Las comunidades alegan sobreocupación con los menores extranjeros y Aragón se niega a informar al Gobierno

El plazo para que las comunidades autónomas remitieran al Gobierno las cifras sobre los menores migrantes no acompañados que tienen acogidos venció al filo de la medianoche de este lunes y la práctica totalidad de territorios han alegado sobreocupación de sus servicios de acogida. La aportación de estos datos es uno de los pasos previos requeridos por el Gobierno para calcular —con números actualizados, porque los que se manejaban hasta ahora eran de diciembre de 2023— las plazas existentes y el esfuerzo de acogida realizado por cada comunidad, todo ello para establecer la futura distribución de los 4.400 menores que ahora están hacinados en Canarias y Ceuta. El Congreso votará el 10 de abril la convalidación del real decreto ley acordado por el Ejecutivo con Junts que reforma la Ley de Extranjería para permitir los traslados automáticos cuando un sistema de protección autonómico se halle al triple de su capacidad. Inicialmente, el PP llegó a amenazar con una rebelión contra el reparto de los menores, pero esas posiciones se han ido modulando y Génova garantizó este lunes que sus gobiernos autónomos cumplirán la ley.

Según los datos recabados por EL PAÍS, Aragón ha sido la única comunidad autónoma que se ha negado a entregar en plazo las cifras al Gobierno, con el argumento de que no lo hará hasta que no se resuelvan las medidas cautelares que solicitó a los tribunales contra la petición prevista en el decreto ley. En sus respuestas al Ministerio de Juventud e Infancia, las comunidades han alegado sobreocupación de las plazas con las que cuentan para acoger a los menores. De todas formas, según el diseño de la distribución incluida en la reforma de la ley, lo más relevante para establecer cuántos menores han de acoger las comunidades es el número de plazas que idealmente debería tener cada una en función de una serie de parámetros.

En el caso de Madrid, una de las comunidades que ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto que permite la distribución de los menores, las cifras remitidas al Gobierno hablan de 2.442 menores atendidos en 2024 y una sobreocupación del 132% de sus plazas. Sin embargo, según el cálculo preliminar del Ministerio de Juventud e Infancia, la Comunidad de Madrid es la región que recibiría más menores con el criterio de la diferencia entre las plazas de que dispone y el número ideal que, según Juventud, debería tener. Esto es: cuanto menor sea el esfuerzo realizado en reforzar el sistema hasta ahora, más menores recibirá. De hecho, las proyecciones con las que ha trabajado el Gobierno establecen que esta comunidad debería tener capacidad de acoger a más de 3.000 menores. La financiación extra del Gobierno cubrirá a partir de esos umbrales de ocupación.

Es una situación similar a la de Andalucía. Según sus cifras, en 2024 atendió a 2.615 menores migrantes solos. Y la ocupación efectiva de las 6.092 plazas con las que cuenta para todo el sistema de protección de menores, sean extranjeros o no —2.968 en acogimiento residencial y 3.124 en acogimiento familiar— es del 96,32%, que esa comunidad considera “al límite”. Sin embargo, en función de su población y la dimensión del sistema de acogida que debería tener, será la segunda comunidad que reciba más menores. Un caso contrario al de Cataluña, cuyos datos recogen 6.450 niños y jóvenes migrantes solos, de los cuales 2.242 son menores de edad y 4.208, mayores de edad en prórroga asistencial, una capacidad del sistema más cercana a la óptima. Este hecho redundará en menos menores a recibir.

El número de menores extranjeros no acompañados acogidos y la capacidad total de su sistema de protección de menores son los dos datos por los que ha preguntado el ministerio que dirige Sira Rego (Sumar). Pero en el listado de criterios que cifrarán el reparto están, y con mayor peso que estos dos, la población de cada comunidad, la renta per cápita o la tasa de paro.

Sobre la negativa de Aragón a remitir la información, fuentes del ministerio aseguran que es la propia comunidad la que resulta afectada: “El envío de los datos solicitados redunda solo en beneficio de los territorios, dado que permitirá que se tenga en cuenta la situación real del sistema de cada comunidad a la hora de ajustar el esfuerzo colectivo y solidario en materia de acogida”.

El caso de Castilla-La Mancha también es ilustrativo del mecanismo. En su respuesta al Gobierno, indica que los 139 menores migrantes no acompañados que tiene acogidos en este momento representan una ocupación del 463% de las plazas. De nuevo, para la redistribución tal cual está diseñada en este momento, lo que importa es cuántas plazas debería tener idealmente según el cálculo interno de Juventud e Infancia. La ministra dará a conocer los pormenores de los datos recopilados en una comparecencia pública este martes.

Otras comunidades reportaron una ocupación del 100% de sus plazas o un porcentaje levemente superior: Galicia (273 menores migrantes no acompañados a un 108%), Extremadura (126 menores y una ocupación del 111%), Asturias (99 menores y 100% de ocupación) o Navarra (164 menores y ocupación del 102%).

A pesar del rechazo frontal, hay gobiernos del PP que han remitido su información al ministerio. En el caso de Cantabria, la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río —que reportó 22 menores extranjeros acogidos en un total de 36 plazas— afirmó que su Gobierno entiende “que el Real Decreto-Ley 2/2025 (que permite el reparto) es inconstitucional” y que activarán “los mecanismos de defensa jurídica” frente a la norma. En la misma línea habló la consejera de Política Social de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, que informó de que actualmente tiene 619 plazas ocupadas: “Ahora son datos que tiene que trabajar el ministerio y esperamos que sean transparentes en trasladar los criterios que van a utilizar, que sean igualitarios en cuanto al trato que reciban todas las comunidades autónomas y que no sea un traje a medida con Cataluña después de esos acuerdos alcanzados con sus socios independentistas”.

“Llevamos más de un año y medio, en el que las comunidades del PP ha hecho dejación de funciones sobre los menores que llegan de determinadas zonas. Es importante conocer la situación del sistema de acogida en cada autonomía. Un menor migrante primero es menor y después migrante”, alegó este lunes en RTVE la ministra Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). En una rueda de prensa en Génova, su portavoz, Borja Sémper, indicó que las comunidades populares “van a cumplir con la ley con un principio moral y ético que es inexcusable, y es cumplir también con las condiciones mínimas humanitarias exigibles para el trato a los menores no acompañados”, informa Virginia Martínez. “Y, por lo tanto, van a cumplir también con los intereses y con los derechos de los ciudadanos a los que sirven y que reclaman también que sus comunidades autónomas, en todo caso, tengan los recursos suficientes para atender de una manera humanitaria a sus menores no acompañados”, abundó. Asimismo, el portavoz nacional del PP recordó que hace una semana el Tribunal Supremo dio 10 días al Gobierno para que “se haga cargo de los mil menores no acompañados que han pedido asilo en Canarias”.