El historial de la comunidad benedictina que el Gobierno prometía expulsar de Cuelgamuros

El Gobierno socialista vuelve a topar con la Iglesia. El acuerdo con El Vaticano permitirá finalmente a la comunidad benedictina permanecer en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como de los Caídos, pese a la recurrente promesa en los últimos cinco años de expulsarlos del monumento como un elemento esencial de la resignificación del complejo que pretende el Ejecutivo. Fuentes del ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños, el encargado de estas negociaciones, aseguran que “no había alternativa” y señalan como “contrapartida” el permiso para lanzar un concurso internacional de ideas para remodelar el complejo, así como el relevo del prior, Santiago Cantera, y la salida de otros dos monjes profranquistas.

Sin embargo, en la última entrevista del Papa con el presidente Pedro Sánchez, el pasado octubre, lo que se transmitió desde La Moncloa fue que estaban trabajando para resolver dos cuestiones: que la Iglesia española afrontara las indemnizaciones por pederastia, y el desalojo de los benedictinos de Cuelgamuros para cumplir con lo previsto en la ley de memoria democrática. Finalmente, los monjes se quedan y preguntados este jueves por si habían logrado desatascar el pago de las indemnizaciones, fuentes del Ministerio de Presidencia se limitaron a decir que esas negociaciones “van por un cauce diferente y no tienen que ver con el acuerdo sobre Cuelgamuros”. Los obispos llevan meses advirtiendo de que no colaborarán aportando dinero y que seguirán “reparando” a los afectados a través de sus procesos internos. Más de un centenar de víctimas que han acudido a estos procesos eclesiales niegan que la Iglesia lo esté haciendo. Testimonios recogidos por este diario señalan a siete monjes de la Comunidad benedictina en Cuelgamuros hasta los años setenta por abusar sexualmente de ellos cuando eran niños.

Un decreto franquista creó en 1957 la llamada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana”. La comunidad benedictina asumió esas tareas por un convenio suscrito en mayo de 1958. La ley de memoria democrática (2022) declaró “extinguida” dicha fundación “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. La extinción, según el texto, dependía de un real decreto que aún no se ha aprobado. Ya antes de la ley, en 2020, la entonces vicepresidenta primera y responsable de Memoria Democrática, declaró que la presencia de los benedictinos en Cuelgamuros era “incompatible” con los planes para resignificar el monumento. Diferentes miembros del Gobierno a lo largo de los últimos cinco años manifestaron que se habían “ganado a pulso” su expulsión del Valle. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respondía así el pasado mayo a EL PAÍS:

—¿Hay alguna posibilidad de que los benedictinos se queden en Cuelgamuros?

—Queremos que se vayan. Estamos hablando con ellos y con las autoridades eclesiásticas. Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después. No cabe que se queden.

—¿Cómo se lo han tomado?

—No quieren irse, hay cierta resistencia, pero también la hubo para exhumar los restos de Francisco Franco y al final la justicia lo avaló.

Torres abundó en ello unos meses después en el Senado: “En relación con la resignificación de Cuelgamuros, los monjes benedictinos, porque así lo mandata la Ley de Memoria Democrática, no pueden estar en ese emplazamiento. Y así lo haremos, porque también es fruto de la propia Constitución. Los tiempos de identificación del Estado con una determinada confesión han quedado superados. Es más, soy un convencido de que la posición de la Iglesia católica respecto del Estado y de la sociedad se verá reforzada con la cooperación para reubicar a los monjes benedictinos, por el mismo razonamiento conforme al cual la sociedad no valoraría esto de manera positiva si se pusieran trabas al proceso”.

Este periódico ha asistido a misas en el Valle de Cuelgamuros en las que se pedía a los asistentes rezar “por la unidad de España” y contra “la apostasía generalizada, la ley del aborto, la legislación de género y el matrimonio homosexual”. Santiago Cantera, el prior que estuvo a punto de ser detenido el día de la exhumación de los restos de Franco, a la que se opuso en todo momento, acaba de ser relevado y espera nuevo destino. Según fuentes de la conferencia episcopal había agotado su mandato de tres trienios y por tanto, no podía renovar. La regla de San Benito, por la que se rige la comunidad, no especifica esa práctica. Cantera llevaba en el puesto desde septiembre de 2014. Los benedictinos se dividieron en la votación tras la renuncia del anterior abad, Anselmo Álvarez, que llevaba una década en el puesto, así que finalmente lo nombraron prior administrador, un rango inferior. La regla de san benito sí dice, sobre los priores: “Muchas veces sucede que por la elección del prior nacen graves escándalos en los monasterios, por haber algunos poseídos del maligno espíritu de soberbia”. En su juventud, Cantera fue candidato dos veces, en elecciones generales y europeas, por una rama de Falange Española.

Anselmo Álvarez, su predecesor al frente de la abadía, redactó un informe en el que aseguraba que “ninguno” de los presos que trabajaron en la construcción del monumento lo hizo de manera forzada. Su primer 20-N, aniversario de la muerte del dictador, como abad en el monasterio, en 2004, dijo: “La memoria de los caídos reúne ante este altar a muchos que queréis venir a orar para que el sacrificio de unos y otros haya servido a la salvación de España”. En aquella y otras homilías ya deslizó opiniones políticas, llamando a ignorar la ley -”Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”- y augurando un cambio de Gobierno: “Más pronto o más tarde, en la sociedad española se levantará un clamor incontenible en demanda de reparación por los infinitos daños morales causados en la familia y en la sociedad, en el orden moral y social, en el honor y en el espíritu de los españoles”. En 2007, abundaba en la nostalgia: “Lo que nos han traído los tiempos inmediatamente pasados no ha sido sólo unos cambios en el régimen de gobierno de nuestra sociedad, sino la amenaza de la quiebra histórica y espiritual de nuestra nación”. Esos son los perfiles y las declaraciones de los responsables de la comunidad benedictina del Valle en los últimos 20 años.

El Gobierno afirma que el plan para resignificar el monumento afectará a parte de la basílica, que contará con una puerta independiente para quien desee visitar el complejo, no acudir a misa, y pasear ante las criptas donde yacen enterradas más de 33.800 personas, el equivalente a la ciudad de Teruel. La archidiócesis de Madrid ha asegurado en un comunicado que “lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma”. “Cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación”, añaden, “es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno, que son las partes que han llevado a cabo las negociaciones. En relación con las intervenciones dentro del templo, se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para el que ha sido erigida la Basílica”.

No es la primera vez que el PSOE cede ante la Iglesia. ”No somos anticlericales, pero sí laicos. Derogaremos los acuerdos de la Santa Sede”, prometía Pedro Sánchez en 2014. La revisión de dichos acuerdos aparece y desaparece de los programas electorales socialistas. En el de las generales de 2016, figura el compromiso de “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” y “actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la interpretación del Tribunal Constitucional y suprimir la referencia a la Iglesia Católica”. La resolución política del último congreso del PSOE, de diciembre del año pasado, reza: “Nuestra voluntad es culminar un sistema educativo laico con la religión fuera del horario escolar cuando se revise y derogue el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede”. Algo similar ha sucedido con la bula fiscal de la Iglesia. El Gobierno acordó en 2023 con la Conferencia Episcopal el fin de las exenciones que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras y al impuesto por contribuciones especiales, pero la Iglesia sigue sin pagar el IBI por los inmuebles que le generan beneficios y otros impuestos. También fue un Ejecutivo socialista el que, lejos de promover la “autofinanciación” de la Iglesia que promete en sus programas, hizo que los españoles pagaran en 2007 un 34% más a la organización católica. Hasta esa fecha, ningún otro gobierno, tampoco los de José María Aznar, había dado tanto dinero a los obispos, pese a las promesas hechas por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega - “Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica, que han ido a más cada año, tendrán que ir a menos”, decía en 2005- o por el ministro Jesús Caldera -“Que el Estado financie a esta confesión religiosa tendrá que acabarse algún día”-.