empresarios andaluces y una firma de Costa de Marfil por más de un millón de euros para dejar de pagar 195.000 euros. No se alcanza a entender por qué ese daño reputacional se agrava cuando se conoce que González Amador admite esos delitos y quiere pagar medio millón de euros para ver reducida su pena a solo ocho meses de cárcel. Por cierto, el Gobierno de Ayuso llegó a contar estos detalles, tergiversándolos, mucho antes de que la Fiscalía difundiera el desmentido de su bulo, según le han contado algunos periodistas a Hurtado, aunque este magistrado lo considere irrelevante.