Investigadas 24 clínicas por usar bótox ‘pirata’ traído de Corea del Sur para tratamientos de estética

Tratamientos de belleza bajo sospecha. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria (AEAT) investigan, desde hace dos años, una trama de importación ilegal desde Corea del Sur de productos sanitarios no homologados utilizados en operaciones de estética que ha terminado por salpicar a 24 clínicas y pseudoclínicas de las provincias de Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla, Murcia y Alicante, según ha informado este lunes el instituto armado. Entre el material de origen irregular intervenido en los registros hay 700 viales piratas de toxina botulínica, una sustancia popularmente conocida por el nombre comercial bótox que es utilizada para disminuir las arrugas faciales y cuya administración se ha convertido en una de las intervenciones de belleza más demandada en España, según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

De los centros investigados, 19 operaban de modo clandestino ―en la mayoría de los casos en la trastienda de peluquerías y locales de manicura, pero también pisos― y con personal que no tenía la titulación exigida para suministrarlo. Las otros cinco son clínicas que contaban con las autorizaciones legales para ejercer y que adquirían estos productos en el mercado negro por su menor precio, según detallan fuentes cercanas a las pesquisas. Los agentes buscan ahora posibles víctimas que hubieran sido tratadas con estos medicamentos sin garantías, después de constatar que al menos cinco pacientes que recibieron productos importados ilegalmente por la trama habían sufrido secuelas, como inflamación, desplazamiento del producto a otra zona del rostro e, incluso, necrosis de la piel, según detalla Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la SEME. Esta sociedad presentó el año pasado 70 reclamaciones a las consejerías de Sanidad de las Comunidades autónomas por casos de mala praxis, aunque consideran que es número es menos del 10% de los que se producen.

El operativo se ha saldado con la detención el pasado 12 de diciembre de cuatro personas, entre ellos dos ciudadanos de nacionalidad rusa y un ucranio asentados en Málaga y Alicante respectivamente a los que se consideran los cabecillas de la organización y que se encargaban presuntamente de importar ilegalmente, principalmente desde el país asiático, medicamentos y productos sanitarios que no cumplen los estándares de la UE a través del puerto y el aeropuerto de Sevilla para luego venderlos en España y Portugal. El cuarto detenido es el responsable de una pseudoclínica situada en una peluquería de Madrid al que se le intervino gran cantidad de estos productos en unas condiciones lamentables de conversación. Todos ellos han quedado en libertad con medidas cautelares, como la retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado.

Además, hay otras 41 personas investigadas, entre ellas las que ejercían labores sanitarias sin tener la titulación requerida, pero también médicos de las clínicas que recibían a su nombre los paquetes con las sustancias piratas. A todos ellos se les atribuyen delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil considera que, tras los arrestos, la trama ha sido totalmente desarticulada, aunque no descarta una segunda fase para desmantelar otras redes de distribución a gran escala en España de estos fármacos.

En la operación, la Guardia Civil ha aprehendido, además de los centenares de viales de bótox, un millar de jeringuillas precargadas de ácido hialurónico (también usadas para eliminar arrugas), más de 200 envases de lidocaína (un anestésico local), 275 viales de hialuronidasa (destinado a contrarrestar efectos negativos de algunos tratamientos), así como medicamentos para blanquear le piel, hilos tensores y maquinaria específica para los tratamientos de estética, entre ellas seis centrifugadoras para la obtención de plasma rico en plaquetas a partir de la sangre de los pacientes (empleado para retrasar el envejecimiento de la piel). “Todo ello, sin la trazabilidad, calidad y conservación exigida para los productos oficiales, lo que les convierte en productos de riesgo”, destaca la Guardia Civil.

La bautizada como Operación Kalopsia se inició en 2023 después de que la Sección de Salud y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) recibiera, tras las denuncias de pacientes a la SEME de haber sufrido una reacción adversa, información de la existencia de varias centros clandestinos que ofertaban a través de las redes sociales tratamientos de estética pese a no tener personal titulado. Su atractivo era el precio: cobraban poco más de 200 euros cuando el precio habitualmente es superior a los 400 euros. Mientras realizaban las pesquisas sobre estos centros, los agentes comprobaron que tanto en el puerto como en el aeropuerto de Sevilla se estaba produciendo un incremento importante de aprehensiones de paquetes con productos sanitarios que no tenían autorización para su comercialización en España y que estaban relacionados directa o indirectamente con intervenciones de estética.

En todos los casos, se trataba de sustancias que eran ofertadas a través de las páginas webs de varias empresas del país asiático ―donde su venta libre en farmacias es legal― y que la trama que los importaba intentaban colar en España en paquetes para los que declaraban un contenido diferente que les permitiera sortear los controles aduaneros o dentro de maletas. Una vez los recibían, los tres presuntos integrantes del grupo los almacenaban y comenzaban a ofertarlos, o bien a través de una página web, ahora clausurada, y de perfiles de redes sociales, o bien directamente gracias al boca a boca entre sus clientes. La red llevaba operando al menos cinco años y solo en los últimos seis meses se estima que pudo introducir ilegalmente cerca de 5.000 viales de bótox con un precio en origen de 650.000 euros que al llegar a España multiplicaban su valor hasta por tres. Parte de estos medicamentos iban enviados posteriormente a Portugal.

Los beneficios ilícitos obtenidos con su venta eran después ingresados por los cabecillas en cuentas bancarias de terceros países, como Lituania y Bulgaria, supuestamente para su blanqueo. Junto a las detenciones, la Guardia Civil ha realizado cuatro registros en viviendas de San Pedro de Alcántara (Málaga) y Torrevieja (Alicante), y en la habitación de un hotel de Cartagena (Murcia), así como las 24 inspecciones en las clínicas y pseudoclínicas, en las que se han realizado 40 aprehensiones de medicamentos y productos sanitarios ilegales. Además de la UCO, en el operativo han participado otras unidades de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, además de contar con la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos, la Inspección de Farmacia de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de Madrid y la SEME. Tres universidades han dado asesoramiento técnico y realizado las analíticas.

Un informe de este mismo año de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) alertaba de que “el mercado ilícito de productos farmacéuticos y sanitarios falsificados es mundial y va en aumento”. “Se prevé que este fenómeno siga siendo generalizado y es probable que el aumento constante de la demanda genere oportunidades continuas para la delincuencia organizada”, recalcaba el documento dado a conocer la semana pasada.