La Oficina andaluza Antifraude investiga al director general de Pesca de la Junta por conflicto de intereses

La Oficina andaluza Antifraude ha decidido abrir una investigación sobre el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, para dilucidar si ha vulnerado la ley andaluza de Incompatibilidades de altos cargos y si ha incurrido en un posible conflicto de intereses en la tramitación de subvenciones. La denuncia parte del PSOE, que el pasado 15 de mayo trasladó a este organismo que Martínez Malia mantenía participaciones en las sociedades pesqueras Carabina y Farruco, S. L. y Pesquerías Quintino, S. L., después de haber sido nombrado para su puesto en la administración en 2019 y que además ostentaba el cargo de administrador único y apoderado cuando ambas empresas recibieron ayudas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

“La investigación versará sobre si se ha producido alguno de los supuestos previstos en la Ley 3/2005 de 8 de abril de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros cargos públicos que pudiera general la incursión en causa de incompatibilidad para el desempeño de cargo público por la persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta. Asimismo, se procederá a investigar el posible conflicto de intereses en la tramitación de las subvenciones cuyos beneficiarios sean las empresas objeto de la denuncia y las personas que guardan relación de consanguinidad con el director”, indica el escrito de la Oficina Antifraude, fechado el pasado 6 de noviembre, y al que ha tenido acceso este diario. En la nota se explica cómo en los últimos meses se ha recibido información de Martínez Malia y del viceconsejero de Agricultura sobre los hechos denunciados. Los interesados disponen de 10 días para presentar alegaciones.

Martínez Malía fue nombrado director general de Pesca y Acuicultura en 2019. En las sucesivas declaraciones de bienes que presentó desde su nombramiento hasta octubre de 2021, a las que han tenido acceso EL PAÍS, reconocía ser propietario del 25% de las acciones de Carabina y Farruco y del 50% de Pesquerías Quintino, S. L., una circunstancia que, según la denuncia del PSOE, contraviene la ley 3/2005 de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. En el momento en que se presentó el escrito de denuncia ante la Oficina Antifraude, Martínez Malía aparecía en el Registro Mercantil como administrador único y apoderado, respectivamente, de ambas sociedades, dedicadas a la pesca al fresco y palangre y a la venta al por mayor del pescado capturado y su conservación mediante congelación o refrigeración, según consta en su objeto social.

Fuentes cercanas al entorno de Martínez Malia reconocieron entonces a este diario que él era el propietario de los barcos de esas dos sociedades y que puso al tanto de esa circunstancia a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural cuando se incorporó a la administración y que nadie le había advertido de ninguna irregularidad al respecto, informa Jesús A. Cañas. Una portavoz de ese departamento, del que depende la Dirección General de Pesca y Acuicultura, aseguró por su parte que Martínez Malia ya no ostentaba ningún cargo de representación en ninguna de esas entidades porque había renunciado a ellas ante notario en 2012, por lo que no incurriría en ninguna incompatibilidad. Añadió que si en el Registro Mercantil aparecía como administrador único de Carabina y Farruco y como apoderado de Pesquerías Quintino era por una falta de actualización de los asientos que se llevaba tratando de subsanar desde entonces. En la actualidad, Martínez Malia sigue apareciendo como administrador único, figurando su cese como apoderado el pasado 21 de agosto.

En ese periodo, esos barcos recibieron varias ayudas públicas relacionadas con la paralización temporal de la actividad pesquera en el Gofo de Cádiz —donde faenan esos dos barcos―, según denuncia el PSOE-, en cuya adjudicación Martínez Malia se abstuvo de intervenir en el procedimiento, una decisión aceptada por resolución de 27 de junio de 2019 de la Vicepresidencia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, según ha podido comprobar este diario, lo que evidenciaría la existencia de un vínculo con esas sociedades, aunque la Consejería de Agricultura insiste en que se cortó en 2012.

La Consejería de Agricultura ha explicado en un comunicado que el director general de Pesca vendió sus participaciones en ambas sociedades pesqueras cuando se modificó la ley de Incompatibilidades, una enajenación que se recoge en el Portal de Transparencia. “Es por ello que, en la actualidad, no cuenta con ninguna vinculación empresarial”, sostiene la consejería. Sobre la concesión de ayudas, en el comunicado se reconoce que Martínez Malia decidió inhibirse de los procesos de resolución e indica que la propuesta de resolución de ayudas parte de los departamentos técnicos de las distintas Delegaciones Territoriales para su elevación a una Comisión Técnica, formada por funcionariado de la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para su evaluación y determinación final de las ayuda.

Martínez Malia tiene una larga vinculación con el ámbito pesquero. Armador de buques pesqueros, fundó la Asociación de Armadores de Barbate ―donde nació en 1967―, que presidió hasta 2007; patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate, entre 2007 y 2010, y vocal de la Federación Andaluza de Armadores de Pesca y de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores en la última legislatura gobernada por el PSOE en Andalucía, fue diputado regional del PP por Cádiz.