Las claves del acuerdo: desde la concesión de los permisos de residencia al control del CIE de Barcelona

El PSOE y Junts han sellado este martes el acuerdo con el que el Estado delegará competencias estatales en inmigración a la Generalitat. El pacto, negociado con total secretismo hasta hoy, cambia los actores protagonistas de la gestión migratoria. Habrá ajustes en la emisión de autorizaciones de residencia y trabajo, pero sobre todo en las cuestiones más polémicas: fronteras y devoluciones. El texto dado a conocer por los socialistas aspira a llegar a 26.800 efectivos de la policía catalana en 2032, desde los cerca de 19.000 actuales, y delegar en ellos la gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y el trámite o la ejecución de las devoluciones, funciones hasta ahora en manos de la Policía Nacional. El acuerdo no contempla la delegación del control de fronteras, sino una pequeña parte, como el control documental.

La futura ley orgánica de delegación de competencias pretende que Cataluña desarrolle “un modelo propio” y “una política integral”, pero el acuerdo no se ocupa de una competencia estatal clave en la gestión migratoria: la integración y la acogida de solicitantes de asilo, dos cuestiones que cuantitativamente (afectan a decenas de miles de personas) tienen un impacto mucho mayor que el de las competencias reclamadas.

Estos son los principales puntos del acuerdo:

Es una delegación, no una transferencia. La delegación no supone por ello una traslación de la titularidad competencial, sino el ejercicio delegado de dicha competencia por la o las comunidades, estableciéndose un régimen de control diferenciado dado el mantenimiento de la titularidad competencial en el Estado. Aun así, según el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts, la Ley Orgánica que permitirá la delegación de competencias permitirá que Cataluña pueda “desarrollar un modelo propio” y “una política integral” de inmigración.

Seguridad en puertos y aeropuertos. Aunque los Mossos ya compartían algunas funciones, a partir de ahora trabajarán junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en garantizar la seguridad de puertos, aeropuertos y las llamadas “zonas críticas”. El cambio recorta sobre todo margen de actuación a la policía, porque las funciones de la Guardia Civil (control de fronteras, policía fiscal y policía aduanera) se mantienen como están. La fórmula de cooperación no se define en el articulado.

Control de pasaportes y rechazos en frontera. Se espera que los Mossos desplieguen sus unidades especializadas para controlar pasaportes y documentos de viaje en sus fronteras, siempre en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales. Esta nueva función las permitirá, según se lee en el acuerdo, devolver extranjeros que cuenten con una prohibición de entrada, esto es, negarles el ingreso en el territorio.

Mando en (pocas) devoluciones e influencia en las expulsiones. La Generalitat asumirá parte de las herramientas clave del Ministerio del Interior en materia migratoria: las devoluciones de extranjeros. Pero esa delegación de competencias tiene truco, porque aunque el acuerdo refiere que Cataluña “instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente”, en referencia a las devoluciones, estas son muy limitadas en Cataluña. Las devoluciones (que también requieren de un expediente) son procedimientos que abren y se intentan llevar a cabo de forma inmediata cuando alguien entra de forma irregular en España. En Cataluña esto apenas ocurre, mientras que en Canarias con la llegada de personas en cayucos se abren cientos cada día.

Las expulsiones que sí requieran expediente —aquellas que se inician a personas que han cometido delitos o son cazadas en situación irregular por la calle— se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat (antes una función policial), previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña. Aquí se vislumbra la ya declarada intención de Junts de abordar la cuestión de los multirreincidentes. El Ministerio del Interior aún no ha explicado cómo se gestionará una competencia que, además de estatal, depende de los países de origen.

Control del centro de internamiento. La Policía Nacional perderá la gestión del centro de internamiento (CIE) de Zona Franca, en Barcelona, el único que hay en Cataluña. Aquí es donde se interna (previa autorización judicial) a los extranjeros que están pendientes de que se ejecute su devolución o expulsión. La estancia en régimen cerrado y bajo supervisión policial (es prácticamente una cárcel) no puede superar los 60 días, aunque las autoridades no logren retornar al extranjero a su país.

Autorizaciones para vivir y trabajar. Se declara a Cataluña como “ventanilla única” de varios tipos de autorizaciones de residencia (larga duración, temporal...) y estancias académicas. Esto significa que la Generalitat ejercerá de oficina de extranjería y tendrá la competencia para recibir y estudiar los expedientes para decidir sobre su concesión conforme a la legislación vigente. Competencias parecidas (limitadas más bien a las autorizaciones de trabajo) se están delegando a País Vasco. La Generalitat también expedirá el documento de identidad de los extranjeros, una competencia, hasta ahora, policial. En contrataciones de trabajadores en origen, Cataluña decidirá (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de empleados que se autorizarán.

Trata y explotación. Los Mossos y no la policía, como hasta ahora, serán los competentes en la “prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos”.