Incertidumbre y miedo tras el desalojo de un asentamiento chabolista en Níjar: “¿Qué vamos a hacer ahora?”

Con cara seria, cansado por pasar la noche prácticamente sin dormir, Mehdi, marroquí de 23 años, observa cómo se acerca una excavadora al lugar donde reside. “¿Qué vamos a hacer ahora?”, se pregunta consciente de que su chabola, una de la decena que hay en los terrenos del cortijo El Uno, en el municipio de Níjar (Almería) va camino de ser derribada por mandato judicial. A su alrededor, sus vecinos sacan a la calle los pocos enseres que les quedan en la vieja nave que comparten con otras familias. Sobre una valla hay mantas, neveras, ventiladores, bolsas de ropa, una camiseta de la selección de Marruecos. Y una bicicleta de uno de los nueve menores que habitan este asentamiento, que en la mañana de este martes recibió, puntual, a las 9.40 horas, la visita de la comitiva judicial que ha notificado el desahucio con la protección de un amplio dispositivo de Guardia Civil y Policía Local. Los agentes vigilaban que nadie impidiera a las piquetas echar abajo estas infraviviendas construidas a base de palets y plásticos, trabajo que ha empezado poco antes de las once de la mañana.

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería ordenó a principios de mes el desalojo de este campamento chabolista compuesto por un puñado de chabolas, un antiguo cortijo dividido en pequeñas casitas medio derribadas y una vieja nave industrial. “No al desalojo”, se leía en una pintada escrita sobre una de las fachadas levantadas con bloques de hormigón. En su puerta, apenas una sábana colgada de una cuerda, había un patinete con dos maletas. Es todo lo que podía llevar una de las mujeres que residen en este rincón junto a la barriada de San Isidro rodeado de invernaderos. En ellos trabajan muchos de los habitantes de El Uno. “Tomate, pimiento, calabacín”, subraya Mehdi. “Hacemos temporadas, lo que podemos”, añade su amigo Maati. “No sabemos a dónde ir”, añadía el joven, de 27 años y que lleva cinco empleado de manera intermitente en la agricultura intensiva. Como ellos, otras 3.500 personas residen en otros 30 campamentos similares en la comarca de Níjar. El mayor de ellos, Atochares, acoge a más de 500 migrantes.

A primera hora de la mañana, ajeno a todo, un pequeño de dos años y medio trataba de pasear con una pequeña bicicleta de plástico. “El resto de niños está ya en el colegio”, explicaba Fouciya, mujer en la treintena que tenía poco claro qué hacer con su vida ni dónde dormir esta noche. A su alrededor, minutos antes de las ocho, un grupo de activistas se afanaba en montar tres rudimentarias barricadas con viejos electrodomésticos, ladrillos y objetos variados. Varios de estos voluntarios han pasado la noche en el asentamiento echando una mano a los residentes, que llevaban ya desde el lunes realizando portes para sacar de las que han sido sus casas durante años sus pocas propiedades. “No sabemos bien dónde ir. Llevamos semanas buscando una vivienda, pero no hay nada para alquilar. Y si encima no tienes papeles, es mucho más complicado”, añadía Abdoul, de 33 años.

Sobre las once, bajo las órdenes de la Guardia Civil y la mirada atenta de los residentes, una excavadora empezaba a derribar las primeras chabolas, a cuyos moradores la comitiva judicial había comunicado el desahucio minutos antes. Los golpes de la piqueta tiraban con facilidad las estructuras de madera y plástico. “Es un acto injusto e inhumano”, han denunciado las organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que forman la plataforma Derecho a Techo, que critica la pasividad de las administraciones y también de la patronal agraria. “Solo les queda el suelo para dormir”, subrayaba el activista Ricardo Pérez.

Unos han conseguido hueco en la casa de algún familiar, otros prevén reconstruir su chabola en campamentos cercanos. Varios han viajado hasta Murcia en busca de otra oportunidad y hay incluso una familia que ha decidido volver a Marruecos. Apenas media docena de ellos serán acogidos por Almería Acoge y alguno más por otras entidades sociales. La mayoría, sin embargo, se queda en la calle. “La gente se está buscando la vida. En realidad la mayoría no tienen a dónde ir. Es una situación muy traumática ver cómo se destroza la vida, el hogar de estas personas. Y peor aún es hacerlo con la impotencia de ver que no hay ninguna alternativa, que nadie les ha planteado una solución”, subraya Daniel Izuzquiza, máximo responsable del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) que lleva cuatro años trabajando en la zona con personas migrantes. “Es que son muchas personas, entre 50 y 60, incluidos nueve menores, quienes van a quedar en la calle en situación de desamparo. Y las administraciones públicas no han dado la respuesta que corresponde ni lo que la ley les obliga. Primero el Ayuntamiento, luego la Junta de Andalucía ya sí sucesivamente tienen la obligación de defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente los niños”, insistía Izuzquiza, que hacía mención también al informe del Defensor del Pueblo Andaluz que este lunes pedía al Ayuntamiento de Níjar que actuase “con carácter urgente y preferente”.

El informe, enviado al alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP) y firmado por el defensor, Jesús Maeztu, pedía al municipio que valorase la situación de vulnerabilidad de los residentes del cortijo El Uno, que se coordinase con otras administraciones para que no se queden en la calle “priorizando a las familias con menores” y que canalizaran sus recursos de la mano de las organizaciones sociales que trabajan en la comarca. Fuentes del consistorio han insistido en los últimos días que el desalojo era un “tema privado” en el que ellos no tenían ninguna responsabilidad ni competencia. “No hay viviendas”, se excusaban para no proponer soluciones a las familias desalojadas este martes, aunque en la zona de Los Grillos hay 62 que hay ya listas y precisamente dirigidas a trabajadores del campo en la zona de Los Grillos están a la espera de “una cesión” para que sean gestionadas “por una entidad”, según la concejal de Servicios Sociales, Ángeles Góngora. Levantarlas costó dos millones de euros. Y aunque llevan meses equipadas, aún siguen vacías. Este es el cuarto asentamiento que se derriba desde febrero de 2023 tras los conocidos como Walili, Megasa y Cañaveral (el único con opciones de realojo antes del derribo), todos en los alrededores de San Isidro.