El Pacto Verde: un acuerdo del que se distancian los populares europeos por la presión de la ultraderecha

La fuerza con la que el Partido Popular Europeo (PPE) ha venido defendiendo la agenda verde que impulsó un arsenal de medidas contra el cambio climático en la legislatura anterior ha ido decayendo de forma significativa desde hace más de un año. No son muchos los que lo critican con la dureza que lo ha hecho el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. “Llamamos a la acción en contra del pacto verde europeo”, ha subrayado un Mazón acorralado judicialmente por la gestión de una catástrofe natural que se llevó la vida de 225 personas a finales de octubre y dejó otros tres desaparecidos. Pero las acciones de los conservadores europeos sí que evidencian que van poniendo distancia con el acuerdo que permitió en 2019 encumbrar a una de sus dirigentes, Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea. El fallido rechazo del PPE a la ley de restauración de la naturaleza, el aplazamiento de la entrada en vigor de la ley de deforestación o la dilución de la ley de biodiversidad aparecen como ejemplos de ese distanciamiento.

Hace ahora dos años que el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB, por sus siglas neerlandesas) ganó en las elecciones en los Países Bajos. Aquello provocó una conmoción en el centroderecha europeo. Meses después llegaron las protestas agrícolas. Y poco a poco el PPE empezó a perder entusiasmo por la agenda verde que pactó con los socialdemócratas, los verdes y los liberales en 2019. Eso ya se vio con nitidez en verano de 2023, cuando Manfred Weber declaró una guerra abierta contra la Ley de la Restauración de la Naturaleza. La norma salió adelante, pero el paso que dio el PPE provocó momentos de incomprensión entre Von der Leyen y Weber.

En esta deriva de la derecha tradicional europea ha tenido mucho que ver la pujanza de los partidos ultras y populistas, que niegan contra las evidencias científicas la propia existencia del cambio climático. Una de las voces que más se escucha en Bruselas contra las políticas medioambientalistas es la del líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien no deja de recordar una vez tras otra que su objetivo es tumbar el pacto verde. Y ante esta presión, el PPE ha ido cediendo, no solo en asunto medioambientales sino también en otros, como la migración, en los que su discurso se ha ido endureciendo.

Para ser reelegida, Von der Leyen tuvo que comprometerse a no dar un giro radical respecto a su obra anterior, la de la legislatura europea de 2019 a 2024. Los Verdes le dieron un respaldo claro en la votación que confirmó su nombramiento en julio del año pasado en la Eurocámara. Pero el conjunto del Colegio de Comisarios cuenta con muchos miembros de partidos de derechas que han acabando imponiendo la orientación de varias políticas que erosionan el compromiso verde de los años precedentes.

Esto ya ha podido verse con la prioridad dada en los primeros 100 días de la primera Comisión Europa a la agenda de “simplificación administrativa”. El argumento más utilizado para avanzar en ella es el de reducir las cargas burocráticas de las empresas para impulsar la competitividad. Con ese fin, el Ejecutivo de la Unión ya ha lanzado su primer paquete simplificador, que justamente se ha centrado en las exigencias medioambientales impulsadas durante la pasada legislativa. No se han modificado los objetivos, pero se ha reducido considerablemente las obligaciones informativas de las empresa en sus informes de sostenibilidad o en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. “Nuestro compromiso para asegurar la transición verde y digital no cambia, pero tenemos que reconocer que esto ha tenido un coste, generando una gran carga regulatoria en personas y negocios”, señaló el letón Valdis Dombrovskis, el comisario responsable de la simplificación –Bruselas huye de la palabra desregulación– el día que presentó ese primer conjunto de medidas.

Pero ese paso no fue el primero que había dado Von der Leyen en esta dirección. Ya antes incluso de que toda la nueva Comisión fuera ratificada, la alemana propuso la demora por un año del reglamento contra la deforestación, que prohibía la entrada en la UE de productos procedentes de zonas deforestadas. Esa norma tenía que haber entrado en vigor a comienzos de 2025, pero finalmente se pospuso. Lo sucedido en la tramitación parlamentaria demuestra que el alejamiento del PPE de las posiciones más ecológicas ya es grande. Cuando se tuvo que convalidar en el Parlamento, los populares se apoyaron en los tres grupos de ultraderecha, desde los Conservadores y Reformistas Europeos, en los que está Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, hasta Europa de las Naciones Soberanas, en el que se integra Alternativa por Alemania, pasado por Patriotas por Europa, donde se encuadra Vox.