El CGPJ aprueba por unanimidad el informe sobre la reforma de acceso a la carrera judicial que planea el Gobierno

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad el informe sobre la reforma de la carrera judicial que planea el Gobierno y que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones y contempla incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que la votación se ha llevado a cabo por asentimiento sin que ninguno de los 20 vocales haya expresado ninguna objeción. El informe del CGPJ, al que ha tenido acceso EL PAÍS, aplaude algunas de las medidas del anteproyecto de ley, aunque advierte de que el texto de la norma incorpora “ciertas innovaciones de calado” que “pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas para alcanzar los objetivos perseguidos por el legislador tanto por razones de técnica legislativa, como por los objetivos que la reforma quiere alcanzar”.

Los grupos conservador y progresista del CGPJ pactaron el pasado viernes el texto al que ahora han dado luz verde, después de que un grupo de cuatro vocales (los conservadores Alejandro Abascal y José Luis Costa y los progresistas Lucía Avilés y José María Fernández Seijo) consensuaran un documento a partir de un primer documento elaborado por el gabinete técnico del CGPJ. El dictamen examina el anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero en primera vuelta. La intención del Gobierno es que empiece cuanto antes su tramitación parlamentaria para que la norma reciba el visto bueno definitivo de las Cortes antes del verano.

Fuentes del Gobierno consideran “satisfactorio” el informe porque, aseguran, no cuestiona los aspectos nucleares del anteproyecto de ley. Y los aspectos que sí critica, según estas fuentes, son susceptibles de cambiarse para la aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros o durante la tramitación parlamentaria.

Dos de los apartados que más reprocha el Consejo se refieren a dos de las medidas que prevé la norma para incrementar el número de jueces. La primera, el acceso por el llamado cuarto turno (profesionales del derecho que acceden a la carrera judicial tras un concurso oposición), para lo que la reforma contempla que a quienes lleguen a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial se les reconocerá a todos los efectos cinco años de servicios prestados como juez. El informe del CGPJ sostiene que este reconocimiento de cinco años de servicios “introduce un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado”.

El informe también cuestiona la regulación que contempla la ley para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. Para el CGPJ, la justificación ofrecida por el Gobierno “no parece acomodarse” a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a que este tipo de procesos solo deben utilizarse ante una “situación excepcional”. En este caso, según los vocales, no se cumple esta condición, ya que la regularización de centenares de jueces sustitutos no va a suponer el fin de las situaciones de temporalidad en las carreras judicial y fiscal, ya que el propio anteproyecto incluye el mantenimiento de estas situaciones.

El Gobierno, no obstante, advirtió cuando aprobó la norma de que la Comisión Europea ha puesto el foco en esta en la situación actual de los jueces sustituto y ya ha enviado al Ministerio de Justicia dos cartas —la última, el pasado octubre—, donde se apercibe a España por la ausencia de medidas legales para prevenir el uso abusivo de esta figura. El anteproyecto de ley prevé convocar un proceso extraordinario de acceso al cuarto turno para los jueces sustitutos que permita regularizar la situación de centenares de ellos.

Otra de las medidas previstas en la reforma es que sea obligatorio que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas—. Uno de los efectos inmediatos que persigue el Gobierno con esta medida es acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores, una práctica muy extendida. El informe del CGPJ reprocha esta medida y sostiene que la preparación para el acceso a la carrera judicial es una “labor inherente y consustancial al ejercicio de la función que desempeña el juez o magistrado y que constituye una manifestación más de su competencia profesional”. “Desde este punto de vista, tal actividad ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial, sin olvidar que, en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas”, recoge el texto del CGPJ.