La guerra interna en Jucil, la mayor asociación de guardias civiles, llega a los juzgados con denuncias cruzadas

La guerra en el seno de Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la asociación mayoritaria entre los agentes del instituto armado) se dirime ahora en los tribunales. Cinco exdirigentes han informado este lunes de que han presentado una denuncia en los juzgados en la que acusan al actual secretario general de la organización, Ernesto Vilariño, de “numerosas irregularidades que sugieren un uso indebido de los fondos de la asociación”. Este paso se produce semanas después de que el Comité Ejecutivo Nacional de Jucil y el propio Vilariño hubieran acudido también a la justicia para querellarse contra lo críticos por injurias, calumnias y coacciones por una “carta abierta” que estos habían dirigido a los asociados en la que pedían la dimisión del secretario general por supuestas “irregularidades, mala praxis y gestión opaca”.

La pugna interna se produce a algo más de medio año de que se celebren las elecciones al Consejo de la Guardia Civil―órgano colegiado en el que participan los representantes de los agentes del instituto armado y de la Administración para abordar cuestiones laborales y profesionales―, donde Jucil es actualmente la asociación mayoritaria tras ganar en octubre de 2020, los anteriores comicios con 15.070 votos ―principalmente en las escalas de cabos y guardias― y hacerse con seis de los 16 puestos reservados a las asociaciones profesionales en este órgano.

La denuncia de los críticos, presentada el pasado viernes en León ―ciudad en la que está inscrita la asociación―, asegura que Vilariño presuntamente ha utilizado dinero de Jucil para gastos personales como comidas en restaurantes y alojamientos en hoteles, ha alterado registros contables y ha ocultado información sobre el estado financiero de la asociación. Los denunciantes consideran estos hechos constitutivos de delitos de apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos y administración desleal. En concreto, le acusan de “realizar gastos personales con la tarjeta corporativa de la asociación, imputando a la misma conceptos inciertos o no justificados”. Entre estos desembolsos, detallan “consumos en establecimientos de lujo, compras en tiendas no relacionadas con las actividades de la asociación, y el uso de servicios personales, como el transporte público” realizados durante un viaje a Sevilla en octubre de 2020 y que ascendieron en total a algo más de 500 euros.

Además, le acusan de registrar estos gastos en los libros de cuentas de la asociación con conceptos que considera falsos como reuniones que, aseguran, nunca existieron. También se afirma que Vilariño gastó 20 euros en una joyería y le acusan del incremento presuntamente no justificado de gastos en repostajes y comidas.Los críticos destacan que, antes de llegar a los tribunales, habían “realizado múltiples solicitudes de aclaraciones y justificaciones” sobre estos gastos, pero que hasta la fecha “no solo no se ha recibido ninguna información, justificación ni aclaración por parte de los responsables” sino que se han emprendido acciones legales contra ellos “dirigidas a intimar su silencio llegando a impedir su intervención en los órganos de gestión y administración de la sociedad. Esta falta de transparencia y la negativa a proporcionar explicaciones justificadas agravan las irregularidades detectadas y refuerzan la necesidad de que se investiguen los hechos de manera exhaustiva”, añaden.

El estallido de la guerra en el seno de Jucil se viene gestando desde hace tiempo, pero se agudizó tras la dimisión a finales de noviembre del que fuera secretario de comunicación y rostro de la asociación ante los medios de comunicación, Agustín Leal, supuestamente por presiones de sus compañeros de la ejecutiva. A la salida de Leal le siguió la también dimisión del coordinador general de la asociación en Canarias y los ceses de algunos dirigentes provinciales.

Todo ello desembocó el pasado 3 de febrero en la difusión, por parte de los críticos, de una carta a los asociados en los que, además de las supuestas irregularidades contables, se denunciaba la supuesta politización en la actual dirección de Jucil por la presencia de antiguos dirigentes de Ciudadanos en labores de asesoramiento. Ciudadanos fue uno de los partidos que han apoyado las protestas policiales en las que ha participado Jucil con la presencia de sus líderes y cargos públicos. La misiva calificaba entonces la situación de “insostenible” y reclamaba “una profunda regeneración y de medidas urgentes que garanticen la reputación y el buen nombre de nuestra organización”.

Aquella carta fue respondida por el comité ejecutivo de Jucil con querellas. La asociación presentó ewl 28 de febrero una contra varios secretarios y exsecretarios provinciales por la presunta comisión de los delitos de calumnias e injurias graves y revelación de secretos. En esa misma fecha, el propio Vilariño interpuso otra contra las mismas personas a los que acusaba además de un presunto delito de coacciones. Este lunes, tras conocerse la demanda presentada por los críticos, la actual dirección de la asociación ha hecho público un comunicado en el que, además de recordar estas medidas legales, aseguran que no permitirán “ataques infundados” y mostraban su confianza en que “la justicia esclarecerá los hechos y restaurará la honorabilidad de la asociación y de su secretario general”.

Una situación similar a la que vive ahora Jucil se registro en mayo de 2021 en Justicia Policial (Jupol) el sindicato de la Policía Nacional surgido, como Jucil, de la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol) que aglutinó en 2017 a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra en pleno desafío independentista. Entonces, cinco de los seis miembros de su comité ejecutivo decidieron convocar una asamblea extraordinaria con el fin de reprobar y cesar al entonces secretario general, José María García.

Lo acusaban de realizar una gestión personalista, escorar al sindicato a posiciones extremistas y cargar gastos personales ―entre ellos entradas de cine, ropa, perfumes y fármacos― a las cuentas del Jupol. Él lo negó y recibió el apoyo inicial de una parte de los comités regionales y provinciales. Pese a ello, finalmente fue destituido. Cuando dos años después, en mayo de 2023, de celebraron las elecciones al Consejo de la Policía, el sindicato sufrió un fuerte varapalo al perder la mitad de los ocho representantes que había obtenido cuatro años antes.