El PP llevará a Pedro Sánchez y a Carlos Mazón a la comisión de investigación de la dana en el Senado
El grupo parlamentario popular solicita también la comparecencia de varios ministros dentro de una lista de unos 40 nombres en los que apenas hay miembros del Ejecutivo autonómico
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El recrudecimiento de la batalla entre el Gobierno central y el PP a cuenta de la gestión de la dana se trasladará a las paredes del Senado. Este lunes, la comisión de investigación sobre la devastadora gota fría impulsada por el Partido Popular en la Cámara alta ha avanzado con importantes pasos. El PP ha solicitado la comparecencia tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la del jefe de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la citada comisión. Al tener la mayoría absoluta, el grupo popular podrá sacar adelante dichas peticiones, que también han extendido a otros ministros del Ejecutivo de coalición. Hasta el momento —y aunque Mazón se había mostrado favorable a acudir a dar explicaciones—, los populares no habían aclarado si exigirían al president sentarse o no ante el interrogatorio parlamentario de los senadores. Una incógnita que ha sido desvelada ahora dentro de una lista de unos 40 nombres en los que apenas hay miembros del Ejecutivo autonómico.
La comisión de investigación de la dana en el Senado, donde el PP controla los tiempos parlamentarios con su mayoría absoluta, sirve a los populares para azuzar la batalla de la Generalitat contra el Gobierno. Una lucha que ha ido in crescendo más de 100 días después del paso de la terrible gota fría. “Mientras el presidente Mazón ha mostrado disponibilidad a venir y está dando explicaciones desde el minuto uno, el presidente Sánchez se ha ocultado”, ha señalado en esa línea la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. La mesa de la comisión, presidida por el que fuera consejero de Economía de la Generalitat entre 2001 y 2011, el senador popular Gerardo Camps, arrancó el pasado 20 de enero con una intervención en la que el parlamentario pidió “honrar a las víctimas” (que suman 224 muertos) y que el debate se aleje de una intención “partidista”.
Algo que parece improbable tras las últimas declaraciones en público tanto de Mazón como del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusa a La Moncloa de dejación de funciones en la atención de las víctimas tras las dana para desestabilizar al Govern —según el jefe de la oposición—. “Nunca he visto tanta irresponsabilidad, que ya es más que algo político. Es un problema moral. Yo sería incapaz de dormir en La Moncloa sabiendo lo que les está pasando a 800.000 ciudadanos en esa comunidad”, ha afirmado Feijóo este lunes en una entrevista en El Mundo. En paralelo, Mazón mantiene el hermetismo y niega información sobre dónde estuvo el 29 de octubre, día de la fatídica jornada.
Además de a Sánchez, el PP ha pedido también la comparecencia de otros miembros del Gobierno central. Entre ellos, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra portavoz, Pilar Alegría, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. A esa lista los populares han sumado a la predecesora de Aagesen y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; al responsable de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Cargos sobre los que el PP ha descargado con crudeza buena parte de la responsabilidad de lo acaecido durante la jornada de la dana.
Sin embargo, el PP no ha incluido en su lista a Salomé Pradas, la consejera cesada cuatro semanas después de la catástrofe por Mazón, entonces responsable de Interior y Justicia y máxima responsable de Emergencias. El hecho de que los populares hayan dejado a Pradas fuera del interrogatorio del Senado contrasta con el movimiento efectuado la semana pasada por la Generalitat. El Ejecutivo autonómico respondió a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que centraliza todas las pesquisas, que el responsable de activar el botón rojo de la alerta de los mensajes al móvil el día 29 de octubre, ya a las 20.11, fue el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado). Pradas, según el mismo escrito de la Generalitat, estaba al frente de dicho organismo.
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